Aun con el aval del Departamento de Justicia federal (DOJ) y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la fusión de T-Mobile y Sprint, ascendente a $26,500 millones, encara una demanda federal sometida por 15 estados y el Distrito de Columbia, así como la oposición del sindicato Communications Workers of America (CWA) y una coalición de entidades de interés público.
El juicio de la demanda está señalado para el 9 de diciembre, mientras que las empresas han expresado la expectativa de finiquitar la fusión antes de que termine 2019.
A juicio del abogado Omar Martínez, con extensa experiencia en el campo de las telecomunicaciones, aunque la demanda multiestatal pueda retrasar el proceso de fusión, “es más posible que las agencias federales terminan autorizándola y que la decisión final quede en manos de los tribunales, una vez el DOJ y la FCC la aprueben”.
El principal ejecutivo de T-Mobile, John Legere, dijo en la teleconferencia que siguió a la divulgación de los resultados financieros del segundo trimestre que la compañía “ha tenido conversaciones con muchos de los estados involucrados” en la demanda y se expresó seguro de que llegarían a acuerdos.
Entre las 16 jurisdicciones demandantes, figuran mercados poderosos que combinan ciudades muy pobladas con amplias extensiones rurales, como California, Nueva York y Texas.
En esa línea, una fuente con peritaje legal, pero que pidió reservar su identidad por no estar autorizada a emitir comentarios, apuntó a que el pleito podría tener la intención de “conseguir ciertas concesiones” que atiendan inquietudes particulares de cada estado.
“Es una forma de lograr que cuando llegue el acuerdo final de la FCC les den ciertas protecciones”, planteó.
Sin embargo, en este caso, la fuente le auguró pocas posibilidades de éxito a la demanda multiestatal porque, de acuerdo con la información que ha trascendido, las inquietudes de un potencial efecto anticompetitivo ya el DOJ y la FCC las han atendido. Por ejemplo, tanto Sprint como T-Mobile están supuestos a vender a DISH Network sus operaciones en el mercado de prepago. Esto incluye tiendas, empleados y clientes, así como activos como torres y antenas, además de parte del inventario de espectro en la frecuencia 800 MHz.
¿Impacto en Puerto Rico?
Sobre las posibles implicaciones de que la fusión no se logre finiquitar en 2019, como las empresas han indicado que es su objetivo, Martínez opinó que -dada la poca extensión de Puerto Rico y que T-Mobile públicamente ha dicho que su futuro 5G incluirá la montaña- “noveo por qué se tenga que afectar Puerto Rico”.
Contrastó que, en cambio, en Estados Unidos ambas empresas han expresado que necesitan unir recursos financieros, de espectro y de personal para poder lograr un despliegue amplio de 5G.
Lo que para el abogado no queda claro es que pasaría con las operaciones de Boost Mobile en Puerto Rico, si se da lafusión con las condiciones acordadas con DOJ. Esto responde a que localmente Boost Mobile, según el récord público, es 68% propiedad de Sprint y 32% de Open Mobile. Estas dos compañías juntaron fuerzas después del huracán María para convertirse en PR Wireless.
“No está claro si T-Mobile sería dueño de ese 68% o si pasaría a DISH”, subrayó. Tampoco se sabe en manos de quién quedaría la red local de Sprint, porque con ella actualmente se conecta su mercado por contrato, pero también a los clientes de prepago bajo la marca Boost.
