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Brandon Lewis preside la firma de ajustadores públicos Strategic Claim Consultants, cuya sede ubica en el estado de Georgia. (Suministrada)

El presidente de Strategic Claim Consultants (SCC), firma de ajustadores públicos que llegó a Puerto Rico después de los estragos que causó el huracán María, estima que las reclamaciones de seguro que aún faltan por resolverse son tantas que su empresa estará, por lo menos, durante los próximos cinco años en la isla.

Un ajustador público de seguros es aquel profesional que actúa en representación del asegurado, y lo ayuda en la evaluación, inventario y estimados de daños a la propiedad ante la aseguradora.

Brandon Lewis, presidente de la firma, indicó que su firma tiene 15 años de experiencia y ha estado defendiendo los intereses de los asegurados en catástrofes como huracanes, tornados, fuegos, terremotos e inundaciones en Florida, Texas, Chile, islas Caimán y el Caribe, entre otros. Para atender a los clientes en Puerto Rico traerá a una veintena de profesionales, de los cuales ya han llegado 12.

Lewis aclaró que el trabajo de un ajustador público no es lograr que la compañía de seguros le pague con prontitud al asegurado, sino que le pague lo justo. “Los ajustadores públicos no hacemos que la reclamación sea más rápida, pero por nuestra experiencia el pago que logramos es mayor”, sostuvo. Explicó que peritos visitan la propiedad afectada, toman fotos y hacen un inventario de los daños. La firma evalúa en detalle la póliza y entra la información de daños a un programa computarizado, donde se estiman los costos de reconstrucción de la propiedad.

El informe de cada cliente es voluminoso y puede tener unas 1,200 páginas de documentación. Esto porque es el asegurado quien debe probarle a la compañía de seguros la magnitud y cuantía de los daños que tuvo. “El diablo está en los detalles. Mientras más robusta sea la prueba y mejor documentes la reclamación, más aumentan las probabilidades de recibir un pago justo”, aseveró.

De otro lado, el presidente de SCC comentó que una de las diferencias que hay entre las pólizas de Puerto Rico y las de Estados Unidos es que las de aquí no tienen una cláusula de resolución de conflictos o arbitraje. Ello perjudica a los asegurados, según Lewis, pues la única opción que les queda es recurrir a los tribunales si no están de acuerdo con cómo la aseguradora resolvió la reclamación.

Lewis estima que su firma representará a unos 200 clientes, mayormente condominios que combinan comercios y unidades de vivienda, aunque también tiene como clientes a otros negocios, entre ellos instituciones educativas. Para aceptar un caso, la reclamación debería sobrepasar $1 millón.

Aclaró que el cliente no tiene que pagarle por adelantado al ajustador público, sino que la firma cobrará determinado porcentaje del monto total que pague la aseguradora. De ahí el interés del ajustador público de presentar un caso de reclamación sólido ante la compañíade seguros.

Si la aseguradora no paga, el ajustador público no cobra, afirmó el entrevistado.


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