Al centro, la abogada Verónica Rivera Torres, de la entidad sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico. (Suministrada)

“Yo no me atrasé en los pagos porque quería. Pero te tratan como que ‘tú quisiste atrasarte, es problema tuyo, ahora yo tengo que recobrar mi dinero o la casa’. Hay muy poca sensibilidad y empatía”.

Con estas palabras, Rita Pabón, de 44 años y residente de San Juan, recuerda lo vivido en los últimos dos años durante un proceso de ejecución hipotecaria que le llevó a estar a punto de quedar sin techo, luego de enfrentar al mismo tiempo una delicada situación de salud y la pérdida de su empleo. En esa propiedad de tres unidades de vivienda, residía con su madre, su esposo, una hija con su bebé y un hijo con su esposa y dos niños.

Su caso está lejos de ser el único. Ilustra las situaciones particulares que enfrentan las mujeres y que pueden hacerlas más vulnerables ante procesos de mitigación de pérdidas y ejecución hipotecaria, según se desprendió del foro “¿Cómo afecta la crisis hipotecaria a las mujeres?”, que tuvo lugar ayer en San Juan durante la Convención Anual del Colegio de Abogados y Abogadas.

No es solamente por ser mujer, sino por lo que significa ser mujer en Puerto Rico”, planteó la abogada Verónica Rivera Torres, de la entidad sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico. A modo de ejemplo, mencionó que “en un proceso de pérdida del hogar, si mamá es custodia de sus hijos, eso le da un peso adicional porque ella no se puede mover a cualquier sitio”.

Otros ejemplos de lo que significa ser mujer en la isla están en cifras. La sicóloga Tania García Ramos, del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, informó que, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en 2018 la tasa de desempleo en mujeres fue de 9.4%, o 0.4 punto porcentual más alta que en hombres. En cuanto a la participación laboral, en féminas la tasa fue de 33.2%, o 15.7 puntos porcentuales menor que la tasa de 48.9% en varones.

Agregó que de 2012 a 2016, según datos del Negociado Federal del Censo, en la isla hubo 296,865 mujeres jefas de familia, de las cuales un 58.6% vivía bajo el nivel de pobreza. De las jefas de hogares con hijos, el 69.9% estaba bajo el nivel de pobreza.

De acuerdo con la sicóloga, al tener mayores tasas de desempleo, menor participación laboral y altos niveles de pobreza, “puede haber una mayor probabilidad de que mujeres pierdan sus casas y de que tengan menos acceso a comprar vivienda”.

“En los casos de violencia doméstica y de divorcio, están en una vulnerabilidad mayor que los hombres”, añadió García, “sobre todo, si la mujer depende económicamente del hombre o si este tiene la principal fuente de ingresos, la mujer va a tener menos medios económicos para retener el hogar”.

El abogado José Velázquez Grau resaltó que en la mediación compulsoria (reunión que por ley se requiere realizar una vez iniciado el proceso de ejecución hipotecaria de una residencia principal), no existen protocolos de qué hacer en caso de violencia de género. Por eso, se puede dar el caso de que, si la vivienda está a nombre de ambos miembros de la pareja, los citen a la misma mediación aunque haya una orden de protección contra una de las partes.

También se dificultan los procesos si, por ejemplo, el agresor deja de aportar al pago de la hipoteca o se niega a cooperar con el proceso de mitigación de pérdidas o “loss mitigation”, apuntó Rivera. Informó que existen bancos que no exigen que todos los deudores de un préstamo soliciten la mitigación de pérdidas, aunque la presencia de todos será necesaria para pactar los acuerdos finales. Añadió que si la persona agresora no coopera, la sobreviviente puede solicitar un remedio al tribunal para obligarla a cooperar o para que el proceso continúe sin su participación.

“Hace falta trabajar la ejecución de hipotecas de manera integral y reconocer que no impacta a todos por igual”, dijo la abogada.

En el caso de Pabón, la enfermedad y el desempleo la llevaron a incumplir sus pagos y a recibir en agosto de 2017 el emplazamiento para notificarle de la ejecución. “Cuando vino el emplazador, me dijo que no contestara la demanda y que fuera la división de Mitigación de Pérdidas del banco”, relató.

Entregó los documentos que le solicitaron. Cada vez que iba al banco a preguntar por el estado de la solicitud, le decían que estaba bajo evaluación y le pedían más documentos.

Así siguió hasta febrero pasado, cuando fue notificada de que como no respondió la demanda, el tribunal falló en su contra y el banco radicó una moción solicitando remover a Pabón del hogar. Mitigación de Pérdidas nunca respondió su solicitud.

“Te mandan a guardar reposo y estar tranquila después de una operación, pero no es fácil descansar si perdiste tu casa. Te levantas llorando por las noches pensando en eso”, recordó.

La mujer acudió a Ayuda Legal de Puerto Rico, entidad que asesoró a Pabón para que pudiera defenderse por derecho propio. “Yo tenía miedo de que llegaran los alguaciles a sacarme de la casa. Me dijeron que si no hay una orden de un juez diciendo la fecha en la que vas a ser lanzada del hogar, no vas a ser lanzada”.

Además de probar que el banco no debió iniciar el proceso legal de ejecución sin antes responder su solicitud debidamente documentada de mitigación de pérdidas, Pabón obtuvo del tribunal tiempo para conseguir el dinero para saldar la hipoteca y pagar intereses y los costos del abogado del banco. Tuvo que vender otra residencia que tenía y su madre vendió un terreno, ambos por debajo de tasación, con tal de retener su hogar.

El pasado lunes tuvo lugar la última vista de su caso ante el tribunal. Con los ojos anegados, admitió: “Pensé que al fin iba a poder dormir tranquila, en mi casa”.


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