A solo horas de que el presidente Donald Trump destituyera a seis de siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el estratega de comunicaciones y cabildero, Justin Peterson, ha insistido en que el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puede terminar rápidamente si en este se incluye pagar a los bonistas con dinero del Fondo General.

Y también pareció advertir al bufete Proskauer Rose, representante legal de la JSF y la AEE en los casos de Título III que no cometa “el error” de continuar adelante con el proceso de litigio que se dirime ante la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain y que retire el plan que propuso el ente fiscal para terminar con la quiebra de la corporación pública.

Este viernes, Luego de que Trump destituyera el jueves al especialista en pensiones y académico Andrew Biggs y a otros cinco más temprano este mes, Peterson ha arremetido contra el organismo criticando el gasto de unos $2,000 millones en consultores y abogados.

“Para qué la (JSF) necesita cabilderos. En qué están trabajando”, escribió Peterson haciendo referencia a un gasto de $1 millón en cabilderos en la capital federal.

En diversos reportes, la JSF ha indicado que el gasto aproximado de unos $2,000 millones en el proceso de reorganización financiera y fiscal de Puerto Rico se ha producido al cabo de casi una década de operaciones. La inversión en asesores y consultores contribuyó a que el territorio estadounidense consiguiera ahorros en el orden de $30,000 millones a través de sobre una decena de modificaciones de deuda a través de los títulos III y VI de la ley federal Promesa.

Aunque el Congreso estaodunidense creó la JSF, su funcionamiento es sufragado exclusivamente con impuestos pagados por los contribuyentes de Puerto Rico al Departamento de Hacienda.

Empero, las críticas del ejecutivo de DCI Group a los gastos de la JSF se unen a otras vertidas en las pasadas horas contra la JSF.

A juicio del estratega en Comunicaciones, “mantener a la AEE en la bancarrota es un impedimento para la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico y el sistema energético, un requisito fundamental para el crecimiento y la expansión económica”.

Este jueves y viernes, Peterson celebró la destitución de aquellos con quienes se sentó en la JSF luego de ser designado por Trump entre los años 2020 y 2023 al ente fiscal.

El ejecutivo compartió con El Nuevo Día algunas de sus declaraciones, pero no contestó si estaría disponible para ser nominado a otro término en la JSF.

Luego del desmantelamiento de la JSF, el ente fiscal tiene hasta el próximo 25 de agosto para informar a la jueza Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, cómo la acción presidencial incidirá en los procesos de reorganización financiera que tiene ante sí para deliberar.

“Proskauer (Rose) debe retirar el Plan de Ajuste (de la AEE o PDA-AEE) hasta que el presidente Trump nombre una nueva junta”, indicó Peterson.

“Sería un gran error (en mayúsculas) indicar que el (PDA-AEE) presentado es viable y que el litigio debe continuar adelante como si fueran soldados japoneses en las islas remotas que pelearon en la década de 1950, sin internalizar que todo se acabó y que perdieron”, fustigó Peterson.

“Afortunadamente, poner fin a la quiebra de la AEE puede hacerse rápidamente a través de una combinación de fuentes de financiamiento, incluyendo efectivo del gobierno central (que tiene más de $12,000 millones de exceso) y un instrumento de valor contingente (CVI)”, indicó Peterson.

El PDA-AEE propuesto por la JSF hace unos dos años contemplaba, inicialmente, un CVI, que es una especie de pago adicional si el deudor, en este caso la empresa eléctrica, conseguía ciertos desempeños financieros.

El instrumento se creó, por primera vez, como parte de los pagos a los bonistas del gobierno central.

En febrero pasado, luego de que el Primer Circuito de Apelaciones reconociera que los bonistas de la AEE poseen una acreencia pagadera solamente con los ingresos netos que pueda generar la empresa eléctrica, la JSF certificó un nuevo plan fiscal en el que se concluye que la AEE no genera suficiente ingresos para costear su operación y pagar a los bonistas.

En consecuencia, la JSF propuso eliminar el cargo legado que se cobraría en la factura para pagar a los bonistas e identificar una fuente de ingresos separada para pagar a los bonistas.

Amparándose en información recopilada por McKinsey & Co. y Ernst & Young, la JSF argumentó que, a lo sumo, la AEE podría pagar unos $2,300 millones en bonos reestructurados de la empresa eléctrica y poco más de $200 millones en otras acreencias como las deudas con suplidores y contratistas. La oferta total rondaría unos $2,600 millones para modificar sobre $12,000 millones en acreencias.

Ante la imposibildad de conseguir que otros acreedores respaldaran su propuesta, el nuevo plan de pagos de la JSF abría la puerta para que el ente fiscal utilizando el poder provisto en Promesa, aplicara un “cram down”, es decir un recorte unilateral de la deuda de la AEE.

Un mes después, Peterson -quien para los años 2016 a 2018, a petición de bonistas de Puerto Rico, coordinó una campaña de descrédito contra el territorio estadounidense en la capital federal- retomó sus ataques contra la JSF y responsabilizó al ente fiscal por las continuas interrupciones del servicio eléctrico.

Ahora, con una JSF sin integrantes, Peterson propuso varias alternativas para acabar con el proceso de Título III en la AEE. Entre estas, sacar dinero del gobierno central.

La propuesta, no es necesariamente una idea de Peterson.

Durante la contienda por la candidatura azul a la gobernación, Jenniffer González Colón indicó que la deuda de la AEE era pagable, pues el gobierno contaba con efectivo en sus arcas para hacer un pago a los bonistas de la corporación pública.

Este viernes, la ahora gobernadora declinó precisar si estaría dispuesta a sacar dinero del Fondo General para pagar a los bonistas de la AEE.

La propuesta de sacar dinero del Tesoro para Puerto Rico para pagar a los bonistas de la AEE sería un error, a juicio de Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

El abogado ha estudiado a la saciedad la ley federal Promesa y hacia el 2016, vio de cerca la aprobación del estatuto cuando los bonistas de Puerto Rico se opusieron a que se enmendara el Capítulo 9 del Código de Quiebras para que la isla pudiera invocar el remedio de la bancarrota que asiste a ciudades y condados en Estados Unidos.

Según Marxuach, el proceso de quiebra de la AEE no puede resolverse con dinero del gobierno central porque la deuda de Obligaciones Generales (GOs en inglés) se negoció por separado y se adoptaron condicioes económicas específicas con esos acreedores. Es decir, bajo el ordenamiento de Puerto Rico, la AEE es una corporación pública separada del gobierno central.

El abogado recordó que, según el Primer Circuito de Apelaciones, los bonistas de la AEE solo pueden cobrar su parte de los ingresos netos de la corporación pública. Es decir, contrario a lo que alegaban, los bonistas de la AEE no pueden tomar otros activos para cobrar su acreencia y mucho menos dinero de otras entidades como el gobierno central.

“Sería un error sacar $3,000 o $4,000 millones del Fondo General para pagar a los bonistas de la AEE. Ellos no tienen ese derecho”, dijo Marxuach.

Según el abogado, si Puerto Rico tomara ese curso de acción, ello no solo podría representar otros riesgos para el fisco sino que podría sentar “un mal precedente para el mercado municipal de Estados Unidos”.