Bajo el argumento de que el contrato otorgado a New Fortress Energy (NFE) para operar los muelles A y B del Puerto de San Juan violan leyes y reglamentos de varias agencias gubernamentales, el abogado Luis Aníbal Avilés radicó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se comience el camino de la terminación del contrato.

El expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y experto en derecho energético, explicó a El Nuevo Día que el recurso de mandamus busca que todas las agencias involucradas cumplan lo que establece la ley y sus reglamentos. De prevalecer, explicó, el efecto sería que el gobierno deberá rescindir del contrato de la empresa suplidora de gas, pagar los $65 millones de las reparaciones al muelle y comenzar un proceso competitivo para contratar otra empresa.

“La gobernadora (Jenniffer González) no puede solo decir que es algo que heredó. El gobierno tiene que hacer valer las leyes y lo que tiene que hacer la Autoridad de Puertos es anularlo y pagar lo que quede por pagar”, dijo. “La ley de Puertos y los reglamentos dicen que ningún puerto se le puede dar a una empresa con un monopolio exclusivo. Lo más importante del recurso es que la combinación de acciones y omisiones por parte de las agencias tiene el efecto de dejar todo en un status quo y ellos tienen las herramientas y los mandatos específicos para actuar”.

Específicamente, el recurso está dirigido contra la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, AAFAF y el Departamento de Justicia, entre otras entidades.

Según indicó en comunicado de prensa, el recurso judicial destaca la inacción de la Autoridad de los Puertos al otorgar y mantener vigente un contrato de uso exclusivo del muelle sin activar las cláusulas que permitirían suspender las operaciones por incumplimientos regulatorios.

De acuerdo con el abogado, la planta de regasificación de NFE operó durante años sin la autorización federal requerida, y pese a ello, Puertos no ejerció su potestad para imponer sanciones ni garantizar acceso abierto a otros proveedores.

“Aunque (la gobernadora) ha sostenido que se trata de un contrato heredado, lo cierto es que, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y las leyes aplicables, el poder ejecutivo mantiene el deber de velar por la legalidad de los actos administrativos vigentes, y posee autoridad para intervenir, fiscalizar y corregir contratos celebrados en contravención al ordenamiento jurídico”, dijo Avilés.

La demanda destaca que la suspensión unilateral del suministro de gas por parte de NFE ha forzado a la AEE a operar con diésel a un costo significativamente mayor, lo que ha generado sobrecostos de entre $14 y $21 millones de dólares mensuales.

“Cada día que las agencias no actúan, el daño al interés público se acumula. Esta demanda es un llamado a restituir la legalidad en el manejo de la infraestructura energética del país”, concluyó Avilés.

El catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) radicó el recurso “en su carácter de abonado y constituyente del sistema eléctrico de Puerto Rico”.

Además de pedir que se “corrija” lo pactado con NFE, el mandamus urge crear las condiciones en el gobierno para encaminar un proceso de subasta que permita la participación abierta de empresas interesadas y que no limite el uso de una infraestructura denominada como “crítica”, en este caso, el muelle.

“En este sentido, el presente recurso no sólo busca corregir desviaciones jurídicas, sino prevenir un daño irreparable al interés público, al patrimonio del estado y a los principios democráticos que rigen la contratación pública”, reza el documento.

El Nuevo Día solicitó una reacción a NFE, pero al momento de esta publicación no se ha recibido.