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Mara Pérez, directora de la Autoridad de Transporte Marítimo, junto al director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas Participativas, Omar Marrero. (Suministrada)
Mara Pérez, directora de la Autoridad de Transporte Marítimo, junto al director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas Participativas, Omar Marrero. (Suministrada)

El nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, afirmó ayer que sin importar quién sustituya a partir de hoy al saliente gobernador Ricardo Rosselló, está listo para fungir como un “modelo de estabilidad” y de gobernanza desde su nueva posición.

Reconoció, sin embargo, que su permanencia en ese rol y como principal oficial financiero del gobierno está estrictamente sujeta a la “discreción del gobernante”.

Entre sus prioridades mencionó la reestructuración de la deuda y defender a los retirados, pero indicó que “la más fundamental” es asegurar el flujo de fondos de recuperación porque las presunciones macroeconómicas del plan fiscal se basan en ello.

“Todos vamos a estar en mejor posición, incluyendo a los acreedores de Puerto Rico, en la medida que el flujo de fondos (federales) se dé, incrementen los recaudos en el Departamento de Hacienda y estemos en mejor posición para proveer los servicios esenciales según requiere (la ley) Promesa y también estando en posición de poder pagar nuestra deuda de una manera responsable y apta”.

A su vez, aseguró que —aunque sus funciones hasta la fecha se habían enfocado más en las alianzas público privadas (APP) y la recuperación— cuenta con experiencia laboral y preparación académica en el campo financiero.

Aclaró que por el momento sigue siendo representante autorizado del gobierno (GAR, en inglés) ante FEMA, mientras se completa la transición con su sucesor al mando de la Oficina Central de Recuperación y reconstrucción (COR3), Ottmar Chávez, quien también se mantendría al mando de la Administración de Servicios Generales.

Marrero hizo las expresiones tras informar a la prensa, en conjunto con la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez Torres, el estatus de el proyecto de APP para los servicios de lancha y ferry a las islas municipio y entre San Juan y Cataño.

Esta APP está en la negociación de términos de contrato con el “proponente preferido seleccionado”. Antes de este punto, cinco empresas sometieron sus cualificaciones para evaluación: Balearia Caribbean, HMS Ferries, Priority Roro Services, Puerto Rico Fast Ferries y Seastreak. Solo dos se decidieron a presentar propuestas y estos nombres no se revelan por el momento porque, según indicaron Marrero y Pérez, es una fase confidencial al amparo de la ley.

No obstante, una vez se apruebe el contrato, lo cual esperan se consiga en septiembre, Marrero aseguró que “todo estará a examen del público general”, exceptuando aquello que se constituya como un secreto de negocio. El objetivo es que para finales de año ya esté encaminada la transición.

Itinerarios y dos tarifas

Por lo pronto, Marrero adelantó que se le está presentado al proponente un contrato de concesión por 23 años, para que durante los primeros tres se vayan transfiriendo responsabilidades.

También se busca que se establezcan dos tarifas distintas: la actual de $2.25 para los viequenses y culebrenses, y otra que podría rondar los $11.25 para los no residentes y turistas.

Esta es la carretera de Vieques y Culebra. No buscamos aumentarles el costo de vida. Lo que queremos es facilitar el servicio”, agregó Pérez, a preguntas de si se cuidará en el contrato que otras tarifas, como el pago de estacionamiento en el terminal de Ceiba, se mantengan a precios sostenibles para quienes dependen del servicio para ir y volver a sus hogares y negocios.

Por tratarse de una concesión, no de una privatización o venta, el Estado mantiene la titularidad sobre las embarcaciones existentes y aquellas que se compren en el futuro con fondos estatales y federales, se informó.

Para explicar por qué, si el ente privado genera ingresos por boletería, estacionamiento y otras vías, el Estado aún le emitiría pagos, Marrero indicó que este servicio esencial de transporte, aquí y en todas partes, “no es un activo que genere ingresos. Es una operación perdidosa, altamente subsidiada”. Como ejemplo, indicó que la ATM ha llegado a costar $45 millones anuales, de los cuales $20 millones se destinaban al pago de nómina para unos 188 empleados. La boletería solo generaba $5 millones. Pero, con la transferencia de responsabilidad y riesgo a un ente privado, Marrero anticipó que se reducirá el gasto público, aunque no precisó en cuánto.

Los 188 empleados adscritos a la ATM, de los cuales 80 laboran directamente en la operación de las lanchas, tendrán varias opciones, como solicitar trabajo con el operador privado, asumir otras funciones en la ATM o transferirse de agencia. Y “se está vislumbrado una ventana (de retiro)”, indicó Pérez, sobre la posibilidad que requiere pasar por el cedazo de la Junta de Supervisión Fiscal por tener impacto fiscal.