Cuando el año entrante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe un nuevo plan para cuadrar el presupuesto de Puerto Rico y renegociar con los bonistas, debe partir de dos realidades: que la deuda pública vigente tendrá que –en esencia– cancelarse y que cualquier reestructuración que se negocie con los bonistas debe estar atada a la recuperación económica.