Aun con el aval del Departamento de Justicia federal (DOJ) y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la fusión de T-Mobile y Sprint, ascendente a $26,500 millones, encara una demanda federal sometida por 15 estados y el Distrito de Columbia, así como la oposición del sindicato Communications Workers of America (CWA) y una coalición de entidades de interés público.
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