A 10 años de haberse aprobado la Ley 247 de 2015 que reglamentó el uso de las bolsas plásticas en Puerto Rico, el Senado evalúa su efectividad y si se ha logrado impulsar el reciclaje de estas bolsas.

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Seguros y Cooperativismo del Senado, que preside Nitza Morán, llevó a cabo una vista pública con el sector privado y el gobierno. Participaron el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la organización Cambio PR, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entre otras.

El CUD dijo favorecer que la Legislatura reevalúe y modifique la Ley 247, conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”, indicó Agnes Martínez, asesora legal del CUD.

“Hay disposiciones como la de orientación y avisos, que como ya han pasado 10 años, no hay necesidad de seguir orientando y teniendo los avisos”, dijo Martínez. Agregó que la política pública debe dirigirse a facilitar el reciclaje, con el recogido y disposición de materiales.

Asimismo, el CUD propone eliminar de la ley lo referente a tener contenedores de reciclaje en los establecimientos, ya que no es una práctica efectiva, y terminan siendo usados como zafacones.

Sostuvo la asesora legal del CUD que esta ley 247 no la pidió el sector empresarial, y aclaró que el comercio no se lucra con la venta de las bolsas. Añadió que las nuevas bolsas son más costosas que las que se regalaban antes, y que los pymes no pueden absorber ese costo.

Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, indicó que, a grandes rasgos, la ley 247 ha reducido entre 85% y 98% el uso de las bolsas plásticas. Eso representa más de 475 millones de bolsas que han dejado de llegar a los cuerpos de agua y a los vertederos.

“Con estos datos quedó claro el enorme cambio de conducta que la Ley Núm. 247 ha provocado y que su implementación fue exitosa”, expresó el vicepresidente ejecutivo de MIDA.

No obstante, Reyes sostuvo que el fracaso por décadas de las autoridades en su encomienda de proteger el medioambiente, “no debe utilizarse de base para una hemorragia de proyectos de ley que, además de bolsas, buscan prohibir sorbetos, envases de foam, botellas, etc. Tampoco podemos aprobar legislación individual para cada producto, ni prohibirlos todos, ni revertir contradictoriamente los pasos positivos que ya se han dado”.

El ejecutivo de MIDA cuestionó que la medida no menciona el aspecto más importante, ¿dónde están los esfuerzos del propio gobierno para la reducción y manejo de los desperdicios sólidos?

La secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, señaló que el estatuto ha representado una carga económica para los consumidores, ya que ahora deben pagar por las bolsas plásticas que antes recibían gratis.

“El sacrificio se ha trasladado al consumidor sin que se garantice la efectividad ecológica que justificó la medida”, sostuvo Rodríguez Erazo, quien indicó que ahora hay bolsas más gruesas y duraderas, que si no se manejan adecuadamente, podrían resultar más dañinas al medio ambiente.

“Si la intención no se puede cumplir, pues entonces dejemos de pasarle estos costos al consumidor”, agregó la titular del DACO.

Mientras, Ingrid Vila, de la organización Cambio PR propuso que, debido a la reducción en el uso de bolsas plásticas en los pasados 10 años, el gobierno debe reforzar la ley hasta lograr una “economía verdaderamente circular”.

Sugirió Vila que se cree un programa de fianza reembolsable, y cada vez que el cliente devuelva una bolsa en buenas condiciones, se le reembolsa el depósito. El CUD no apoya tal propuesta, por entender que aumentaría los costos de contabilidad.