En su informe anual, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puso la lupa sobre la forma en que el gobierno maneja los contratos millonarios que otorga, particularmente los de tecnología, al plantear que Puerto Rico se aleja de lo que se consideran mejores prácticas de administración pública, como llevar a cabo subastas o procesos de solicitud de propuestas (RFP, en inglés).