El 36% de los locales comerciales localizados en ocho de los nueve aeropuertos regionales de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) operan con contratos vencidos desde 1993, según una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

La auditoría, que cubrió el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2022, constó de pruebas y recopilación de evidencia que arrojó que la contratación del arrendamiento de instalaciones y locales en los aeropuertos no se realizó “de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”.

En total, hay 258 instalaciones comerciales en los aeropuertos bajo la jurisdicción de la APPR, según el informe de la OCPR.

“Esta situación, de no renovar o formalizar nuevos contratos para renta, servicios o proyectos en las instalaciones comerciales de los aeropuertos, no salvaguarda los intereses de la autoridad”, expuso la entidad fiscalizadora.

Según la OCPR, los contratos tenían una cláusula contraria a derecho, ya que promovían “de forma implícita” que el concesionario continuara ocupando la instalación fuera de contrato.

“La cláusula establecía que si a la fecha de expiración el arrendatario no desalojaba ni entregaba la llave de la propiedad, pagaría una penalidad de ocupación de 10% de la renta mensual por cada día subsiguiente a la fecha de la terminación del contrato. Además, establecía que el arrendatario pagaría una suma equivalente a la renta mensual establecida en el contrato como compensación por el uso y la ocupación de la propiedad arrendada”, explicó.

Entre otras cosas, la auditoría encontró que la APPR permitió a un concesionario ubicar por más de 16 años un trailer en un terreno adyacente a uno de los aeropuertos sin pagar por el espacio.

“Además, seis instalaciones no estaban en el inventario de propiedad y no le requirió la póliza de Certificación de Seguro de Responsabilidad General Comercial de Aviación para ocho contratos”, agregó la entidad.

De otra parte, la auditoría encontró que la Junta de Directores de la APPR otorgó créditos a entidades que no tenían contratos vigentes durante la pandemia del Covid-19.

En ese momento, según los hallazgos, el organismo acordó reducir el 40% de la renta mensual por 60 días y cobrar el restante 60% del alquiler de las instalaciones mediante plan de pago.

“Al respecto se otorgaron 82 créditos por $273,015 a 82 instalaciones. Sin embargo, el 61% de los créditos se otorgaron a instalaciones que no tenían contratos vigentes”, explicó la OCPR.

Asimismo, la auditoría encontró que la APPR otorgó incentivos bajo el programa “Airport Coronavirus Response Grant” a instalaciones que no tenían contratos vigentes. “Esta situación evidencia que los incentivos concedidos no son válidos”, apuntó el Contralor.

Entretanto, la auditoría develó que un asesor legal de la corporación pública tardó seis años y medio en atender un referido y emitir una recomendación del cobro por $424,910 a un cliente.

“Esta prolongada tardanza genera la percepción de parcialidad, negligencia y evidencia una gestión deficiente”, señaló el Contralor.

A tenor con la auditoría, la APPR tenía déficits acumulados por $302.5 millones para los años fiscales del 2018 al 2021.

En el estado financiero al 30 de junio de 2021, las cuentas por cobrar ascendían a $15.2 millones.

Sin embargo, durante una reciente entrevista con este diario, el director ejecutivo de la APPR, Norberto Negrón, indicó que las cuentas por cobrar ascienden ahora a $108 millones.

“La falta de controles internos en la formalización de contratos y cobro de deudas afecta la liquidez de la Autoridad y refleja activos que pudieran resultar irreales”, apuntó el Contralor.

En declaraciones escritas, Negrón indicó que “desde que asumimos la dirección de la Autoridad de los Puertos en el mes de enero, hemos evaluado todos los procedimientos y trámites administrativos con el objetivo de promover la responsabilidad fiscal, la transparencia en el uso de los fondos públicos, así como implementar medidas de eficiencia gubernamental”.

“De igual manera hemos evaluado todos los contratos de nuestros concesionarios, sus disposiciones y cláusulas. Además, nuestra división legal se encuentra revisando estos contratos para asegurar que cumplan con todas las disposiciones de ley. También, hemos establecido un programa de responsabilidad en los acuerdos que incluyen que se adhieran a las regulaciones estatales y federales. Nos encontramos actualmente en ese proceso. La administración de la APPR cumplirá con todos los procedimientos y leyes vigentes”, agregó.