La llegada del multimillonario empresario Donald J. Trump a la presidencia de los Estados Unidos supone otro factor de incertidumbre a la poca viabilidad fiscal y económica que exhibe Puerto Rico en el futuro cercano, según varios entrevistados. Aunque el ciclo eleccionario en el que prevaleció Trump suponía, de todos modos, un cambio de administración del gobierno federal (este es el segundo término del presidente Barack Obama), un presidente republicano es sinónimo de cambios en las reglas de juego de la economía estadounidense, lo que a su vez, podría hacer más difícil la recuperación económica de la Isla.
“Lo más importante e inmediato va a ser un proyecto de ley para liquidar Obamacare. Cómo lo van a hacer y con qué lo van a sustituir será otra cosa”, dijo el economista Joaquín Villamil, en referencia a la ley federal de Cuidado Asequible a la Salud (ACA, en inglés). “Todo el cabildeo que se ha hecho para paridad en esos fondos será más difícil porque los republicanos interesaban eliminar ese programa desde siempre”.
En 2011, a través de la ACA, la Isla recibió unos $6,400 millones, bonanza que la administración de Luis G. Fortuño utilizó para reducir el peso del costoso programa de Mi Salud en el Fondo General. Tales fondos se agotarían en octubre de 2017.
Según Villamil, aparte de posibles impactos directos hacia Puerto Rico, la postura de intervención en la Reserva Federal por parte de Trump, pondría fin a la independencia del banco central estadounidense.
Al convertirse en el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, Trump podría nombrar por lo menos dos gobernadores del banco central y al sucesor de su presidenta Janet Yellen, cuyo término finaliza en 2018.
“Un aumento en la tasa de interés sería negativísimo para Puerto Rico. Pienso que la Reserva, lo que ha transmitido hasta el momento, es que el aumento será de manera paulatina y moderada, pero Trump ha dejado entrever que interesa que el alza sea más rápido y mayor”, indicó Villamil. Aparte de encarecer el costo de tomar prestado, un alza en tasas de interés perjudica los instrumentos de renta fija como los bonos de Puerto Rico.
La 245a
Según Villamil, la Coalición del Sector Privado (CSP), que impulsa la sección 245a en el Código de Rentas Internas federal, tendrá que hacer ajustes a su propuesta.
Esto, si Trump y el partido Republicano reducen drásticamente las tasas corporativas y facilitan algún trato especial para que las multinacionales repatrien sus ingresos.
“Si Trump va a reducir las contribuciones en Estados Unidos, buscará en cuanto sitio hay para ver cómo compensar la reducción en ingresos fiscales”, agregó Villamil.
El rol del tesoro
A juicio del analista Matt Fabian, de Municipal Market Analytics (MMA), el pase de batón en la Casa Blanca podría cambiar “dramáticamente”, la dinámica entre el Tesoro federal y el Gobierno puertorriqueño.
La dependencia federal, en la figura del secretario Jacob Lew y su consejero, Antonio Weiss, jugó un rol clave en el diagnóstico de la situación fiscal de la Isla y pese a las críticas de ciertos acreedores de Puerto Rico, en la aprobación de la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), que creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Ahora, Trump tendrá potestad para nombrar los miembros del ente que tiene control de las finanzas públicas de Puerto Rico, cuando sus directivos concluyan sus términos.
Según Fabian, una administración republicana supone un sentimiento menos “antibonista”, pero podría también ser el peor de los escenarios para las uniones y los trabajadores en Puerto Rico, quienes estarían forzados a ceder beneficios.
El presupuesto federal
Aun antes de los eventos electorales en Estados Unidos, para el economista y el exdirector auxiliar de la Oficina federal de Contabilidad General (GAO, en inglés), José R. Oyola, los problemas fiscales de Estados Unidos impedirán que en Puerto Rico, se materialicen iniciativas como el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés), lo que está incluido en el programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Cuatro días antes de las elecciones presidenciales, Keith Hall, director de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO, en inglés), revelaba que según las proyecciones más recientes, el déficit del presupuesto federal equivale al 2.8% del Producto Interno (PIB) de Estados Unidos. Sin ajustes en el gasto o en impuestos, dice la CBO, la brecha entre ingresos y gastos se ampliaría hasta alcanzar 8.8% en 2046.
Mirada distinta a Washington
Según Oyola, en lugar de pedir más fondos, si Puerto Rico logra cambiar la reglamentación federal de los programas de asistencia social y los administra de manera holística, estos programas podrían contribuir a promover el empleo y a que familias y jóvenes salgan de la pobreza.
Oyola cree que integrar ayudas como los vales de vivienda, alimentación y becas para estudiantes universitarios, contribuiría a que las familias rompan el ciclo de la dependencia.
“Esa familia necesitaría la ayuda, pero si el hijo obtiene una formación universitaria, esa nueva generación alcanzará la independencia económica”, dijo Oyola.
“Son programas que ayudarían directamente a las familias... ese enfoque sería bien atractivo para un Congreso republicano y sería una manera diferente de tomar partido de la ayuda federal”, indicó.
