La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio luz verde al Reglamento Uniforme para la Adquisición y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG), al considerar que cumple con el plan fiscal vigente.

La comunicación firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo de la JSF, se publicó días antes de que celebrara este lunes una mesa de discusión con la prensa sobre las nuevas reglas de contratación y compras con el gobierno puertorriqueño.

“Este reglamento requiere que las entidades exentas sometan sus reglamentos de compras a la ASG para revisión y aprobación, con mecanismos de cumplimiento significativos: los reglamentos adoptados sin la aprobación de la ASG quedarán invalidados, las compras realizadas al amparo de reglamentos no aprobados serán nulas, y podrán imponerse multas administrativas”, indicó la JSF en la comunicación.

Actualmente, hay 14 agencias exentas, a las cuales se aplica toda la fiscalización, con la diferencia de que la ASG no le adjudica la subasta.

El reglamento, además, formaliza la creación de la Oficina de Investigaciones Especiales dentro de la ASG, con facultad para monitorear, investigar e intervenir en agencias y entidades exentas. Estas deberán corregir incumplimientos en un plazo de 15 días -hasta el 20 de febrero-, o se exponen a multas que fluctúan entre $1,000 y $5,000.

A esto se suma la imposición de nuevos requisitos de informes mensuales sobre compras y subastas, así como auditorías trimestrales para verificar cumplimiento.

Uno de los cambios implementados más relevantes fue la distinción entre servicios profesionales y no profesionales.

Bajo el nuevo reglamento, servicios como seguridad, empleo temporero, limpieza, mantenimiento, licencias tecnológicas, telecomunicaciones, centros de llamadas, servicios bancarios y arrendamiento de equipos quedan claramente clasificados como no profesionales, por lo que deberán someterse a subasta.

Mientras que áreas como derecho, medicina, contabilidad, consultoría, ingeniería y servicios tecnológicos especializados se mantienen bajo la categoría de servicios profesionales, con requisitos más flexibles.

“Esta aclaración reduce las oportunidades de que las entidades eludan los requisitos de competencia mediante la clasificación incorrecta de servicios”, lee la carta del organismo responsable de manejar las finanzas públicas de la isla.

Otro componente central del reglamento es que las agencias tendrán que obtener autorización previa de la ASG para modificar contratos adjudicados mediante procesos competitivos administrados por la propia agencia central.

El reglamento establece que cualquier modificación que incremente el valor de un contrato en 25% o más requerirá la aprobación de la ASG y una justificación formal de la agencia solicitante.

De acuerdo con Karla Mercado Rivera, administradora y principal oficial de compras de la ASG, es “bastante común” que se solicite una modificación para aumentar en más de un 25% el valor del contrato.

La administradora destacó, en tanto, que se trata de la primera vez que el gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas, contará con una normativa de adquisiciones desarrollada a partir de datos reales generados por la propia plataforma tecnológica de la ASG, la experiencia de los funcionarios públicos a cargo de las compras gubernamentales y el conocimiento del sector privado.

“Si una escuela necesita un aire acondicionado, bajo los nuevos parámetros este debe proveerse con inmediatez, con garantías de calidad, mediante un proceso claro y transparente y a un costo razonable. Además, podemos ver todo el proceso de principio a fin: quién interviene, cuándo lo hace, el estatus de la orden, a quién se le compró, el costo y cada fase hasta su instalación final”, comunicó Mercado Rivera previo a la conferencia de prensa de este lunes.

La normativa incorpora estudios comparativos de mejores prácticas y modelos exitosos de jurisdicciones como Ohio y Nueva York, así como de países como Chile y Nueva Zelanda, adaptados a la realidad fiscal y administrativa de Puerto Rico, indicó principal oficial de compras de la ASG.

Mercado Rivera enfatizó que este nuevo reglamento no añade más capas de burocracia, sino que agiliza los procesos al atemperarlo a las nuevas tecnologías.

“Lo que estamos buscando es mayor transparencia y rendición de cuentas para la gente y que sepan dónde está gastando su dinero el gobierno y para qué, porque al final del día estas contrataciones se traducen en servicios a las ciudadanías”, dijo Mercado Rivera.

La administradora de la ASG indicó que el pasado año las compras del gobierno rondaron los $6,000 millones, incluyendo proyectos de construcción, siendo el Departamento de Educación la agencia con la mayor cantidad de transacciones registradas.

Sin embargo, la Junta Fiscal enfatizó en que el reglamento no resuelve fallas de fondo en el marco legal de las compras públicas.

“No obstante estas mejoras, el reglamento propuesto no atiende todas las debilidades sistémicas en la contratación gubernamental. Lamentablemente, muchas soluciones potenciales quedan fuera de la autoridad de la ASG conforme a su ley habilitadora y requerirían acción legislativa”, detalla la comunicación de la JSF.

Reclamó cambios legislativos para eliminar las figuras de entidades exentas y excluidas bajo la Ley 73-2019 -Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019- y centralizar completamente las compras en la ASG.

Además, señaló la necesidad de imponer procesos competitivos obligatorios para los servicios profesionales, al considerar excesivamente alto el umbral actual de $250,000 y advertir que las excepciones vigentes permiten que contratos millonarios evadan la competencia.

“En el tema de servicios profesionales, el andamiaje jurídico es insuficiente. Ahora mismo hay una orden ejecutiva, que las órdenes ejecutivas no tienen ese mismo peso que tiene un reglamento o una ley en cuestión de consistencia, una orden ejecutiva puede ser fácilmente derogada por un gobernador“, dijo este lunes Arnaldo Cruz, subdirector ejecutivo de la JSF.

Aún con la orden ejecutiva, el subdirector de la Junta Fiscal mencionó que el gobierno suele proveer exenciones en este tipo de contratos para no someterlo a competencia.

Además, destacó que el referente federal para referir subastas en la contratación de servicios profesionales es de hasta $100,000 menos que el umbral de Puerto Rico.

“Así que nosotros sí entendemos que deben haber enmiendas a la ley y a la ley de ASG”, continuó Cruz.

Asimismo, la JSF apuntó a un vacío regulatorio en el arrendamiento de bienes inmuebles privados por parte del gobierno.

“Nosotros a cada rato recibimos contratos de arrendamiento que no pasaron por el proceso competitivo y eso está fuera de del alcance de la ley de la ASG ahora mismo”, aseguró Cruz.

La carta fue enviada el 5 de febrero de 2026 a la administradora de la ASG. El nuevo reglamento ya está ante el Departamento de Estado y se espera que el reglamento entre en vigor a más tardar el 11 de febrero.