La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain refirió a la magistrada Judith Dein la demanda que LUMA Energy radicó contra la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).

Un día después de que el operador le pidiera que reafirme que el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) para gestionar la red eléctrica de Puerto Rico es válido y vinculante, Swain solicitó a Dein que se haga cargo de los asuntos procesales de la disputa antes de que el caso pueda verse en su fondo.

Swain emitió su escueta orden mientras solicitó a las partes reunirse a la brevedad para determinar, si es necesario, sellar algún documento del litigio, y a su vez, emitir un interdicto que impida a la AAPP tomar otras acciones que puedan causar “un daño irreparable” a LUMA.

Por los pasados ocho años, Dein, una jueza magistrada en el tribunal de distrito federal de Boston, ha dado la mano a Swain en los casos de Título III de Puerto Rico. La magistrada ha tenido a su cargo múltiples controversias procesales que luego sirvieron para que Swain resolviera asuntos clave en la reestructuración financiera del territorio estadounidense. Entre estas, el proceso de descubrimiento de prueba que dio paso a la modificación de deudas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina); controversias particulares de ciertos acreedores de Puerto Rico y asuntos procesales relacionados a la reestructuración de las obligaciones del gobierno central.

Mientras Dein tendría a su cargo dar orden a la disputa entre LUMA y la AAPP, Swain examinó una moción del operador eléctrico que buscaba sellar partes de una posible orden de interdicto contra la AAPP. La jueza determinó que no se reúnen las condiciones para sellar el documento, en especial, porque las partes no se habrían reunido para identificar alguna solución informal al posible recurso de interdicto que Swain tendría ante su consideración.

Esta semana, LUMA acudió al tribunal de Título III con la expectativa de que ese foro defina qué es una disputa general y qué es una disputa técnica a la luz del OMA, el pacto que rige las relaciones entre el operador eléctrico y la AAPP.

La definición de los términos por parte del tribunal sería clave para establecer el mecanismo que tendría que utilizar la AAPP para analizar y resolver los señalamientos contra el consorcio estadounidense canadiense. Los señalamientos divulgados por la AAPP el mes pasado serían razones para la cancelación del OMA, desde la perspectiva del gobierno.

La AAPP -dirigida por el zar de Energía Josué Colón- entiende que los señalamientos contra LUMA son disputas técnicas. Si asuntos como el apagón de Semana Santa o los problemas para recuperar fondos federales son disputas técnicas, el contrato de OMA estipula que la AAPP nombraría un experto independiente para que analice el asunto y emita una decisión que sería inapelable.

Si los señalamientos son disputas generales, entonces, según el OMA, la AAPP y LUMA entrarían en un proceso de mediación para resolver el asunto o este podría dirimirse en corte abierta.

LUMA asegura que se vio obligado a recurrir a Swain, pues la AAPP cataloga como “técnicas”, lo que son meras “disputas” entre las partes.

La AAPP, por su parte, ha dicho que el litigio incoado por LUMA carece de fundamento y que se trata de una táctica para dilatar el proceso de cancelación del contrato.

Swain ordenó a las partes reunirse y presentar un informe conjunto en o antes del próximo 2 de septiembre. En el informe, LUMA y la AAPP deben indicar si llegan a un acuerdo en torno a la necesidad de sellar algún documento en el caso y acerca de la moción de interdicto que ha presentado LUMA.

De emitirse el interdicto contra la AAPP, la agencia no podría referir las disputas en controversia a un experto independiente hasta que el tribunal resuelva el carácter de estas.

Al parecer, a juzgar por una declaración de la AAPP, justo antes de incoarse el litigio, el gobierno ya se aprestaba a contratar al experto, invocando la sección 15 del OMA, que versa de los mecanismos de solución de controversias entre las partes.