La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain determinó este martes aplazar nuevamente el juicio donde el Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se proponía demostrar que los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) son nulos.

Swain emitió su fallo esta tarde, luego de que la JSF y ciertos bonistas de POBs presentaran una moción urgente para expresar el interés de las partes en terminar la controversia de manera definitiva. Ello, a raíz de un acuerdo que permitiría cancelar la deuda la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), pagando a los bonistas unos 22 centavos del principal adeudado.

El juicio para determinar la validez de los POBs, así como para establecer qué derecho específico poseen los bonistas sobre los activos de la ASR estaba programado para el jueves próximo.

Ambas controversias son dos de cuatro litigios vigentes en torno a la ASR. Un tercer litigio incoado por los bonistas busca invalidar el sistema “PayGo”, que impulsó la JSF para asegurar el pago de las pensiones. En una cuarta controversia, ciertos bonistas de la ASR piden que el gobierno les pague por ciertos gastos.

El acuerdo para modificar la deuda de los POBs pondría fin a tales disputas.

El pedido urgente de la JSF y la consecuente decisión de Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, se produjo luego de que el pasado 2 de abril, Viernes Santo, la JSF y los bonistas que participan del proceso de mediación ordenado por Swain extendieran la vigencia de un entendido preliminar que pondría fin a los litigios relacionados a los POBs y la ASR.

A principios de marzo pasado y a raíz de la estipulación que suscribieron las partes, la JSF debía presentar un tercer Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central justo antes de la audiencia programada para este 8 de abril.

Ahora que las partes han extendido la vigencia de su estipulación, la JSF tendrá 30 días para presentar el PDA enmendado por tercera ocasión y que busca modificar unos $35,000 millones en obligaciones del gobierno central.

Según el acuerdo suscrito entre la JSF y ciertos bonistas de la ASR, el territorio estadounidense pagará a los dueños de POBs poco más de $700 millones en efectivo para cancelar unos $3,168 millones en bonos vigentes. El gobierno pagaría a los bonistas comprando, a su vez, la cartera de activos que le queda a la ASR y que incluye ciertas inversiones privadas y la cartera de préstamos de la agencia.

Si la JSF no prevalece en la confirmación del PDA del gobierno, los bonistas podrán retomar sus litigios contra el gobierno, reza la estipulación.

Swain instruyó a las partes a presentar en unas 24 horas, una moción que detalle los litigios que quedarán suspendidos como resultado del acuerdo y dio otras 24 horas, es decir, hasta el próximo jueves, para que cualquier parte se exprese.

La JSF y los bonistas tendrían hasta el viernes próximo para presentar cualquier otra moción de apoyo, reza el fallo de la jueza.