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En la foto, José Villamil, Manuel Laboy y Alberto Bacó.
En la foto, José Villamil, Manuel Laboy y Alberto Bacó. ([email protected])

Los consensos no se alcanzaban fácilmente en la discusión de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Por un lado, el senador del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) Carmelo Ríos denunciaba que la isla en materia política se encontraba en una situación peor que la que existía en el 2016, previo a que se aprobara el estatuto por el Congreso estadounidense. Por el otro lado, el jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, declaraba los últimos dos años como “históricos” en el buen manejo y la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. Sus expresiones fueron vertidas en la 3ra Conferencia sobre la Ley Promesa celebrada ayer en el hotel Sheraton en Miramar por la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se creó con esta legislación federal, también tuvo opiniones divididas. El economista José Joaquín Villamil, por ejemplo, criticó severamente las proyecciones económicas en las que se basa toda la planificación fiscal certificada por el organismo que controla las finanzas de la isla. Por otro lado, el congresista Sean Duffy, autor de la medida, en un mensaje grabado alegó que la Junta era necesaria para rectificar la situación financiera del territorio y exhortó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a cooperar en el proceso.

En el medio transcurrían diversas discusiones sobre el efecto en la economía de la pérdida poblacional, la emigración, la facilidad de hacer negocios en Puerto Rico, los retos que enfrenta la industria de la salud, las ventajas bajo el programa de Zonas de Oportunidad, los cambios en la ley contributiva estadounidense y la local, entre otros temas.

Uno de los oradores principales fue el jefe de Aafaf, quien resumió en unos minutos todos los avances en la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

“No debemos enfocarnos solamente en los grandes retos sino reconocer que en los últimos dos años se ha hecho historia y se han cambiado paradigmas”, expresó el funcionario.

La carta de presentación principal era la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la cual, según dijo, proveyó para que se borrara de los libros el 10% de la deuda pública del país.

El funcionario no abordó, sin embargo, la sostenibilidad de este acuerdo especialmente porque implica una agenda de pagos que aumenta en momentos en que la economía decaerá según los estimados económicos del gobierno.

Sobrino, en cambio, recalcó que el ahorro de $17,500 millones en el servicio a la deuda que producirá el acuerdo implica la reducción más grande de un emisor de deuda en la historia del mercado de bonos municipales de los Estados Unidos.

“Hace unas semanas cuando se cerró el acuerdo de Cofina el 10% de la deuda pública desapareció”, sostuvo. Con el acuerdo, los bonistas con prioridad de repago (“senior”) de Cofina recobrarán el 93% del dinero prestado mientras que los que no tienen prioridad (subordinados) recobrarán el 55% de lo que se les debía.

Sobrino también destacó la reestructuración de la deuda del ahora extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En ese caso, la reducción del principal de la deuda es de unos $2,000 millones. También se redujo $6,000 millones en otras deudas asociadas a las operaciones bancarias.

“Queda tanto por hacer que no apreciamos la magnitud de lo que hemos podido lograr y lo que hemos podido evitar. Esto es lo que hemos podido lograr en dos años, una de las reestructuraciones más grande y complejas en la historia de EE.UU.”, sostuvo Sobrino.

El funcionario también destacó la reducción de la deuda de los municipios en 30% desde el 2016, cuando se congelaron los préstamos y los depósitos en el BGF.

El jefe de Aafaf alegó que estos cambios se lograron a pesar de la Junta y no necesariamente gracias al organismo que controla las finanzas del país y que es el único representante del gobierno puertorriqueño en el proceso de bancarrota. Bajo esta litigación es que se desarrolló el acuerdo de Cofina que celebraba ayer Sobrino.

Para mí no tiene el peso que se le quiere adjudicar a la Junta. Las soluciones en Puerto Rico vienen desde Puerto Rico. Los agentes de cambios son los puertorriqueños. La política pública fiscal del gobierno debe ser la misma con o sin la Junta”, sostuvo.