Aparte de los $627 millones, entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, la institución financiera necesitará buscar otros $686 millones para los bonistas. (GFR Media)
En el 2015, la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés), una subsidiaria del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento, fue el primer emisor de deuda del gobierno puertorriqueño en incumplir con el pago de sus bonos.

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que se propone radicar la modificación cualificada de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés) no más tarde del próximo 15 de septiembre.

A pesar de que la JSF llegó a un entendido preliminar con los bonistas de la PFC en noviembre del año pasado, lo que trascendió durante las vistas de confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, objeciones de US Bank Trust National Association y Wilmington Trust impidieron que el pacto se consumara hasta ahora.

US Bank es fiduciario de PFC, mientras Wilmington hace lo propio para la Autoridad para la Recuperación de la Deuda (DRA, en inglés), la entidad que se creó luego de la reorganización financiera del fallido Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“La (JSF), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el fiduciario de PFC (en nombre de las partes con la mayoría del principal vigente de los bonos PFC) están discutiendo ciertas enmiendas al RSA (Acuerdo de Reestructuración) de PFC que permitirá que la transacción continúe adelante en el futuro cercano”, reza la moción informativa radicad esta semana por Brian S. Rosen y Hermann D. Bauer, abogados de Proskauer Rose y O’Neill & Borges, respectivamente, y representantes legales del organismo fiscal.

De concretarse la radicación de la modificación cualificada de PFC bajo el Título VI de Promesa, la JSF pondría punto final al proceso de reestructuración de la entidad que marcó el inicio del colapso financiero del gobierno puertorriqueño hace unos siete años.

En marzo de 2014, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue la primera entidad gubernamental en incumplir con sus acreedores al no pagar a un sindicato de bancos sobre $500 millones adeudados por concepto de líneas de crédito para la compra de combustible.

Pero en el 2015, fue PFC –una corporación afiliada al Banco Gubernamental de Fomento (BGF)- el primer emisor de bonos del gobierno puertorriqueño que no pudo pagar sus bonos. Ello, una vez la Legislatura no asignó fondos en el presupuesto para ese fin.

De acuerdo con el expediente judicial, US Bank objetó la confirmación del PDA del gobierno central por el tratamiento que recibirían los bonos PFC, considerados como una acreencia no asegurada. Luego de un proceso de negociación, el fiduciario aceptó dejar a un lado sus argumentos legales y proceder con la modificación de unos $1,000 millones en reclamaciones. Como parte del acuerdo, los bonistas de PFC recibirían unos $12.5 millones en efectivo y cerca de $47 millones en bonos de DRA.

En junio pasado, durante la audiencia general de los casos de Título III, Aafaf informó a la jueza Laura Taylor Swain, que no habían completado la reestructuración de PFC porque las firmas que sirven la deuda de DRA dudaban que la entidad sucesora del BGF pudiera emitir más bonos a favor de los acreedores de PFC.

Swain ordenó a la JSF encontrar una solución y presentar un reporte, lo que dio paso a la moción radicada esta semana.

Conteo regresivo en la ACT

El acuerdo definitivo en PFC se habría conseguido al tiempo en que la JSF se prepara para el proceso de confirmación del PDA de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). El PDA de la ACT contempla modificar unos $6,400 millones que incluyen bonos, préstamos con el fallido BGF, que ahora deben pagarse a los bonistas de DRA y deudas con suplidores y contratistas.

A esos efectos, la JSF ya presentó su lista de testigos y diversos acreedores, como las aseguradoras municipales, solicitaron expresarse.

Al igual que en el proceso de confirmación del PDA del gobierno central, Swain también espera escuchar a la ciudadanía acerca de la reorganización financiera de la ACT, propuesta que entre otras cosas, requeriría aumentos anuales en los peajes por unas tres décadas.

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