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31 de octubre de 2025
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Las principales asociaciones que agrupan a los sectores empresariales del país expresaron una “profunda decepción” ante el veto de la gobernadora Jenniffer González al Proyecto de la Cámara 420 (PC 420) y calificaron la decisión como un “golpe al desarrollo económico y un revés al compromiso programático asumido con el pueblo”.
“Hoy perdió Puerto Rico. Con este veto, la Gobernadora dejó pasar la oportunidad de hacer historia y de ponerse del lado del pueblo, a pesar del consenso de los presidentes de Cámara y Senado a quienes agradecemos por su postura, visión y por estar del lado del pueblo y del desarrollo económico. Es muy desafortunado. Esta decisión representa un retroceso en los esfuerzos por modernizar el sistema contributivo y encamina al país nuevamente por la ruta de la incertidumbre”, declaró José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet).
Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico, dijo por su parte que “el impuesto al inventario penaliza a todos: al ciudadano que no encuentra productos esenciales, al comerciante que no puede planificar y al país que no logra competir”. “Vetar este proyecto es cerrar las puertas al progreso y prolongar una estructura contributiva que el propio gobierno reconoció como insostenible”, sostuvo.
Mientras, Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), expresó decepción y adjudicó la determinación a presiones políticas.
“Nos decepciona profundamente que, una vez más, prevalezcan las presiones políticas sobre el bienestar del país. Agradecemos a los presidentes de Cámara y Senado, que no solo aprobaron la medida, sino que mantuvieron una postura firme y pública en todo momento en beneficio del pueblo, sin sucumbir a la presión de los alcaldes. Seguiremos dando la batalla hasta lograr que este nefasto impuesto se elimine”, expresó.
La medida proponía congelar el impuesto al inventario por tres años (2025–2027), utilizando el promedio de inventarios de los años 2022–2024 y la tasa vigente 2024–2025, mientras se establecía una ruta clara hacia su eliminación definitiva en 2028 si no se aprueba un mecanismo sustituto.
Carlos Budet, presidente de la Asociación de Restaurantes (Asore), subrayó que “este veto no es solo un revés para el comercio; es una pérdida para el ciudadano que paga más caro, para la empresa que intenta crecer, y para el país que necesita desarrollo y estabilidad. Ganó la política, perdió Puerto Rico”, dijo Budet.
En comunicado de prensa, los líderes coincidieron en que el veto al PC 420 representa una oportunidad desperdiciada para impulsar un modelo de desarrollo económico más justo y competitivo, y que seguirán defendiendo el derecho del sector privado y del pueblo a un sistema más equitativo y moderno.
A la misma vez, reafirmaron su compromiso de continuar dando la batalla hasta lograr la eliminación del impuesto al inventario, participando activamente en las mesas de trabajo que se establezcan entre el Ejecutivo, el Legislativo y los alcaldes, con el fin de desarrollar una solución de sustitución justa, viable y responsable que no afecte a los municipios ni al pueblo puertorriqueño y se logre el propósito de eliminar el impuesto al inventario.
“Seguiremos trabajando con determinación y unidad. Puerto Rico necesita líderes que tomen decisiones con visión de país, no con miedo a perder apoyo político”, concluyó González.
Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, reiteró que la organización favorece la eliminación del impuesto al inventario.
“No obstante, es esencial que se identifiquen otras fuentes de recursos para los municipios, de modo que se salvaguarden los servicios que estos ofrecen a su ciudadanía”, dijo en declaraciones escritas. “Reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con los sectores público y privado para encontrar alternativas que faciliten la eliminación total del impuesto al inventario, mientras se protege la capacidad operativa de los municipios para ofrecer servicios esenciales a los ciudadanos”.
De igual forma, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez dijo que el veto al PC 420 crea “un escenario plagado de carga fiscal que encarece el hacer negocios en Puerto Rico, mientras se continúa penalizado la productividad y limitando la capacidad de las empresas para mantener inventarios adecuados”.
A su entender, el veto debe llegar acompañado de un compromiso de los alcaldes de no subir los impuestos.
“Es por ello que, esperamos sensatez de los gobiernos municipales para que se abstengan de tocar o practicar incrementos en las tasas anuales de este impuesto, como ha ocurrido por los últimos años”, afirmó en declaraciones escritas.
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