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Las expresiones de García Padilla incomodaron a algunos acreedores, quienes de inmediato plantearon que la comunidad inversionista está dispuesta a negociar. (GFRMedia)

Pese a la decisión del gobernador Alejandro García Padilla de legislar de súbito una ley de moratoria que les perjudica, representantes de los principales bonistas de la Isla están disponibles para llegar a un acuerdo con Puerto Rico a fin de dar un alivio en el pago de la deuda pública, evitar un cierre del Gobierno y sobre todo, alejar a la Isla de un impago masivo, lo que afectaría su desarrollo económico por años, si no por décadas.

Más aún, los entrevistados recordaron a El Nuevo Día que presentaron propuestas hace semanas o meses y que estas darían un respiro financiero al Gobierno, lo que a su vez, permitiría hacer la reformas necesarias para reactivar la economía.

Ayer, este diario reveló que un memorando interno del Departamento de Hacienda y discutido durante un litigio entre Hacienda y Walmart indica que, si Puerto Rico no logra un acuerdo con los bonistas antes del próximo 1 de mayo, el Gobierno quedaría sin dinero para operar en los próximos 12 meses.

De igual forma, el jueves este diario citó a García Padilla, quien tras firmar la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, indicó que llevaba nueve meses pidiendo a bonistas y otros grupos que se sentaran a la mesa para encontrar una solución a la crisis fiscal.

Las expresiones de García Padilla incomodaron a algunos acreedores, quienes de inmediato plantearon que la comunidad inversionista está dispuesta a negociar.

Notas sobre moratoria

Empero, el principal asesor en reestructuración del Gobierno, Jim Millstein, dijo a este diario que, aunque “constructivas”, las propuestas presentadas por los distintos grupos de acreedores “están pensadas para proteger los intereses de los bonistas y no para proteger a Puerto Rico como un todo”.

Siempre dispuestos

“El gobernador dijo hace nueve meses que la deuda de Puerto Rico es impagable y desde ese mismo momento, los bonistas siempre han estado dispuestos a negociar de buena fe y trabajar en conjunto para encontrar una solución positiva”, indicó una fuente con conocimiento directo de las conversaciones que encabeza Millstein junto a Cleary Gottlieb y casi una decena de grupos de acreedores que incluyen fondos institucionales, fondos de cobertura de riesgo, cooperativas y aseguradoras municipales, entre otros.

“Instamos a los líderes de Puerto Rico a unirse a los bonistas para evitar un impago el próximo 1 de julio de 2016”, subrayó Andrew Rosenberg, de la firma Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison y quien asesora a bonistas de Obligaciones Generales (Ad Hoc-GOs). 

La oferta del Ad Hoc-GOs

Esta semana, el grupo que posee la deuda con la mayor protección constitucional, dio a la luz pública su propuesta, alegando que esta daría a Puerto Rico unos cinco años de moratoria en el pago de principal.

Junto a la suspensión temporal en el pago de principal, el grupo prestará $750 millones al Gobierno para que este no se vea obligado a incumplir en el pago de su deuda constitucional.

La propuesta, según fuentes de este diario, se habría concretado por la intervención del analista puertorriqueño Julio Cabral Corrada. El analista, quien labora para el fondo de inversiones Stone Lion Capital, habría servido casi de intermediario entre el liderado político en la Isla y Wall Street.

Sin tiempo para un acuerdo

“La estructura del superbono es muy complicada y no va a dar tiempo para negociarse antes del 1 de julio y esa propuesta del grupo de GOs puede ser la solución”, subrayó la fuente al indicar que no ofrecería su nombre por participar de las negociaciones.

Los principales bonistas de Puerto Rico -OppenheimerFunds y Franklin Advisors- respaldaron la oferta del grupo Ad Hoc-GOs, que también está integrado por los fondos de cobertura de riesgo Monarch Alternative Capital, Fundamental Advisors y Stone Lion Capital, entre otros.

Oppenheimer y Franklin poseen unos $10,000 millones de toda la deuda emitida por Puerto Rico y han mantenido una relación con la Isla que alcanza dos décadas.

Por su parte, el experto en el mercado municipal Héctor Negroni, cofundador de Fundamental Credit Opportunities, reiteró la disponibilidad de los acreedores a llegar a acuerdos.

“Aunque el propio análisis del Grupo de Trabajo Fiscal y los asesores del Gobierno prueba que hay dinero para pagar la deuda constitucional y la Constitución obliga a pagarla, los acreedores entendemos la precaria situación de liquidez del Gobierno y aceptamos el llamado del gobernador para negociar de buena fe y ayudar a Puerto Rico”, dijo Negroni, quien esta semana catalogó la Ley de Moratoria como “prematura e innecesaria”.

Los bonistas de Cofina

“Sí, estamos interesados en llegar a un acuerdo con Puerto Rico”, indicó por su parte Susheel Kirpalani, abogado de la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y quien asesora a parte de los acreedores de la Corporación para el Financiamiento a la Venta (Ad Hoc-Cofina).

El grupo Ad Hoc-Cofina presentó su propuesta el pasado 4 de febrero.

“Nuestra propuesta habría dado a Puerto Rico la liquidez que necesita de una manera consistente con el conjunto de disposiciones de Cofina y todavía estamos disponibles a proveer esa liquidez. Así lo reiteramos a los asesores de reestructuración del Gobierno de Puerto Rico (ayer) en la mañana”, agregó Kirpalani.

Las cooperativas

Puerto Rico no solo ha recibido ofertas de Wall Street.

El año pasado, un grupo de 25 cooperativas de ahorro y crédito (G25) se organizó para proteger el patrimonio de los cooperativistas, siendo el único grupo que negocia activamente como bonista residente en la Isla. El sector posee unos $1,300 millones de bonos del Gobierno.

“La posición de las cooperativas de Puerto Rico siempre ha sido y continúa siendo llegar a un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico y las alternativas que hemos presentado son opciones razonables y adecuadas”, sostuvo José Sosa Lloréns, quien representa al grupo junto con la firma Ramírez & Co.

Recientemente, El Nuevo Día reseñó la propuesta del sector que se ha dado a conocer como la propuesta “entry-point” y que incluso recibió loas de la organización cooperativa internacional más grande del mundo.

Esta semana, el sector urgió enmendar la Ley de Moratoria, pues esta podría dejar en precario al sector si no se protege como parte del sistema financiero de la Isla.

Un enfoque abarcador

Pese a la multiplicidad de ofertas, desde la perspectiva del Gobierno, estas son insuficientes.

En esencia, según fuentes de este diario, las propuestas que otorgan financiamiento para servir la deuda son otra variante de la práctica de refinanciamiento de deuda (“scoop & toss”) que Puerto Rico utilizó por años y en algunos casos, la Isla pagaría intereses más altos que los que paga en la actualidad. Otro escollo, explican las fuentes, es que las propuestas implicarían pagar a unos bonistas primero y no pagar a bonistas subordinados sino hasta años después.

Pero sobre todo, según Millstein, las ofertas sobre la mesa no son factibles porque estas no pueden integrarse a una transacción abarcadora.

“Lo que queremos lograr es una solución abarcadora y equitativa entre los distintos acreedores y hasta ese momento, ellos no aceptan una reestructuración abarcadora”, dijo Millstein.

Según el experto en reestructuraciones, las ofertas en la mesa solo ofrecen una solución “parcial” y por ende, no ofrecen una solución “duradera y tampoco brindan estabilidad a la economía” de la Isla.

“Puerto Rico necesita una solución que sirva en el largo plazo, que simplifique una estructura de deuda muy complicada con 18 emisores distintos y que pueda ayudar a esta administración y a las siguientes administraciones. Eso es lo que queremos lograr”, sostuvo Millstein.


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