La negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar el fallo del tribunal apelativo podrá afectar a otros bonistas del territorio estadounidense. (Teresa Canino )

La disputa en torno a la validez de los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) y la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar el fallo del Primer Circuito de Apelaciones que validó que esos bonos son una deuda asegurada, podrá afectar a otros bonistas del territorio estadounidense, según análisis de Moody’s Investor Services.

Según el reporte publicado esta semana, habida cuenta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha conferido prioridad al pago de las pensiones y los servicios gubernamentales, la reafirmación del derecho de los bonistas de POBs como dueños de una deuda asegurada abre la puerta para que estos recuperen más dinero del propuesto por el organismo fiscal en el plan de ajuste radicado ante la jueza Laura Taylor Swain.

Sin embargo, la posible recuperación de los bonistas de POBs no saldrá de más recortes a las pensiones, dijo Moody’s, sino que será a expensas de otros bonistas del territorio estadounidense.

Bajo el plan de ajuste propuesto, cualquier mejora para los bonistas de POBs es probable que venga a costa de otros bonistas, un resultado que ya han destacado otros acreedores no asegurados participando en el ligitio de los POBs”, reza el comentario de los analistas Thomas Aaron y Timothy Blake.

El pasado 7 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la JSF para revisar un fallo del Primer Circuito de Apelaciones en torno a los POBs. En ese falló, el Primer Circuito concluyó que los POBs son una deuda asegurada, es decir, que tienen una fuente de repago específica como colateral o garantía. Dicha fuente de repago son las aportaciones que el gobierno en calidad de patrono a los ahorros para el retiro de los empleados públicos. Al negarse a revisar el caso, el Supremo estadounidense confirmó el carácter asegurado de los POBs.

Sin embargo, partiendo de la premisa de que se trataba de una deuda sin garantías, la JSF propuso en el plan de ajuste pagar a esos bonistas unos 13 centavos de cada dólar prestado al gobierno.

Una vez la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) quedó sin fondos para pagar las pensiones, el gobierno comenzó a pagar las pensiones del Fondo General bajo el sistema “PayGo” y dejó de hacer su aportación patronal a la ASR.

Según Moody’s, si los bonistas de POBs prevalecen al plantear que ellos tienen derecho a su paga desde el sistema “PayGo”, ello implicaría que estos tendrían prioridad en su pago antes que las pensiones e incluso, a recuperar lo prestado ala ASR al 100%. En el lado opuesto, la JSF y el Comité Oficial de Retirados (COR) han cuestionado la validez de los POBs.

Los POBs se emitieron en el 2008 y a partir del 2017, la ASR incumplió con el pago de estos. Antes del impago, la ASR solo pagó intereses a los bonistas, según Moody’s. De acuerdo con la casa acreditadora, el riesgo de que los bonistas pueden perder sus derechos en el litigio, inclina la balanza a que estos lleguen a un acuerdo con la JSF para obtener una compensación mayor a la propuesta de 13 centavos de dólar que ha hecho el organismo fiscal, lo que implicaría quitar a otros bonistas la recuperación propuesta para esos créditos.


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