La jueza Laura Taylor Swain en una ilustración de Ramón Sandoval.
La jueza Laura Taylor Swain en una ilustración de Ramón Sandoval. (El Nuevo Día)

A las 11:20 a.m. (hora local), la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain puso fin al proceso de confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central de Puerto Rico, el primer caso de bancarrota estatal y el más grande en la historia del mercado de deuda municipal de los Estados Unidos, no sin antes asegurar que tendrá presente “los miles de puertorriqueños” que le han escrito y que se verán afectadas con su decisión.

Al tiempo en que deseaba un feliz Día de Acción de Gracias y una feliz temporada festiva, Swain se reservó su determinación acerca del PDA y también las solicitudes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para aprobar dos procesos de modificación cualificada de deudas a través del Título VI de Promesa. Las solicitudes permitirían la modificación de la deuda de la Autoridad del Distrito del Centro Convenciones (ADC, en inglés) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), transacciones que, a su vez, pondrían fin a diversas reclamaciones de acreedores reconocidas por el gobierno central.

“Quiero agradecer al pueblo de Puerto Rico. Miles han escrito a este tribunal para compartir su perspectiva personal. Han hablado de sus vidas… cada día, son ellos los más afectados directamente por los casos de Título III”, dijo Swain.

Día de agradecimientos

Swain agradeció a sus homólogos, la magistrada Judith Dein y los jueces que integran el Equipo de Mediación de Puerto Rico, que encabeza la jueza presidenta del Tribunal de Quiebras en el Distrito Norte de Texas, Bárbara J. Houser, así como al personal del tribunal en Nueva York y Puerto Rico.

También expresó gratitud a las partes por su profesionalismo, por la atención “meticulosa” a las controversias que rodearon el proceso de Título III del gobierno central y por el trabajo “duro y creativo” que han llevado a cabo durante los pasados cuatro años y medio.

“Sus voces han sido escuchadas”, prosiguió la también jueza presidenta del Distrito Sur de Nueva York al indicar que tendrá en mente, los planteamientos de los ciudadanos que le escribieron mientras analiza si la propuesta para modificar unos $33,000 millones en obligaciones del gobierno central es razonable, factible y sostenible.

De esa forma, Swain puso fin al octavo día de las vistas de confirmación del PDA del gobierno central, una jornada que duró unas dos horas y en la que los principales abogados externos de la JSF, pidieron a la jueza confirmar la propuesta.

Aunque la audiencia de confirmación conllevó sobre 40 horas de argumentaciones, el proceso se llevó a cabo en ocho días, dos días menos que los 10 días que la jueza había separado en su calendario.

La sesión de este martes fue corta, pues a excepción del turno de refutación de la JSF, el día anterior, todas las partes presentaron sus argumentos finales.

Queda en el tintero que la JSF radique un escrito acerca de las conclusiones de derecho que surgieron durante el proceso.

Con la advertencia de que tendrá que radicarse a más tardar a las tres de la tarde, y no a la medianoche como ha sido la costumbre del organismo, la jueza Swain determinó que la JSF radique el escrito en o antes del próximo domingo, 28 de noviembre.

“Do you cater?”

La concesión surgió a pedidos del abogado Brian S. Rosen, quien indicó que el personal de Proskauer Rose LLP llevaba largas horas trabajando con el caso de Puerto Rico y que, en su caso, debía ayudar a su esposa a preparar la cena de Acción de Gracias. Inicialmente, el escrito tendría que presentarse en la importante efeméride en la cultura estadounidense o al día siguiente. Swain otorgó el tiempo adicional, mientras preguntaba a Rosen –a modo de broma- si tenía algún servicio de preparación de comidas.

Rosen, por su parte, agradeció a Swain por su “paciencia, indulgencia y cooperación” en el proceso de Título III.

La broma de Swain fue, en esencia, la única nota jocosa en un proceso que estuvo marcado por argumentaciones legales y referencias técnicas, cuestionamientos acerca del proceso de votación que se llevó a cabo y el menoscabo de derechos de alcance constitucional. Se trató de un proceso virtual y telefónico como resultado de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19.

“Todo lo que sea crear una deuda con retirados o empleados públicos que no sea aprobado por la JSF está ocupado por (Promesa)”, dijo Martin Bienenstock, quien junto a Rosen buscó despejar cualquier duda que pudiese quedar en torno a los méritos del PDA.

Entre otras cosas, el abogado aprovechó su turno final para insistir en que la JSF no dará paso a más concesiones como pretende el gobierno con las Leyes 80, 81 y 82 de 2020. También aseguró a Swain que a los maestros no les asiste la razón cuando alegan que no serán resarcidos adecuadamente por la eliminación de su plan de pensiones. Y tampoco cuando estos alegan que poseen un derecho propietario sobre su empleo y por ende, el derecho a una pensión.

De igual forma, Bienenstock insistió en que las reclamaciones de expropiación forzosa y a la inversa pueden rechazarse en un proceso de bancarrota.

Lo siguiente

Tras el fin del proceso, queda de Swain emitir su determinación.

Un posible escenario es que la jueza emita una decisión en torno al PDA, dejando fuera la controversia por las reclamaciones de dominio eminente. Si bien la jueza concedió el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos para exprese sobre el asunto hacia febrero del año entrante y una vez, la JSF aseguró a la jueza que honrar las reclamaciones de expropiación forzosa no afectaría la viabilidad financiera del PDA.

Otro escenario podría ser que Swain aguarde por la intervención de la agencia federal para emitir su fallo. De ser el caso, el dictamen no se daría hasta marzo del 2022, lo que ha objetado la JSF.

También podría darse el caso de que alguna parte busque apelar el fallo de Swain en el Primer Circuito de Apelaciones.

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