El comité nombrado por el gobernador para fiscalizar la privatización de la transmisión y distribución del sistema eléctrico, en lugar de enmiendas, firmó hoy unas “aclaraciones” con el consorcio LUMA Energy en un intento por apaciguar las inquietudes de distintos sectores del país en torno a la transición.

Como parte de las aclaraciones, LUMA Energy reafirmó que no dejará de operar ni se marchará de la isla en caso de un desastre mayor como un huracán, que establecerán protocolos para salvaguardar que no incurrirán en conflictos de intereses al adjudicar algún contrato de reconstrucción, que respetarán la política pública energética que promueve las microrredes y la energía renovable, que los empleados que contraten provenientes de la Autoridad de Energía Eléctrica tendrán acceso a cuentas 401k de jubilación y podrán continuar aportando al sistema de retiro –si llevaban más de 10 años en la corporación pública– y que reforzarán los esfuerzos para reclutar a los empleados que necesitan en las operaciones.

Los pedidos de cancelación del contrato o enmiendas, por el momento, han sido descartados, en parte, porque serían una desviación a los planes fiscales y a la política pública vigente, según el secretario designado de Estado, Larry Seilhamer. Del mismo modo, un cambio de este tipo implicaría un costo mayor para el gobierno, dijo, por su parte, el jefe de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés Gómez.

“El comité ha tomado la determinación de hacer unas aclaraciones. No son enmiendas del contrato sino aclaraciones para que esté diáfanamente claro las obligaciones de LUMA en estos asuntos”, dijo Seilhamer durante una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Seilhamer ha estado bajo presión pública para que, desde el Comité que dirige, promueva enmiendas o la cancelación del contrato. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) ha sido particularmente crítica alegando que el contrato a la larga encarece los costos de energía eléctrica, mantiene dependencia en los combustibles fósiles y afecta a los trabajadores y su representación sindical.

El presidente de la Cámara de Representantes ha condicionado la confirmación de Seilhamer a la jefatura del Departamento de Estado a que se procuren enmiendas que atiendan los reclamos públicos. Esta presión, en la práctica, ha tenido un efecto adverso a los intereses que ellos promueven, dijo Seilhamer.

“La realidad es que hasta me colocan en una situación que me inhabilita sugerir enmiendas porque cualquier cosa que sugiera se interpreta que es para congraciarme con la Cámara. No obstante, y hago referencia nuevamente a que en la orden ejecutiva (que crea el comité de fiscalización del contrato) estaba restringida a cinco asuntos y el espíritu era la fiscalización de la ejecución del contrato, o sea, partiendo de la premisa de que estaba operando el sistema”, afirmó.

“Si existiera algún motivo, justificación o razón para enmendar el contrato, el Comité lo hubiera adoptado. Las enmiendas sugeridas se apartan de la ley 120. Ahí se establece que los activos de la AEE pasan al sector privado”, dijo el funcionario.

Wayne Stensby, principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, resaltó que el acuerdo tiene personas que lo apoyan porque estiman que es un cambio para mejorar el servicio que reciben los puertorriqueños y afirmó que el contrato tiene detractores que tienen como interés que nada cambie.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, reaccionó al anuncio destacando que las “aclaraciones” son meramente un acto simbólico que no tiene validez legal alguna.

“Esta movida es un acto desesperado del Secretario de Estado para decir que hizo algo con el contrato de LUMA cuando todos sabemos que no hizo nada para defender al país y a los trabajadores. Además, donde está el gobernador frente a un asunto tan serio para nuestro pueblo”, afirmó Figueroa Jaramillo.

LUMA Energy debe comenzar labores el 1 de junio, y aún les resta trabajo por hacer. Stensby admitió en la conferencia de prensa que apenas tienen 250 celadores contratados y otros 250 empleados técnicos que atenderían principalmente las subestaciones. Se trata de una cifra, por mucho, inferior a la que tiene al AEE en su plantilla actual. Solo entre los afiliados de la Utier hay unos 800 celadores.

El CEO de la empresa no dijo cuántos necesita, pero afirmó que traería a personal técnico de las empresas matrices de LUMA Energy en el exterior y otras empresas contratadas para asegurar que en la transición no confronte problemas de peritaje.

“Además, la aceptación por parte de LUMA que solamente tiene reclutado 250 celadores de líneas de los 800 celadores que hoy existen es la mayor evidencia de que LUMA no está preparada para atender la cotidianidad de la operación y mantenimiento del sistema eléctrico mucho menos para atender un desastre natural”, añadió Figueroa Jaramillo.

Según LUMA Energy, unas 22,000 personas han solicitado empleo en la compañía, incluyendo 2,100 empleados de la AEE. En total, la empresa ha hecho 2,500 ofertas de trabajo y 1,900 han sido aceptadas por los trabajadores.