Más gremios y organizaciones profesionales se han unido a la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) para expresar su oposición al Proyecto del Senado 615 (PS 615) por entender que, de convertirse en ley, aumentaría de forma significativa el costo de los servicios de telecomunicaciones y obstaculizaría la cadena productiva, informó Pedro G. Andrés, presidente de la APT.

"Este proyecto no solo afectaría al consumidor puertorriqueño, sino que tendría un impacto directo en múltiples sectores económicos del país", manifestó Andrés mediante un comunicado en el que, junto con múltiples organizaciones del sector privado, reiteró el llamado de la APT a que la gobernadora Jenniffer González no firme el PS 615.

Desde el sector empresarial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, advirtió que el Proyecto del Senado 615 “busca imponer un impuesto sobre los más de 4 millones de teléfonos celulares que operan en la isla”.

“Esta medida propuesta no sólo se traduce en un intento más de seguir golpeando el ya castigado bolsillo de los consumidores, sino que también ampliará la brecha digital, alejándonos del tan necesario acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, que se requieren en estos tiempos”, afirmó Ramírez Báez, mediante comunicado.

En esa misma línea, el CPA Kenneth Rivera-Robles hizo un llamado a la prudencia fiscal. “Nuestro sistema contributivo es demasiado caro y no debe darse el lujo de aumentar las cargas impositivas sin un análisis riguroso. Esto es particularmente importante en sectores clave como las telecomunicaciones, que son esenciales en nuestro entorno social y económico”, dijo Rivera.

De otra parte, el proceso de aprobación del PS 615, sin consultas ni vistas públicas, resulta altamente preocupante para muchas organizaciones en la isla.

"Respetuosamente solicitamos que se vete el PS 615, conforme a la facultad que le concede la Constitución de Puerto Rico. De igual forma, hacemos un llamado para que, previo a la aprobación de cualquier legislación como esta, se procure la participación amplia y efectiva de la industria y de expertos técnicos, para desarrollar una definición económicamente pragmática, tecnológicamente viable e integral, para el bien de nuestro continuo desarrollo económico y nuestra competitividad a nivel nacional, local e internacional”, subrayó el presidente de la Asociación de Industriales, Rafael Vélez Domínguez.

Mientras, la Asociación de Comercio al Detal, a través de su presidente, José González, se manifestó confiada en que la gobernadora (Jenniffer González) mantendrá firme su política pública de no aumentar o aprobar nuevos impuestos.

“Nuestro sector productivo ya enfrenta desafíos significativos debido a los altos costos de hacer negocios en Puerto Rico. Es crucial que, al legislar, seamos extremadamente cuidadosos en mantener un equilibrio entre la salud fiscal del gobierno y los municipios, el desarrollo económico y la estabilidad del empleo, evitando así elevar aún más el costo de vida en la isla”, planteó González. “Las telecomunicaciones, en particular, son un elemento vital para nuestras empresas, la vida cotidiana, la provisión de servicios esenciales y el manejo de emergencias”.

Por su parte, Gail Nolan, CEO de PR 5G Zone Inc., alertó que el Proyecto del Senado 615 “amenaza con revertir” los avances en el clima de inversión y desarrollo económico de la isla.

“El crecimiento económico depende de políticas favorables para los negocios. (...) Puerto Rico, como isla, enfrenta desafíos inherentes en el costo de bienes relacionados con el transporte, así como en el costo y la resiliencia de los servicios energéticos. Estos retos han sido contrarrestados por tasas laborales favorables y capacidades y tarifas competitivas para la transferencia de datos. Las mejoras recientes en los procesos de permisos han convertido a Puerto Rico en un destino atractivo para hacer negocios, a pesar de los retos mencionados”, expuso Nolan.

El impacto social que tendría esta medida también fue destacado por Internet Society Puerto Rico. “El acceso universal y asequible a Internet es un pilar fundamental para el desarrollo educativo, social y económico. Iniciativas que incrementen los costos, como nuevos impuestos, limitan las oportunidades de educación, empleo y participación ciudadana, y atentan contra la equidad digital en Puerto Rico”, señaló su vicepresidente Alfredo Calderón.

Otra de las inquietudes respecto a este proyecto es dificultar el acceso de la ciudadanía a servicios que son medulares para su bienestar. “Este tipo de medidas fiscales desincentiva la inversión en redes modernas, contradice los principios de conectividad universal promovidos tanto por Puerto Rico como por los Estados Unidos, e ignora las mejores prácticas internacionales definidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones”, manifestó José F. Otero, director ejecutivo de la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones.

Por su parte, Andrés puntualizó que la diversidad de voces “en oposición al PS 615 no es casualidad”.

“Es una medida que crea un efecto en cadena perjudicial para la economía, la inversión y la estabilidad de servicios esenciales”, concluyó Andrés.