Aún cuando la administración de Alejandro García Padilla cabildeó intensivamente en el Congreso federal por un mecanismo para renegociar la deuda pública, la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica (PROMESA) es más un instrumento para ordenar las finanzas públicas de la Isla que para buscar un alivio en lo que se adeuda a los bonistas, opinó el extesorero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Ignacio Canto.