En la foto, tomada el 12 de julio de 2020, un grupo de trabajadores abogaba por varios proyectos de ley para proteger los beneficios de pensiones en el sector público. (Osman Pérez Méndez)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobernador Pedro Pierluisi y al liderato de la nueva asamblea legislativa que demandará al gobierno si convierte en ley el proyecto que busca mantener intacto el pago de las pensiones y restaurar los planes de retiro de los empleados públicos que ya colapsaron por insolvencia.

También ordenó a Pierluisi y al liderato legislativo no implementar el estatuto.

En una carta con fecha del pasado sábado, 20 de febrero, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, reiteró a Pierluisi que el proyecto en controversia no es cónsono con la ley federal Promesa y advirtió que la medida no protegerá las pensiones como se alega y pondría en riesgo el pago de esta obligación por parte del gobierno.

Jaresko sostuvo que habida cuenta que el proyecto sería “un desafío” a órdenes previas del tribunal, aprobar la Ley de Retiro Digno podría resultar en “sanciones” contra quienes busquen convertir la legislación en realidad.

Incluso, en la carta, la JSF parece ponerse en evidencia ante otros acreedores que pujan por una tajada más grande en el proceso de Título III. Ello, al señalar que ha actuado a favor de los pensionados vis a vis otras entidades o individuos que también mantienen acreencias contra el gobierno territorial.

Jaresko advirtió de otro posible conflicto con el gobierno justo cuando intenta negociar con un grupo de acreedores un nuevo acuerdo para negociar la deuda pública por concepto de bonos y en momentos en que el gobernador Pierluisi ha radicado legislación para auditar el endeudamiento que le llevó a la bancarrota.

Al presente, la JSF mantiene un pacto con el Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que accedió a que se aplique un recorte de hasta 8.5% a los empleados públicos jubilados que reciben un beneficio mensual de pensión superior a $1,500.

En la misiva, la ejecutiva explicó que demandarán al gobierno si este aprueba el estatuto y lo implementa, a pesar de que ya el tribunal federal que atiende los casos de Título III ha fallado a favor de la JSF en temas relacionados y ante la ausencia de respuestas por parte de la Asamblea Legislativa a otra carta del organismo que cuestiona el alcance de la medida.

“A pesar de que la (JSF) convirtió a los jubilados gubernamentales en la clase de reclamantes más favorecida bajo cada uno de sus PDAs (Planes de Ajuste) propuestos, mientras que los acreedores financieros sufren descuentos sustanciales, (el) P.C. 120 intenta imponer enormes obligaciones a favor de los jubilados mientras desafía efectivamente la decisión del Tribunal del Título III que anula la Ley 29”, indicó Jaresko.

La Ley 29 buscaba librar a los municipios del pago de aportaciones al sistema de pensiones “PayGo”. La jueza Laura Taylor Swain invalidó el estatuto en agosto del año pasado.

La Ley de Retiro Digno hace promesas “falsas”, según la JSF

La declaración de Jaresko supone una admisión de parte de la JSF a los argumentos que diversos acreedores han planteado en el proceso de bancarrota de la isla en torno a tratos preferenciales a ciertos grupos de acreedores.

Entre otras cosas, a los ojos de la JSF, el proyecto en controversia busca reabrir los planes que otorgaban una pensión preestablecida a los empleados públicos, a pesar de que estos sistemas colapsaron por insolvencia.

Para pagar las pensiones, el proyecto cameral crearía un fideicomiso de donde se pagarían las pensiones de los empleados públicos y de los educadores.

Sin embargo, de acuerdo con la JSF, el P.C. 120 “promete de manera falsa a los participantes un retiro digno a través de mayores beneficios que son muy poco probable que se paguen”.

“Nuestro análisis indica que el saldo del fondo nunca superará el 20% de la obligación actuarial agregada de pensión que establecerá el proyecto de ley, y mucho menos el umbral de estado de financiamiento de un 120% necesario para generar mayores beneficios adicionales”, reza la carta de Jaresko.

“Además de ordenarles que no promulguen ni implementen el Proyecto de Ley, les instamos a que colaboren con nosotros para lograr un mejor resultado para el pueblo de Puerto Rico”, concluye la misiva.

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