University of Phoenix (UOP) y su empresa matriz, Apollo Education Group, acordaron un monto récord de $191 millones para resolver los cargos de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) debido a que utilizaron anuncios engañosos que falsamente promocionaban relaciones y oportunidades de trabajo con compañías como AT&T, Yahoo!, Microsoft, Twitter y la Cruz Roja Americana.
Según el acuerdo resolutorio, que fue aprobado unánimemente por la FTC, la UOP pagará $50 millones en efectivo y eliminará $141 millones en deudas a la escuela por parte de los estudiantes que fueron perjudicados por los anuncios engañosos.
“Este es el acuerdo más grande que la Comisión ha obtenido en un caso contra una universidad con fines de lucro”, dijo Andrew Smith, director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC. “Los estudiantes que toman decisiones importantes sobre su educación necesitan hechos reales, no oportunidades laborales de fantasía que no existen”.
Lo que la FTC alega en su demanda
La FTC alegó que la UOP y Apollo se basaron, en gran medida, en publicidad para atraer a los estudiantes, incluidos anuncios específicos dirigidos a consumidores militares e hispanos.
Los anuncios de las compañías mostraban a empleadores como Microsoft, Twitter, Adobe y Yahoo!, dando la falsa impresión de que la UOP trabajaba con esas compañías para crear oportunidades de trabajo para sus estudiantes y adaptaba sus planes de estudios para dichos trabajos.
En realidad, estas compañías nunca se asociaron con la UOP para brindar oportunidades de trabajo especiales para los estudiantes de la UOP ni para desarrollar un plan de estudios. En cambio, la UOP y Apollo seleccionaron a esas compañías para sus anuncios como parte de una estrategia de mercadeo para impulsar el posible interés de los estudiantes, alega la FTC.
Además de promocionar falsamente las relaciones con esas compañías, los demandados también tergiversaron que compañías, como Avis, MGM, Newell Brands y Sodexo trabajaban con la UOP para desarrollar sus cursos, según la queja de la FTC.
La queja, además, alega que la publicidad engañosa y los materiales de marketing de la UOP estaban dirigidos a miembros del servicio militar activo, veteranos y cónyuges de militares, y que la compañía ha sido la mayor receptora de beneficios de la Ley GI Post 9/11 desde el inicio del programa.
Lo que el acuerdo significa para los consumidores
El acuerdo resolutorio requiere que la UOP pague $50 millones a la Comisión, que se utilizarán para la reparación de los pagos hechos por los consumidores y para la eliminación de aproximadamente $141 millones en deudas a la UOP por parte de exalumnos que se matricularon por primera vez durante el período en que los consumidores probablemente estuvieron expuestos a la publicidad engañosa de la UOP.
El acuerdo resolutorio también requiere que la UOP solicite que las agencias de informes del consumidor eliminen esa deuda de los informes crediticios de los consumidores, y prohíbe a la UOP hacer declaraciones falsas en sus anuncios sobre cualquier producto o servicio educativo.
La orden también prohíbe que la UOP deniegue el acceso a diplomas o transcripciones basadas en cualquier deuda perdonada por la orden propuesta. Por último, la UOP debe proporcionar una notificación por escrito a los consumidores que reciban la condonación de deudas según la orden propuesta.
Este acuerdo resolutorio no afectará las obligaciones de préstamos federales o privados de los prestatarios estudiantiles. Los prestatarios que buscan reducir sus pagos mensuales de los préstamos federales pueden obtener información gratuita del Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre los planes de pago basados en los ingresos, y aquellos que creen que han sido defraudados o engañados pueden solicitar la condonación del préstamo a través de los procedimientos de Defensa del Prestatario para el Repago .
Solicitar estos programas no cuesta nada. Los estudiantes prestatarios deben evitar las estafas de alivio de la deuda que cobran miles de dólares por servicios que están disponibles de forma gratuita.
El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda y la orden acordada de carácter final fue 4-0-1, con la comisionada Christine S. Wilson recusada.
