La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que, considerando la etapa en que se encuentran los casos de Título III de Puerto Rico, estos pueden continuar su curso, así como cualquier asunto vinculado al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a excepción de los temas que involucren a los bonistas de la corporación pública.

Asimismo, aunque el proceso que busca definir los ingresos netos de la AEE está en una etapa relativamente avanzada y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) espera continuar adelante con sus argumentos, la JSF –integrada por su único directivo John Nixon- prefiere mantener en pausa ese litigio hasta que se llenen las vacantes que hay en el organismo.

“La JSF muestra su deferencia a la preferencia del tribunal en lo respecta a si el descubrimiento de prueba de la reclamación de gasto administrativo y cualquier audiencia que sea necesaria, si alguna, debe paralizarse”, indicó Nixon a través de un escrito de la abogada Margaret Dale, socia del bufete Proskauer Rose LP y asesor legal externo del organismo.

“Dicho eso, la preferencia de la JSF, según constituida al presente, es poner en pausa el descubrimiento (de prueba) y cualquier audiencia futura hasta el momento en que sean nombrados nuevos miembros a (la JSF)”, agrega el informe.

Esta noche, Nixon –un ducho en temas financieros y presupuestarios- indicó a Swain que la JSF continúa operando como de costumbre y en lo que atañe al proceso de Título III de la AEE, el organismo entiende “que esos asuntos pueden y deben continuar su curso normal según ha instruido el tribunal”. Esto, siempre y cuando se trate de asuntos que no estén relacionados a las reclamaciones de los bonistas de la corporación pública.

Nixon dio a conocer su postura este lunes, cumpliendo con el plazo dado por Swain el pasado 8 de agosto. Entonces, la jueza de distrito federal pidió saber cómo la destitución de la mayoría de los directivos de la JSF por parte del presidente Donald Trump, afectaría el proceso de quiebra de Puerto Rico y en especial, el proceso de Título III en la empresa eléctrica estatal.

Al solicitar un informe de situación a la JSF, Swain puso en pausa una objeción los bonistas opositores de la AEE, quienes han cuestionado los honorarios que recibe McKinsey & Co. y Ernst & Young. Ambas firmas asesoran al ente que controla las finanzas públicas de la isla, tanto en asuntos fiscales como en temas relacionados al proceso de reestructuración financiera de las entidades emisoras de deuda de Puerto Rico, incluyendo a la AEE, y a la luz de la ley federal Promesa.

Con el informe, Nixon dejó claro que procesalmente, asuntos como la conciliación de reclamaciones -como es el caso de las acreencias pendientes de pago en el caso del Plan de Ajuste del gobierno central, las objeciones a reclamaciones, mociones que buscan poner fin a la suspensión automática de litigios y otros procedimientos adversativos podrían continuar su curso.

Pero, a su vez, el experto en temas presupuestarios mostró interés en que el proceso que debe servir para dirimir los ingresos netos de la AEE se ponga en pausa, a pesar de que el asunto ya se ventiló en corte en julio pasado y de que el organismo podría continuar adelante con los procesos adversativos que inciden en la corporación pública.

Si bien Nixon expresó su deseo de hacer una pausa, Swain podría tomar otro curso de acción.

Ello, porque Nixon reconoció que el UCC no interesa que se detenga el proceso.

“El UCC de la AEE ha informado a los abogados de la (JSF) su posició nde que el litigio por la reclamación de gasto administrativo no debe paralizarse hasta que se den nuevos nombramientos a la (JSF) porque el Comité objetará la reclamación de los bonistas independientemente de lo que haga la JSF”, reza el informe del organismo.

Al presente, el UCC, es una de cuatro clases de acreedores de la AEE que habían llegado a un entendido con la JSF para poner fin al proceso de Título III de la corporación pública.

Aparte del UCC, Vitol, uno de los suplidores de la AEE con una de las mayores acreencias individuales, un grupo de bonistas encabezado por BlackRock Financial Management y las firmas administradoras de las líneas de crédito para la compra de combustible, conocidas como fuel lenders, habían aceptado la oferta de la JSF para poner fin al proceso de quiebra.

Trump desmanteló la JSF más temprano este mes, justo cuando el organismo debía presentar un quinto Plan de Ajuste para la AEE (PDA-AEE) enmendado. Dicho plan contemplaría un posible cramdown, o un ajuste automático, a los acreedores opuestos a la oferta del ente fiscal. Esto, luego de que múltiples intentos en el proceso de mediación ordenado por Swain no terminaran en un acuerdo definitivo con los bonistas opositores encabezados por GoldenTree Asset Management y otros.

Los bonistas objetores alegan que la JSF concedió privilegios de financiamiento y mejores términos al grupo encabezado por BlackRock que nunca fueron ofrecidos a GoldenTree y otros.