El panel de árbitros de Finra estableció que un inversionista de Puerto Rico puede reclamar por espacio de 15 años cuando exista una causa de acción por incumplimiento de contrato. (GFR Media)

Mientras se acerca el fin del período de seis años para reclamar pérdidas en valores, la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) ha otorgado más compensaciones a bonistas locales que habrían sido mal asesorados a la hora de invertir en bonos y fondos mutuos de Puerto Rico.

En los tres laudos más recientes, el autorregulador de los asesores financieros y casas de corretaje concedió en conjunto indemnizaciones de sobre $10 millones a casi una decena de bonistas de la isla, según el registro de Finra.

Empero, en una de las tres resoluciones y en un desarrollo al parecer, novel, los árbitros de Finra establecieron que a la hora de adquirir algún instrumento de inversiones y se produzca un incumplimiento de contrato, el inversionista de Puerto Rico podrá reclamar daños por un período de hasta 15 años.

Se trata del caso de Finra de los inversionistas José E. Blanco Garrido, Cynthia Blasini y otros, con la numeración 17-02354, y en el cual el panel de árbitros integrado por Richard J. Kaplan, Cheryl E. Winton y Karen J. Orlin emitió su decisión incorporando en ella, a su vez, un fallo reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Los árbitros concedieron a Blanco Garrido y otros una compensación de $4.25 millones, así como el pago de intereses sobre esa suma por cinco años, a razón de 6.25%, al igual que $170,000 en costes de abogados.

El demandado fue UBS Financial Services of Puerto Rico. La defensa de los inversionistas estuvo a cargo de los abogados Robert Wayne Pearce y Adam Kara-Lopez, con oficinas en el estado de la Florida y Julio C. Cayere-Quidgley, con oficinas en Puerto Rico.

En ese caso, que se radicó ante Finra en el 2017, en lugar de aplicar el plazo de dos años que establece la Ley Uniforme de Valores o seis años para radicar una reclamación ante Finra, los árbitros establecieron que cuando exista una causa de acción por incumplimiento de contrato, el perjudicado tendría oportunidad de reclamar durante un período de 15 años.

La decisión del Supremo

De esa forma, Finra reconoció en sus procesos de arbitraje una sentencia de la jueza asociada Mildred G. Pabón Charneco, emitida en mayo pasado, en el caso Méndez Moll versus Axa Equitable Life. El litigio tiene como epicentro la aplicabilidad de la Ley Uniforme de Valores y en particular, la conveniencia o adecuación de la anualidad variable como instrumento de inversiones para una persona de edad avanzada interesada en liquidez y proteger su capital.

Aunque el Supremo devolvió la controversia al Tribunal de Primera Instancia para que el matrimonio demandante demuestre, en su día, si tiene la razón, el alto foro estableció que existen otros remedios, aparte de los establecidos en la Ley de Valores, para reclamar daños. Ese sería el caso de una causa civil por incumplimiento de contrato, cuando “un vendedor de valores viola algún deber fiduciario, regla o regulación de las entidades que regulan la industria de valores que se ha comprometido a observar”.

La decisión de los árbitros de Finra abre una nueva avenida para aquellos inversionistas que pudieron ser objeto de un incumplimiento de contrato por parte de quienes les asesoraron a la hora de invertir en bonos y otros valores de Puerto Rico, una situación que desde la caída de los bonos de la isla en el 2013, ha sido la razón para miles de reclamaciones ante Finra e investigaciones locales y federales.

$600 millones en pagos

Aparte del reclamo encabezado por Blanco Garrido, en julio pasado, los inversionistas Esther Mudafort y Roberto, Adriana y Camelia Fuertes también prevalecieron en otro reclamo contra UBS.

En ese caso, los abogados Scott Greco (Greco & Greco en Virginia), Luis E. Miñana (Espada Miñana & Pedrosa Law Offices) y Eric Quetglas Jordán (Quetglas Law), estos últimos con oficinas en Puerto Rico, alegaron con éxito ante los árbitros de Finra que sus clientes habrían sido víctimas de fraude, incumplimiento de contrato, falsas representaciones y omisiones, entre otros, a la hora de comprar bonos de Puerto Rico, acciones de los fondos mutuos cerrados que maneja UBS en la isla y el uso de líneas de crédito no solicitadas para comprar más instrumentos de inversión en las cuentas de los inversionistas.

Los reclamantes solicitaron unos $12 millones en daños totales, pero el panel de árbitros integrado por Lynne T. Albert, Douglas Earl McLaren y Robert G. Falbisaner, quien solo habría disentido en la cuantía del laudo, les concedió casi $4.9 millones en daños y costos.

También en julio pasado, los árbitros de Finra, Jill Pilgrim, Constance P. Barr e Irlanda Ruiz, concedieron a Isabel Litovich-Quintana y José A. Torres, una compensación de daños de $261,420 e intereses sobre esta suma de 0.1% por poco más de un año, pero también le impuso sanciones monetarias de $3 millones a favor de Litovich-Quintana y Torres. Esto, porque la casa de corretaje demandada -Morgan Stanley- no proveyó los documentos necesarios para que los afectados pudieran presentar su caso, lo que a su vez, habría facilitado un proceso de arbitraje razonable, a pesar de dos órdenes emitidas por los árbitros que vieron el caso.

Los inversionistas -representados por Jeffrey Erez, de Sonn & Erez, en Miami, Florida, y Eliezer A. Aldarondo-Lopez, de Aldarondo & Lopez-Bras en Guaynabo- solicitaban $14 millones en daños y honorarios de abogados.

Hasta mayo pasado, los casos de mala asesoría en inversiones asociados a los bonos y fondos mutuos cerrados de Puerto Rico totalizaban 3,558 reclamaciones, según Securities Litigation & Consulting Group (SLCG).

De acuerdo con el análisis de la firma, presidida por Craig J. McCann, y que lleva varios años siguiendo los casos de mala asesoría en inversiones de la isla, hasta mayo pasado, el monto de compensaciones y acuerdos asociados al colapso de los bonos y fondos mutuos de Puerto Rico rondaba $600 millones. Empero, esa cifra, podría alcanzar $1,500 millones, a medida que se resuelvan las controversias todavía pendientes y que hasta mayo pasado, totalizaban unos 1,518 casos.


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