El estratega de comunicaciones y exdirectivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Justin Peterson, solicitó a la jueza de distrito federal María Antongiorgi-Jordán, autorización para presentar un recurso como “amigo de la corte” (amicus curiae) en el litigio que incoaron tres de los exdirectivos del organismo tras ser destituidos por el presidente Donald Trump.

Este lunes, Antongiorgi-Jordán rechazó tal petición.

En un recurso en el que Peterson se adjudica haber dirigido la reestructuración de sobre $33,000 millones en Obligaciones Generales de Puerto Rico, el ejecutivo de DCI Group sostuvo que posee conocimiento “único” y “directo” acerca de los fracasos por parte del liderato de la JSF y el por qué es necesario que el organismo, creado mediante la ley federal Promesa, cuente con “fuerte supervisión presidencial” y de rendición de cuentas si lo que se pretende es que el ente asista a Puerto Rico en sus crisis fiscales y de energía.

Según Peterson acceder a los pedidos del exjuez Arthur J. González, el exsubcomisionado del Seguro Social, Andrew Biggs y la educadora Betty A. Rosa sería “catastrófico” para Puerto Rico.

Peterson solicitó a la jueza Antongiorgi-Jordán participar en un litigio incoado hace poco más de una semana por González, Rosa y Biggs, quienes el pasado 1 y 13 de agosto, fueron destituidos de sus puestos por el presidente Trump bajo la premisa inicial de que estos obstaculizaron la resolución del proceso de bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Este lunes, sin embargo, cuando Antongiorgi-Jordán presidía una vista urgente para atender el pedido de interdicto que presentaron González, Biggs y Rosa, la jueza rechazó la intervención de Peterson en la demanda.

Según el borrador de amicus curiae de Peterson descartado por la jueza, hace varios años la JSF y los bonistas de la AEE, quienes no reciben un centavo de su acreencia desde el 2014, estuvieron a punto de cerrar una transacción. Pero, según Peterson, el trato se cayó porque la JSF cambiaba continuamente sus objetivos de negociación y se retiró de las conversaciones. Además, Peterson alega que la JSF utilizaba “análisis financieros amañados”.

La situación es la génesis de los apagones que experimenta la isla, según el estratega de comunicaciones y cabildero.

“Los antiguos líderes de la JSF demostraron que en la vida hay tres certezas: la muerte, los impuestos y la interminable bacanal de la JSF, que genera horas facturables”, reza el documento en el que se agrega que tan pronto termine el proceso de reestructuración de la AEE debe desmantelarse el organismo.

Además, Peterson subrayó que “el plan de dominio energético” de Trump –centrado en el uso de fósiles- es lo que necesita Puerto Rico, pero argumentó que la JSF es un escollo para que el territorio estadounidense sea parte del mismo.

El recurso de Peterson fue presentado por el abogado Ramón L. Rosario Cortés, exfuncionario de la administración de Ricardo Rosselló Nevares; R. Trent McCotter, del estudio legal Boyden Gray PLLC, y Daniel Z. Epstein, America First Legal Foundation.

Al presentar su litigio y solicitar un interdicto para impedir que Trump continúe tomando determinaciones en la JSF, incluyendo su destitución, González, Rosa y Biggs indicaron al tribunal que el presidente no tiene facultad en ley para removerles de sus cargos, pues son funcionarios territoriales.

En el natimuerto amicus curiae, Peterson -quien fue nombrado a la JSF por el presidente Trump bajo el primer mandato de este- indica que fue crítico de las decisiones del organismo y del gasto de consultores y abogados.

“Correctamente, el presidente reconoció que el fracaso de la JSF para desempeñar su misión era una amenaza existencial al bienestar económico de los ciudadanos de Puerto Rico”, reza el borrador de amicus curiae no admitido en el proceso judicial.

“La única manera de cambiar el enfoque destructivo por parte de la JSF era cambianado a sus miembros”, reza el borrador en el que se agrega que sin haber desarticulado el organismo, Trump y el pueblo de Puerto Rico “quedarían atrapados con directivos ineficaces, cuyas políticas han perjudicado a la isla y a su gente durante casi una década”.

Desde la perspectiva de Peterson, aun si los directivos destituidos tuvieran razón al alegar que fueron expulsados sin mostrarse causa, la ley federal Promesa recurre al término “justa causa” en su manera más amplia, lo que avalaría la determinación presidencial.

El Nuevo Día reportó antes que Trump habría removido a seis de los directivos de la JSF a pedidos de ciertos bonistas de la AEE -encabezados por GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty y otros-, quienes luego de prevalecer en una disputa contra el organismo, exigieron la totalidad de su acreencia estimada en unos $8,500 millones más penalidades e intereses.

Empero, la determinación del Primer Circuito de Apelaciones que dio la razón a los bonistas, también estableció que estos solo podrían cobrar su acreencia de los ingresos netos de la empresa eléctrica. Habida cuenta que la AEE lleva años sin generar ganancias, según informes oficiales, la posibilidad de una recuperación habría sido ínfima, lo que mantuvo el impasse entre las partes y que los bonistas objetores abogaran en la Casa Blanca para descabezar el organismo.

Desde agosto pasado, cuando Trump destituyó a seis de los directivos de la JSF, Peterson intensificó sus críticas a la JSF y respaldó la decisión presidencial en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Desde entonces, y tampoco en el escrito descartado por Antongiorgi-Jordán, Peterson no ha divulgado si recibe compensación de bonistas de la AEE. Durante la etapa inicial del proceso de quiebra de Puerto Rico, su firma –DCI Group- encabezó una campaña de descrédito contra Puerto Rico financiada por acreedores del territorio estadounidense, según reportes de este diario.

La destitución de González, Rosa, Biggs y otros tres directivos que no han expresado su postura luego de su destitución -entiéndase, Cameron McKenzie, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas- ha dejado en un limbo el proceso de Título III de la AEE que ya marca aproximadamente ocho semanas.

Maricarmen Rivera Sánchez colaboró con esta noticia.