La junta de directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) designó ayer a José Santiago Ramos como director ejecutivo interino de la agencia hasta que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares nomine a alguna persona para ocupar el cargo en propiedad.
Ayer, la oficina de Comunicaciones de Aafaf informó a El Nuevo Día que la designación de Santiago Ramos permitirá la continuidad de los trabajos en la agencia, luego de que su pasado director ejecutivo, Christian Sobrino Vega, se viera forzado a renunciar al cargo durante el fin de semana.
Ello, por la participación del abogado en un chat que el gobernador encabeza en la plataforma de mensajería Telegram y en el que se intercambiaron comentarios ofensivos y burlas de funcionarios gubernamentales, líderes políticos, periodistas, mujeres y la comunidad LBGT al tiempo que se discutían asuntos oficiales, se articulaban estrategias de corte político y se compartía información privilegiada y confidencial con personas que no eran empleados públicos.
El documento de 889 páginas y que recoge los intercambios de sus 12 integrantes entre los meses de noviembre de 2018 a enero de 2019, se dio a conocer el sábado pasado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
En esas páginas, Sobrino Vega, preguntó al exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, si le gustaba “la parte de los cinco gatos en Hato Rey” en aparente referencia a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). A ello, Rosario respondió “te faltó hablar de tu gatita Jaresko”, en referencia a la directora ejecutiva de la JSF.
Sobrino Vega también compartió en el chat información “confidencial” sobre asuntos que se discutían con la JSF e incluso, acerca de edificios del gobierno que estarían a la venta.
La Aafaf aseguró a El Nuevo Día que las negociaciones con diversos grupos de acreedores para renegociar la deuda no sujeta al Título III de Promesa continúan.
Si bien Santiago Ramos toma las riendas de la Aafaf, desde el pasado sábado, el gobierno no tiene un representante ante la JSF, pues esa responsabilidad estaba en los hombros de Sobrino Vega. Los cargos de principal oficial financiero (CFO) y la dirección interina de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) continúan vacantes justo cuando la JSF se apresta a radicar el plan de ajuste del gobierno central ante la jueza Laura Taylor Swain, quien encabeza la bancarrota de la isla en el foro judicial federal.
Fuentes de este diario aseguran que grupos de acreedores que negocian directamente con la JSF continúan negociando activamente con el organismo fiscal de cara a la radicación del plan.
Si bien el gobierno asegura que las negociaciones continúan, la lectura para analistas fuera de la isla es que lo ocurrido no abona a la confianza de los inversionistas.
“Ahora mismo, parece que había un número de conflictos de interés y eso no es necesariamente bueno para la confianza de los inversionistas”, dijo al servicio de noticias Bloomberg, Dennis Derby, quien gestiona unos $39,000 millones en deuda municipal para Wells Fargo Asset Management y que incluye unos $2,000 millones en bonos de Puerto Rico pagaderos con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU).
“Tú te preguntas qué controles están funcionando”, sostuvo Derby.
