La cadena demandó al gobierno por entender que la Orden Ejecutiva no es clara lo que ha creado, según la empresa, una competencia desleal y discriminatoria contra la mayoría de los comercios en el país. ( Archivo)

A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

El gobierno de Puerto Rico solicitó al Tribunal que desetime la demanda que la compañía Kress radicó en su contra por entender que es “una queja”, que la Orden Ejecutiva 2020-038, objeto de la controversia, no es ambigua y que los daños que alega la cadena de ropa son especulativos e hipotéticos.

A juicio del gobierno, representado por la secretaria de Justicia, Dennise Longo, el remedio legal que tiene Kress es realizar una querella ante la Policía de Puerto Rico y/o la Policía Municipal, ya que “estos son los foros pertinentes para atender las violaciones a la Orden Ejecutiva”, lee parte de la moción de desestimación radicada hoy, viernes.

Kress demandó al gobierno por entender que la referida Orden Ejecutiva no es clara en cuanto a las actividades permitidas en los comercios que venden alimentos, lo que ha creado, según la empresa, una competencia desleal y discriminatoria contra la mayoría de los comercios en el país. Por ello, solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que emita un interdicto preliminar y permanente y una sentencia declaratoria.

Sin embargo, el gobierno en su respuesta al Tribunal indicó que “lo que Kress plantea y solicita de esta Honorable Curia es una opinión consultiva, basada en una queja—no existe una verdadera controversia a ser resuelta por este Honorable Foro”.

Agregó Longo que dicha Orden Ejecutiva no es ambigua, como alega Kress. “Nada puede ser más erróneo, pues lejos de ser vaga, la Orden Ejecutiva es sumamente específica en cuanto a las tiendas que pueden abrir y lo que se puede vender y comprar presencialmente”.

Kress no puede tener duda en cuanto a qué tipo de negocio puede operar presencialmente ni qué artículos se pueden vender; tampoco puede tener duda en cuanto a si puede abrir su negocio de venta de ropa al detal. Kress más bien presenta una queja al Tribunal en cuanto a “ciertos comercios” que además de dedicarse a la venta de alimentos—por ser tiendas por departamentos—alegadamente venden otros artículos que no son de primera necesidad, como ropa”.

Asimismo, señaló que Kress carece de legitimación activa para solicitar una sentencia declaratoria, pues “los alegados daños aún no han sucedido—es una posibilidad hipotética de la parte demandante. En otras palabras, la parte demandante no ha sufrido un daño real, claro y palpable”.

Por esas razones, el gobierno le expresó a la juez que “resulta forzoso concluir que este Ilustrado Tribunal debe desestimar el caso de epígrafe por tratarse de un asunto que no es justiciable en virtud de la doctrina de cuestión política y la parte demandante busca obtener una opinión consultiva. La intervención indebida de este Foro no solo sería una injerencia inválida en las prerrogativas constitucionales de otra rama, sino que constituiría un ejercicio de imprudencia judicial al pasar un juicio sobre la política pública adoptada por la Gobernadora”.


💬Ver 0 comentarios