Tras recibir un pedido de auxilio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó ayer ante la corte de distrito federal de Puerto Rico una petición bajo el Título III de la ley federal PROMESA con la expectativa de detener 22 demandas en contra del Gobierno y entablar una negociación con los bonistas que ponga fin a una década de estrechez fiscal y contracción económica.