La jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, dio su visto bueno para que el proceso de reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúe adelante tras concluir que la Declaración Informativa revisada que justifica el Plan de Ajuste (PDA-AEE) de la corporación pública es adecuado.

Swain emitió su decisión de manera oral el martes, luego de escuchar sobre cinco horas de argumentaciones y cuestionar a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a aquellos que defienden los intereses de los bonistas opositores, el fiduciario de la deuda de la AEE y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

Al momento de la publicación de esta noticia, la jueza -quien advirtió en corte que podía hacer modificaciones a su decisión- todavía no había divulgado la orden correspondiente por escrito.

La jueza federal que preside los casos de Título III de Puerto Rico, denegó, en esencia, todas las objeciones a la Declaración Informativa Suplementaria del PDA-AEE, aunque instruyó a la JSF a modificar algunos aspectos del documento y a cerciorarse de que las personas que se afectarán directamente por la modificación de deudas de la AEE en la mesa puedan votar.

Aparte de la Declaración Informativa Suplementaria, que se enviará a los acreedores -entre ellos, los jubilados, contratistas y suplidores de la AEE- junto a las papeletas de votación, Swain dio paso al calendario procesal para entrar en la etapa de confirmación del PDA-AEE. También aprobó otros asuntos como la manera en que se contabilizarán los votos o el tiempo para llevar a cabo el proceso de descubrimiento de prueba.

Sin embargo, al denegar las objeciones de bonistas, el UCC y otros acreedores, la jueza dejó establecido que varios de los argumentos en contra del PDA-AEE; por ejemplo, aquellos en torno a la ausencia de un trato equitativo entre acreedores, podrán presentarse nuevamente durante la etapa de confirmación del plan propuesto.

Con la decisión, el proceso de confirmación del PDA-AEE, que -en el agregado- recortaría cerca del 80% de las obligaciones ajustadas de la AEE, está previsto para marzo de 2024.

Pero antes de esa fecha, a juzgar por la decisión de Swain, los acreedores de la AEE –en especial, los bonistas de la corporación pública, tendrán apenas 15 días para unirse a la controversial oferta que la JSF pactó con el grupo de bonistas encabezados por el gigante BlackRock. De lo contrario, esos bonistas –que hasta hace unas semanas rondaban el 61% de los acreedores en esas clases- se exponen a recuperar apenas y aproximadamente, un 12% de la deuda que posean por concepto de bonos.

Si bien la jueza Swain autorizó la continuación de la reestructuración de las obligaciones de la AEE, el proceso para conseguir el aval del tribunal de Título III dejó a la luz varios hechos.

Por ejemplo, durante las argumentaciones y refutaciones de las partes, quedó establecido que el recorte que busca la JSF se aplicará con diferencias abismales entre acreedores que alegan ser iguales.

También salió a la luz que, si los bonistas objetores de la AEE prevalecen en sus apelaciones, el PDA-AEE no será confirmable porque no hay dinero de dónde pagar y si el ajuste de deudas se confirma no se sabe cuándo el PDA-AEE entraría en vigor por los litigios que continúan pendientes.

Dicho de otra forma, aunque es seguro el “Cargo Heredado” para pagar a los acreedores, todavía no hay certeza de a cuánto ascenderá esa partida en la factura de electricidad de hogares, empresas e industrias en Puerto Rico.

En ese asunto, lo único que trascendió durante la audiencia fueron las declaraciones de María DiConza, socia de O’Melveny Myers, firma que asesora a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), quien aseveró que el Negociado de Energía de Puerto Rico es la única entidad con jurisdicción en materia de la tarifa de electricidad en la isla.

Una “sobredosis” de azúcar

Pero sobre todo, durante la audiencia, trascendió que la economía de Puerto Rico –que sería la zapata para que hogares y negocios paguen el llamado “Cargo Heredado” por los siguientes 35 años- no pinta tan bien como se cree.

“No es una pintura bonita”, dijo el asesor legal principal de la JSF y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, haciendo referencia a las previsiones de la economía puertorriqueña a partir de los años 2025 y 2026 mientras explicaba el proceder del organismo que controla las finanzas públicas de la isla.

De acuerdo con Bienenstock, quien aseveró que los argumentos de los opositores están llenos de “retórica y exageraciones” en torno a la verdadera posición financiera y económica de la isla, la AEE no puede pagar más de la oferta que ha hecho la JSF porque las proyecciones no lo permiten.

En términos simples, el abogado dejó entrever que el valor de los bonos de la AEE –y por ende, la recuperación de los bonistas- está sujeto a la capacidad que tenga la corporación pública para generar ingresos. Explicó que la economía de Puerto Rico ha recibido –”como se debe”- una inyección de capital sin precedentes desde Washington como resultado de los desastres naturales que experimentó la isla y los efectos de la pandemia del coronavirus.

Pero ello, agregó Bienenstock, no es razón para “descorchar champán o celebrar” o para tomar decisiones de largo plazo porque tales influjos son “una sobredosis de azúcar” que recibirá la economía de Puerto Rico por algunos años.

Junto a los abogados Ehud Barak, Daniel S. Desatnik, Paul V. Possinger, y Margaret Dale, Bienenstock –quien celebraba su cumpleaños- encabezó, con éxito, los esfuerzos para reanudar el proceso de reestructuración de unos $7,868 millones en obligaciones de la AEE.

Plétora de objeciones que no prosperaron

En vano fueron los argumentos del abogado Thomas Lauria, socio de White & Case y representante legal de GoldenTree Asset Management y la aseguradora municipal Syncora Guarantee. Lauria argumentó que el PDA-AEE no tiene futuro porque ofrece un trato desigual a sus clientes y otros acreedores versus el beneficio que recibiría el grupo de bonistas encabezado por BlackRock. Y también aseveró que la oferta de su cliente para financiar el PDA-AEE ahorraría al menos $100 millones en compensaciones a abogados y bonistas por negociar, así como $1,000 millones en el servicio a la deuda que encarará de la AEE con alegados mejores términos, que los negociados con BlackRock

Tampoco sirvieron los señalamientos de Erin Brunstad, de la firma Dechert LLP, que asesora al Ad Hoc-AEE y quien planteó que no es factible incluir en una misma clase de acreedores dos recuperaciones distintas en función de si estos aprueban o rechazan el acuerdo propuesto con la JSF.

Entre otras cosas, el PDA-AEE, propone que si los bonistas no asegurados (agrupados en la Clase 3) aceptan la propuesta de la JSF, recobrarían alrededor de 44 centavos de dólar, pero si rechazan el plan, solo recibirían alrededor de 12.5%.

Según Brunstad, en 1940, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya rechazó una propuesta como la esbozada por la JSF, en un caso que involucró a la ciudad de Avon Park, en el estado de la Florida (Am. United Mut. Life Ins. Co. v. City of Avon Park).

El abogado del UCC, Luc A. Despins, tampoco convenció a Swain a pesar de cuestionar por qué razón la JSF otorgará prácticamente mitad del dinero que la AEE pagará a solo un puñado de acreedores.

Según Despins, el PDA-AEE pagará a ciertos acreedores que pactaron con la JSF sobre el 100% de lo que prestaron a la AEE y otros bonistas -que se consideran acreedores no asegurados como sus clientes- recibirían una recuperación de hasta 80%. En contraste, Despins criticó que sus clientes, entre ellos, suplidores y contratistas locales y con reclamaciones cercanas a $6,000 millones, apenas recibirían entre 12 y 13 centavos.

Las dudas

Lo que sí lograron los opositores durante la discusión en torno a la Declaración Informativa Suplementaria fue poner en duda la viabilidad del PDA-AEE.

Swain preguntó al equipo encabezado por Bienenstock, qué pasaría con la reestructuración si un tribunal de apelaciones concluyera que los bonistas sí tienen los derechos que alegan.

A ello, Bienenstock respondió que, en tal escenario, habría que redistribuir el dinero disponible para pagar. Dijo, de entrada, que en tal escenario, los acreedores bajo el UCC no cobrarían nada y que el dinero disponible tendría que redistribuirse entre los bonistas.

Bienenstock aseveró que es posible que los acuerdos pactados con BlackRock y otros puedan sostenerse, pero aceptó que la situación podría requerir volver a analizar la capacidad de pago de la AEE y el valor de las acreencias.

“Estamos cautelosamente optimistas”, dijo Bienenstock al reconocer que existe “mucha incertidumbre” en torno a que se valide el fallo judicial que emitió Swain en marzo pasado y que limitó el gravamen de la deuda de la AEE al dinero que hay en las cuentas de la AEE para pagar a los bonistas.

Otro asunto también quedó sin respuesta: ¿qué sucederá con las pensiones?

El PDA-AEE propone honrar el pago de pensiones, pero también propone cerrar ese sistema para que, a futuro, los trabajadores de la AEE reciban un ingreso de jubilación en función de sus ahorros. Es un enfoque similar al adoptado en el resto de los planes de pensiones del sector público.

En una breve intervención, Possinger, también abogado de la JSF, indicó que la AEE enfrenta problemas de liquidez y que, al presente, aun cuando la corporación pública pueda recibir ingresos de reclamaciones por seguros que todavía disputa tras los desastres naturales de 2017, las obligaciones de la AEE son tantas, incluyendo el litigio que mantiene con Cobra Acquisitions, que es poco probable que ese dinero pueda ir a los acreedores.

Possinger indicó a la jueza Swain que se cierne “una crisis” sobre el plan de retiro de la AEE, que al presente, se paga a medida que vencen el pago de las pensiones de los jubilados de la corporación pública.

“Las pensiones están en la clase 10 y todavía el asunto está sin resolver”, dijo por su parte Bienenstock.

El abogado aseguró que, al igual que con otros acreedores, la JSF continúa abierta y en negociaciones con los sindicatos de la AEE y que su expectativa es resolver la insuficiencia actuarial del Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE), estimada en $3,848 millones, y modificar otros $1,000 millones en reclamaciones de los trabajadores previas al caso de Título III.

Bienenstock dijo a Swain que, si no hay acuerdo con las uniones, entiéndase con la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), entonces solicitará al tribunal el rechazo de los convenios colectivos en la AEE para “resolver” ambos asuntos.