Luego de que diferentes juristas del patio resaltaran la posibilidad de que cabilderos allegados al gobernador Ricardo Rosselló pudieron haber obtenido acceso a información privilegiada, el capítulo puertorriqueño de la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés) condenó estas prácticas por su posible impacto a los casi 46,000 empleos en la industria de la construcción, el ambiente de hacer negocios y los servicios esenciales en la isla.