En la foto, John Couriel, abogado en la firma Kobre & Kim y el investigador especial asignado por la Junta de Supervisión Fiscal para rendir el informe de la deuda gubernamental de la isla (semisquare-x3)
En la foto, John Couriel, abogado en la firma Kobre & Kim y el investigador especial asignado por la Junta de Supervisión Fiscal para rendir el informe de la deuda gubernamental de la isla. (GFR Media)

Nota del editor: Este es el segundo de varios artículos acerca del Informe Investigativo Final sobre de la deuda de Puerto Rico, preparado por la firma Kobre & Kim, por encomienda de la Junta de Supervisión Fiscal.

El informe del investigador especial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no habrá fijado responsabilidades específicas sobre entidades o individuos que fueron parte en el endeudamiento de la isla, pero ya se convierte en un semillero de litigios y en otra oportunidad para que miles de inversionistas recuperen lo perdido, particularmente con los bonos y fondos mutuos cerrados de la isla, opinó la abogada experta en valores, Verónica Irizarry.

“Aquí habrá litigios por hasta diez años”, dijo Irizarry haciendo referencia al documento de 608 páginas publicado el mes pasado.

Citando a testigos de UBS Financial Services, Santander Securities, Popular Securities y documentos provistos por estas firmas, entre otras fuentes, Kobre & Kim concluyó que los fondos mutuos cerrados concentrados en valores de Puerto Rico, su pobre fiscalización por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la no aplicación de la Ley federal de Valores de 1940 y las estrategias de apalancamiento que se utilizaron contribuyeron al colapso financiero de Puerto Rico.

El mercado de los fondos mutuos cerrados de Puerto Rico se discute en la undécima parte del informe de Kobre & Kim sobre la deuda de Puerto Rico y que responde a un pesquisa bajo la ley federal Promesa ordenada por la JSF.

Escape al mercado 103

Según el informe de Kobre & Kim, entre la década de 1990 y el 2015, se vendieron en Puerto Rico unos $16,000 millones del total de la deuda emitida por el gobierno. Es decir, de cada $1 que Puerto Rico emitió en bonos, unos 22 centavos se vendieron a inversionistas locales.

En síntesis, explica Kobre & Kim, bancos de inversiones como UBS Financial Services en Puerto Rico y Santander Securities tomaron prestado para que sus fondos mutuos cerrados compraran la deuda que emitía el gobierno mientras instaban a sus clientes a hacer lo propio. Esto, luego de ganar millones estructurando la deuda que el gobierno interesaba vender.

“Nuestra investigación reveló que Santander y UBS-PR sacaron beneficios financieros de todas las etapas del proceso (de deuda), desde estructurar los bonos a manejar los fondos mutuos cerrados que contenían esos bonos”, reza el informe, al tiempo que subraya que el rol que jugó UBS era tal que este “empequeñecía en tamaño a los demás bancos en la isla”.

La casa de inversiones, con sede principal en Suiza, encabeza la lista de reclamaciones ante la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) de inversionistas que alegan mala asesoría, seguida por Santander Securities y Popular Securities, también reseñadas en el informe.

Además, mientras a nivel federal se restringía el tipo de bonos municipales libres del pago de impuestos bajo la sección 103 del Código de Rentas Internas federal, en Puerto Rico, el gobierno tenía carta blanca para emitir deuda exenta. Esto, pudo significar que a nivel local se vendieran valores con mayor riesgo, pero pagando menos intereses que la deuda emitida a nivel continental.

“Si una emisión no cualificaba para la exención contributiva en el continente, Puerto Rico tenía una alternativa única: este podía y así lo hizo, emitir estos bonos en una base triplemente exenta a los residentes de Puerto Rico”, reza lapágina 338 del reporte.

Estas prácticas se adoptaron al tiempo que la evidencia apunta, según Kobre & Kim, a que las firmas manipularon el precio de las acciones de los fondos mutuos cerrados, haciendo creer que su valor era más alto que la realidad.

“Sin los fondos mutuos cerrados locales como comprador institucional de bonos en el agregado y como conducto hacia el mercado de inversionistas individuales a través de las ventas subsecuentes de las acciones de los fondos mutuos cerrados, habría sido improbable que estas emisiones hubieran llegado al mercado”, indicó Kobre & Kim haciendo referencia a los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés).

A oscuras el inversionista

Además, en su página 343, el informe destaca que habida cuenta la naturaleza del mercado de inversiones local, la poca claridad de las finanzas del gobierno y la existencia “generalizada e inescapable” de transacciones entre entidades afiliadas en todos los niveles y que nadie prohibía, las divulgaciones financieras en estos instrumentos “no fueron suficientes para proteger a los inversionistas de Puerto Rico”.

“Es claro que el objetivo de venta eran los individuos”, dijo Irizarry.

En el informe, Kobre & Kim también destaca que los fondos mutuos cerrados facilitaron que inversionistas con poco dinero entraran en una situación de riesgo con los bonos de la isla. Esto, porque las cantidades de dinero que se necesitaban para comprar acciones en los fondos mutuos cerrados eran más bajas que la inversión mínima requerida para comprar un bono del gobierno si es que dicho instrumento estaba disponible.

Aparte de las querellas ante Finra, Irizarry explicó que existen al menos dos demandas de clase. A ello, dijo Irizarry, se agregan los litigios del Título III y otros pleitos que pueden surgir, en especial, luego del fallo judicial que ha propiciado que el gobierno deje de pagar los POBs.

La abogada se mostró confiada en que el reporte también ayude a que se adopte legislación para otorgar más protecciones a los inversionistas de edad avanzada en la isla.

El rol del gobierno

De acuerdo con Irizarry, los investigadores de la JSF tampoco libraron de responsabilidad al gobierno por lo sucedido.

El informe destaca, por ejemplo, que la OCIF supervisaba diversos aspectos de los fondos mutuos cerrados, pero el regulador delegaba en “los directivos independientes” de estos fondos el cumplimiento de la normativa en el tema, según “los mejores intereses” de sus accionistas.

De otra parte, aunque Kobre & Kim sostuvo que no pudo establecer si en Puerto Rico, había otros productos de inversión que compitieran efectivamente con los fondos mutuos cerrados, el informe parece adjudicar a los inversionistas locales una cuota de responsabilidad. Esto, al plantear que los ahorristas locales preferían valores que les dejaran ingresos libres de impuestos.

En ese aspecto, Irizarry levantó bandera. Explicó que mientras es totalmente legítimo que un inversionista muestre interés por valores que le dejen ingresos libres de impuestos, lo irrefutable es que los inversionistas no fueron informados de los riesgos que estos valores altamente concentrados en bonos de Puerto Rico representaban.

“La mayor parte de mis clientes son personas de 70 años, de 90 años. Eso significa que cuando estas personas comenzaron a invertir, algunos ya estaban retirados, por lo que estamos hablando de un nivel de riesgo conservador”, dijo Irizarry. “Además, el que seas médico o abogado no te convierte en un inversionista sofisticado”.


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