La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain denegó este lunes la moción que había radicado LUMA Energy para que se extendiera al operador la suspensión automática que cobija a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y evitar así una demanda en su contra por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

La jueza a cargo del proceso de bancarrota de la isla determinó que la demanda que radicó el DACO contra LUMA Energy puede continuar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR).

En la orden de 17 páginas, la jueza Swain analizó los argumentos presentados por LUMA y el DACO y determinó que el Título III de la ley federal Promesa no puede intervenir con el poder regulador o “police power” del Estado.

La orden explica que el DACO es la agencia con jurisdicción para atender este tipo de pleito ya que su rol, en virtud de su ley orgánica, es la agencia para llevar este tipo de pleito a favor de los consumidores.

A su vez, Swain indicó que la presentación del recurso por parte del DACO no representa un interés pecuniario del gobierno, y que la ley permite que el gobierno presente recursos a favor de terceros cuando la ley así lo permite.

De otro lado, la jueza Swain no compró el argumento de LUMA de que el recurso presentado por DACO buscaba invalidar el contrato entre el operador de la red eléctrica y el gobierno de Puerto Rico.

Hace unas semanas, la jueza de distrito federal había acogido el pedido de LUMA Energy para que ese foro extendiera la suspensión automática que aplica al caso de quiebra de la AEE a la demanda que el DACO presentó en su contra.

En agosto pasado, la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, demandó a LUMA para que se elimine el relevo de responsabilidad que posee el operador cuando se trata de daños por enseres eléctricos. La funcionaria alega que el relevo otrogado a LUMA es contrario a derecho.

Tras la demanda del DACO, el presidente de LUMA, Juan Saca, indicó que si el TSPR validaba el reclamo del DACO, la tarifa de energía eléctrica podría aumentar.

“Creemos que la propuesta de DACO es errada e irresponsable financieramente, y deben ser transparentes con el pueblo de Puerto Rico y dejarles saber que esta acción innecesariamente provocará un aumento en los costos para todos los clientes de la Isla. Por eso las exenciones de responsabilidad son práctica común para las compañías eléctricas en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, incluida la AEE”, alegó Saca en declaraciones anteriores para justificar la decisión del operador eléctrico de solicitar el traslado del pleito del foro estatal al federal.