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La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ha levantado la protección contra litigios que disfruta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que los bonistas organizados de la empresa eléctrica accedan a información que podría ser decisiva para determinar cuánto dinero recuperarán en el proceso de quiebra.
La determinación de Swain se produjo la pasada semana, cuando también venció el plazo para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) delinearan a la jueza la hoja de ruta que seguirán durante el juicio para determinar el valor de los bonos de la corporación pública.
Swain espera dar curso al litigio en la audiencia general de los casos de Título III de Puerto Rico el próximo 20 de mayo.
Sin embargo, mientras el mundo entero se encuentra en la incertidumbre como resultado del conflicto en el Medio Oriente e insumos energéticos como el petróleo que experimentan alta volatilidad, la AEE no vería un panorama claro para avanzar en el proceso de quiebra sino hasta septiembre próximo.
Sin embargo, la jueza fue específica al establecer que la desactivación del llamado “stay” solo se circunscribe a la reclamación “contable” que poseen los bonistas y no a ningún otro aspecto de las múltiples controversias que quedan pendientes. Entre estas, la moción de los bonistas para desestimar el caso de Título III o aquella para que un síndico tome el control de la empresa eléctrica.
Grosso modo, en un proceso de quiebra, una reclamación “contable” es un proceso que permite a los acreedores indagar y cuestionar los gastos incurridos por el deudor. El objetivo es que el acreedor pueda verificar si el deudor -en este caso, la AEE- ha malversado fondos o utilizó dinero que debió ir al pago de la deuda pública.
De acuerdo con extensos escritos radicados el pasado viernes y sábado, por la JSF y los bonistas de la AEE, Swain debe decidir qué piezas de evidencia se utilizarán en el juicio, los testigos que se entrevistarán en las próximas semanas, e incluso, la fecha en que se llevará a cabo el juicio en su fondo, lo que podría consumarse en agosto próximo.
Con su reclamación contable, los bonistas alegan que la AEE se quedó con hasta $3,700 millones que les pertenecen. La multimillonaria cifra se habría acumulado en el período de 2018 al 2023 y es separada del reclamo de pago que han hecho los bonistas, quienes alegan poseen una reclamación asegurada contra la AEE de unos $8,300 millones en bonos.
Asimismo, según los bonistas, considerando que la AEE no ha efectuado ningún pago de deuda pública desde el año 2014, entre los 2024 y 2025 la corporación pública pudo haber gastado otros $2,000 millones, dinero que la empresa eléctrica debió depositar en las cuentas de reserva para el pago de la deuda pública.
La Junta Fiscal “borra” los ingresos netos de la AEE
“La (JSF) simplemente ha entregado datos brutos a los bonistas, sin proporcionar ninguna información que identifique los cambios en los cálculos de ingresos netos de la AEE, la justificación específica de dichos cambios, los gastos específicos que está añadiendo y cómo califican como gastos corrientes o gastos operativos necesarios”, reza el escrito de los bonistas de la AEE.
La escritura de deuda de la AEE establece que los bonistas cobran su parte de los ingresos netos de la empresa eléctrica, es decir, luego de que se pagan los gastos operacionales de la empresa eléctrica, su nómina y las pensiones de los trabajadores. Ese orden de pagos fue confirmado por el Primer Circuito de Apelaciones hace cerca de dos años.
Pero según los bonistas, el problema es que luego de que comenzó el proceso de quiebra de la AEE, la JSF ha modificado los métodos para establecer cuáles son los gastos corrientes de la AEE con el propósito de “borrar” cualquier ingreso neto en la corporación pública.
“La (JSF) no puede simplemente deducir todos los gastos posteriores a la solicitud de quiebra como necesarios sin ninguna evidencia que explique el por qué”, agregaron los bonistas.
Así las cosas, los bonistas pidieron a Swain tener acceso a los documentos que evidencian el reembolso de fondos federales para el sistema eléctrico, los informes operativos mensuales de la AEE (MORs, en inglés) e incluso, hasta los presupuestos de la corporación púbilca. Esto, para constatar si la AEE ha manejado su presupuesto según la sección 504 de Código de Quiebras, inciso que aplica al proceso de quiebra de la AEE.
Los bonistas tienen información de sobra
“Dado el amplio proceso de obtención de documentos que ya se llevó a cabo como parte de la moción de gastos administrativos sobre las operaciones y finanzas de la AEE”, expuso la JSF al recordar que, como parte del proceso de indagación que impulsaron los bonistas para escudriñar los gastos en consultores y asesores, la AEE ha provisto decenas de piezas de información.
Según el reporte de la JSF, que Swain solicitó a la luz de la sección 26(f) del Código de Quiebras, de cara al juicio, las partes deben enfocarse en analizar aquellos reportes que servirán para establecer el valor de colateral de los bonistas sin que ello implique duplicidad de esfuerzos o la discusión de asuntos que ya se ventilan cada vez que los bonistas indagan acerca de los honorarios de asesores como Ernst & Young o el bufete O’Neill & Borges, que funge como asesor local del organismo, entre otros.
La postura de la JSF fue avalada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).
Si Swain acoge el calendario sugerido por la JSF, la reclamación contable de la AEE y por ende, el preludio a establecer cuánto pagará la AEE a sus bonistas se atendería para septiembre de este año.
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