Durante la vista celebrada en respuesta a la demanda radicada por los miembros despedidos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la jueza federal María Antongiorgi-Jordán cuestionó a los representantes del Departamento de Justicia federal (DOJ, en inglés) por qué la Casa Blanca no ofreció razones para justificar los despidos, mientras buscó respuestas sobre el límite de los poderes del cargo de presidente de Estados Unidos frente al interés público de cumplir con la Constitución y los debidos procesos de ley.

Al concluir la vista, la jueza federal se reservó el fallo, el cual -dijo- anunciaría en las próximas 48 horas.

Fueron varias las veces en que la jueza cuestionó a los portavoces del ministerio público federal si el hecho de que un presidente siga la ley es o no un asunto de alto interés público.

“¿No cree que tener a un presidente que siga la ley es parte sustancial del interés público?”, cuestionó la jueza. “Mi pregunta es si usted cree que el hecho de que un funcionario de gobierno, como es el presidente, siga la ley es algo sustancialmente importante para el interés público o no”.

Luego de que la jueza hiciera la pregunta varias veces, el DOJ, representado por Eric Hamilton, contestó que “la ley establece que hay un alto interés público en que se siga la ley”.

El Tribunal federal evalúa un recurso radicado por tres directivos de la JSF que fueron destituidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump el pasado 1 y 13 de agosto. Arthur González, Betty A. Rosa y Andrew Biggs argumentan que su despido es ilegal, pues no cumple con la Ley Promesa. Parte de su argumento es que el estatuto federal establece que los directivos de la JSF son funcionarios del territorio estadounidense y no del gobierno federal, por lo cual, el presidente estaría impedido de destituir a los directivos del organismo.

El estatuto reconoce el poder del presidente para destituir los miembros de la JSF, pero obliga a que estos despidos tengan una causa.

Anteriormente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que los integrantes de la JSF son funcionarios territoriales y no funcionarios del gobierno federal.

La jueza resumió en sala que “según Promesa… el presidente puede remover cualquiera de los miembros de la junta, solo mediante causa, aunque Promesa no define cuál sería esa causa”.

La jueza indicó que González, Rosa y Biggs recibieron un correo electrónico de dos líneas que no especificaba la causa de la remoción y que no fue hasta el pasado viernes, luego de que la vista apareciera en calendario, que recibieron otra carta de la Casa Blanca enumerando las razones para el despido y señalándolos de ser “ineficientes, poco efectivos y por fallar en cumplir con su misión estatutaria”.

Antongiorgi-Jordán aclaró que la vista de este lunes no buscaba determinar si los exdirectivos fueron despedidos o no con causa justa, sino para evaluar si fueron violentados los derechos a un proceso justo.

Al comenzar la vista, la jueza dejó saber, además, que no admitiría el recurso de “amigo de la corte” o amicus curiae sometido por el exdirectivo de la junta, Justin Peterson el pasado viernes.

La jueza cuestionó también por qué los miembros removidos del ente fiscal piden un remedio urgente que impediría, entre otras cosas, que el presidente Trump haga otros nombramientos, cuando los demandantes tardaron unas seis semanas en radicar el recurso luego de los despidos.

“Les tomó seis semanas radicar esto. ¿Cómo pueden argumentar daño irreparable?”, cuestionó la jueza.

A esto, James I. Pearce, abogado de los miembros destituidos, argumentó que “seis semanas es un tiempo rápido si consideramos el esfuerzo de conseguir abogados sin conflicto que los representara”.

Desde principios de año, luego de que el presidente Trump asumió su segundo mandato, medios estadounidenses han reseñado que diversos bufetes y despachos legales habrían llegado a acuerdos con la Casa Blanca para hacer trabajo probono en casos que cuestionen las políticas del mandatario.

Otro de los argumentos presentados por el DOJ para justificar la acción de Trump respecto a los miembros del organismo, fue decir que no existe un “daño irreparable” a los miembros despedidos, pues estos no recibían un salario por el trabajo realizado como directivos del ente fiscal.

Hamilton insistió además en que la Ley Promesa, aunque exige una “causa” para despedir a los miembros del ente fiscal, no establece el proceso para despedirlos, ni define cuáles son las causas razonables para un despido. A su entender, el hecho de que les hayan dado las razones el pasado viernes, debe ser suficiente para cumplir con las exigencias de la Ley Promesa.

La jueza cuestionó entonces si el hecho de no haber recibido un salario incapacita a los exdirectivos de la JSF de tener un “derecho propietario” sobre los puestos que ocupaban y de tener, además, derecho a que se siga el debido proceso a la hora de despedirlos.

Cuestionó además si la carta enviada el pasado viernes aclarando las razones de los despidos no debía interpretarse como “evidencia” de que era necesario ofrecer las razones antes de despedirlos.

“No hace ninguna diferencia porque ya tienen las razones”, contestó Hamilton, quien insistió en que Promesa no ofrece un mecanismo para despidos.

“Déjeme ponerlo de otra manera”, insistió la jueza. “¿El presidente está por encima de la ley?”

A esto, el abogado contestó en la negativa.

“La ley (Promesa) dice que había que sacarlos con causa. La causa no estaba en los correos (electrónicos) que recibieron en agosto, pero las razones se aclararon al poco tiempo y se enviaron los correos, reafirmando el récord”, afirmó Hamilton. “El hecho de que el presidente identificó las razones es suficiente para satisfacer el requisito en la ley”.

El abogado John Mudd opinó, al salir de sala, que “yo entiendo que ella (la jueza) cree que se violó el debido proceso de ley porque no se le dieron las razones en ese momento. Y eso es cierto porque no se les dieron. Por otro lado, se les dieron posteriormente”.

Mudd evaluó que los miembros destituidos de la JSF podrían –en teoría– ser reemplazados en sus puestos, solo para recibir una carta de despido con las razones que anteriormente no les ofrecieron a tiempo.

“No sé qué va a decidir la jueza. Podría dar las 20 razones por las cuales se les violaron los derechos (al destituir a González, Rosa y Biggs), pero decir que no hubo daño irreparable”, opinó.