A un año y cuatro meses del paso del huracán María, todavía muchos municipios y agencias gubernamentales aguardan a que las aseguradoras les paguen los daños reclamados, y hay quienes temen que estas no tengan la solvencia financiera para cubrir las reclamaciones pendientes.
El senador Carmelo Ríos denunció la semana pasada la dejadez con la que han actuado las compañías de seguro e instó a los alcaldes y al gobierno a entablar demandas contra ellas en los tribunales para gestionar el pago.
En entrevista con El Nuevo Día, Ríos indicó que a raíz de esa exhortación, ha recibido mensajes -no identificó de quiénes- en los que le han advertido que si los municipios demandan a las aseguradoras, algunas tendrían que declararse insolventes porque no adquirieron suficiente reaseguro y carecen de capacidad de pago.
“Si eso fuera así, falló la Oficina del Comisionado de Seguros en fiscalizarlas y las compañías que no puedan pagar (las reclamaciones) deberían estar fuera del mercado”, sostuvo Ríos.
Este puso en duda el que las aseguradoras hayan cerrado más del 95% de los casos como han dicho, ya que, según él, aún hay municipios, corporaciones públicas, agencias y condominios que están a la espera de que el seguro les pague.
Señaló Ríos que los municipios no se atreven demandar a las compañías de seguros porque estas han dicho que si lo hacen, los casos tardarían años en resolverse en el tribunal.
Carlos Molina, alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, indicó que los daños en su municipio alcanzaron los $20 millones, y hasta ahora, la aseguradora Multinational le ha pagado $2 millones. Esta semana, el municipio someterá información adicional que la aseguradora le ha pedido y confía en que poco después recibirá el pago.
“Esperamos poder llegar a un acuerdo razonable. Si la oferta no es justa, no descartamos ir al tribunal. Lo perfecto sería no tener que demandar, eso es peor porque esperar uno o dos años más no es fácil”, sostuvo Molina.
El senador Ríos mencionó que Cataño es otro de los municipios que aguarda por el pago. Los daños se estimaron inicialmente en $20 millones, pero la aseguradora le ofreció pagarle menos de una tercera parte -$6 millones-; y el alcalde contrató a un ajustador público, quien estimó los daños en casi $40 millones. Hasta ahora, la aseguradora no le ha pagado nada a Cataño, según Ríos.
El legislador señaló que las compañías de seguro están molestas y han tomado “una actitud de venganza” con aquellos municipios que han contratado ajustadores públicos para que les ayuden a estimar los daños y negocien los ajustes con el seguro. “Los ajustadores independientes alegan que los reclamos de los ajustadores públicos están incluyendo reclamos viejos de daños causados por otros huracanes”, dijo el senador. El ajustador independiente es el que trabaja para las aseguradoras.
Por su parte, el abogado José Nieto, socio local de la firma legal Weisbrod Matteis & Copley PLLC, señaló que casi ningún municipio o agencia de gobierno ha terminado el proceso de reclamación con las aseguradoras. “Uno pensaría que los que tienen las reclamaciones más grandes son los que deberían ser más diligentes en tratar de que les paguen. No lo hacen porque creen que FEMA pagará y no es así”, dijo Nieto, cuya firma ha radicado más de 400 demandas de individuos contra las aseguradoras por casos relacionados al huracán María.
“Los municipios tienen que demandar a las compañías de seguro porque si no lo hacen corren el riesgo de que FEMA no les reembolse el dinero”, agregó el letrado, uniéndose así al reclamo de Ríos.
Mientras, el senador expresó que su temor es que FEMA, de ahora en adelante, le vaya a imponer a la isla el estándar más alto en el proceso de reclamación, tal y como le sucedió a Hawái en el 2002. Añadió que no duda que eso ocurra, ya que el presidente Donald Trump ha dicho que Puerto Rico no necesita ayuda adicional para la reconstrucción.
