Como si tuvieran conocimiento directo de las motivaciones del presidente Donald Trump, el grupo de bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pidió a la jueza Laura Taylor Swain que no continúe adelante con los asuntos procesales de la quiebra de la corporación pública y aguarde a que se reconstituya una nueva Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En un escrito a la jueza de distrito federal que preside los casos de Título III, los bonistas solicitaron que se dejen en el tintero los asuntos vinculados a su reclamación y también el proceso que estos incoaron para cuestionar los gastos administrativos de la JSF por concepto de honorarios a McKinsey & Co., Ernst & Young y otros contratistas.

La moción informativa de los bonistas de la AEE fue la respuesta de los dueños de sobre $8,000 millones en bonos de la corporación pública al informe de situación que John Nixon -único integrante de la JSF- presentó más temprano esta semana a pedidos de Swain.

El pasado lunes, el ducho en asuntos presupuestarios y financieros expresó a Swain que los procesos de Título III de Puerto Rico pueden continuar su curso, incluyendo el litigio para examinar los honorarios de sus consultores.

Los bonistas de la AEE coincidieron con Nixon en que el tribunal de quiebras haga una pausa en materias que le competen, pero discreparon del directivo al indicar que la nueva junta “debe tener la oportunidad de evaluar la moción” acerca de los gastos administrativos de la JSF para que estos pueda tomar una posición ”antes de que el tribunal emita una decisión”.

Al sugerir a Swain que no continúe adelante con el proceso de quiebra de la AEE, los bonistas explicaron por qué el presidente Trump destituyó a seis de los siete miembros del organismo el pasado 5 y 13 de agosto.

“Los miembros de la (JSF) fueron despedidos por una razón: pese a los enormes gastos de tiempo, esfuerzo y dinero, y de más de ocho años en bancarrota, las partes no están hoy más cerca de un plan de ajuste que pueda confirmarse”, reza el escrito de los bonistas.

El grupo de acreedores de la deuda pública de la AEE también dejó entrever que una JSF reconstituida abriría la puerta para entablar un nuevo proceso de diálogo.

El llamado de los bonistas de la AEE -encabezados por fondos como GoldenTree Asset Management y la aseguradora municipal Assured Guaranty- se produjo luego de que BlackRock Financial Management acordó con estos romper su acuerdo con la JSF. El pacto entre BlackRock y la JSF -junto a otros acuerdos con el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), el suplidor Vitol Inc. y los llamados fuel lenders- servía de zapata al Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE).

El acuerdo entre la JSF y los bonistas encabezados por BlackRock permitía a estos recuperar al menos la mitad de su acreencia, una vez la deuda de la AEE fuera reestructurada. El grupo que incluía otros inversionistas institucionales, reportó antes este diario, se comprometió a otorgar financiamento a la AEE para la continuidad de las operaciones de la empresa eléctrica y compensar a otros acreedores.

La ley federal Promesa, en su sección 314, provee para que la JSF presente un PDA que cuente con el aval de una sola clase de acreedores, lo que abre la puerta para aplicar un recorte unilateral o “cramdown” a otros acreedores que no estén de acuerdo con el plan de pagos que se proponga.

En diversas instancias durante los procesos de Título III de la AEE, GoldenTree y otros criticaron severamente a la JSF y al grupo liderado por BlackRock por haber pactado un trato preferente aunque los bonistas poseen igual acreencia.

Ahora, el acuerdo de cooperación entre GoldenTree, BlackRock y otros impediría que la JSF pueda pactar con un grupo de bonistas por separado. En conjunto, los bonistas reagrupados ahora representan sobre el 90% de la deuda pública vigente de la AEE.

En su escrito a Swain, los bonistas de la AEE señalaron que con la decisión de BlackRock, se demuestra que “el plan previo de recorte unilateral (cramdown) y su estrategia de ´divide y vencerás´ ya no es viable”. Por ello, opinaron que “proceder con un litigio antes de que se constituya una nueva JSF podría ser contraproducente y potencialmente innecesario”.

Subrayaron, de igual forma, que una vez Trump designe los nuevos integrantes del organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico se presentará “una nueva oportunidad para un diálogo constructivo y una posible resolución consensual” a la quiebra de la AEE.

Fuentes de este diario aseguran que ese diálogo consensual solo sería posible si la nueva JSF accede a las exigencias monetarias de los bonistas. Ello, porque en las pasadas rondas de negociación, cada vez que la JSF hacía alguna concesión, los bonistas reclamaban más dinero para sí.