El 2022 traerá la regulación de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico por la vía legislativa, incluyendo una revisión de las tasas de impuesto por habitación para estas propiedades, con miras a uniformar las reglas que cobijan a estos alojamientos, confirmó el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, José “Cheito” Rivera Madera.

Precisó que la intención es crear un registro municipal de alquileres a corto plazo, de manera que los ayuntamientos identifiquen dichos alojamientos y se aseguren de que están inscritos ante la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y, por consiguiente, recolectando el impuesto por habitación, que hasta ahora asciende a 7% para este tipo de hospederías.

Rivera Madera expresó que, dependiendo de la cantidad de alquileres a corto plazo identificados, se determinará si el impuesto por habitación sube a un 9% o permanece en 7%. Una partida de la cual el municipio retendrá solo entre un 0.5% o 1%. La medida sería presentada en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.

“Quienes pueden fiscalizar mejor esto, ante la falta de personal que tiene el gobierno de Puerto Rico, son los municipios”, expresó el legislador en entrevista con El Nuevo Día. “Son ellos los que tienen que recoger la basura y embrear las calles a donde llegan esos turistas”.

El director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado, aseguró que está a favor de regular los alquileres a corto plazo, siempre y cuando no pongan en juego la seguridad y calidad de los alojamientos.

Resaltó que por los pasillos del Capitolio hay varias propuestas, pero respaldó la de Rivera Madera, al argumentar que hay municipios con un número significativo de alquileres a corto plazo, pero sin un cuarto de hotel.

“Un pueblo que no tenía un hotel hace dos años, ahora tiene dos hoteles medianos y un flujo de personas que van a estar visitando el municipio, por lo que hay unos gastos relacionados a la seguridad, desperdicios sólidos y manejo de los accesos”, expresó Mercado.

El funcionario destacó que la legislación deberá aplicar a todos los municipios, para así evitar la proliferación de regulaciones independientes por los ayuntamientos. Hasta ahora, el único municipio que ha regulado los alquileres a corto plazo mediante una ordenanza municipal es Dorado, que impuso un permiso de hasta $3,000 anuales.

“No podemos tener 78 marcos legales distintos porque no es beneficioso para el componente fiscal ni de auditoría”, defendió Mercado.

El copresidente de la Alianza de Alquiler a Corto Plazo Viva Puerto Rico (VPR), René Acosta, dio la bienvenida a un posible aumento en la tasa de “room tax” para los alquileres a corto plazo, pero advirtió que “nosotros no somos un hotel, somos diferentes”.

“En esa diferencia no nos pueden tratar con la misma vara que se trata a un hotel. Sí queremos que haya más reglamento y más orden dentro de lo que hay en los alojamientos a corto plazo para que todo el mundo se sienta mejor, pero no podemos tener todo lo que tienen los hoteles”, reclamó.

Hasta el momento, los alquileres a corto plazo están regulados por el Reglamento de Hospederías de la CTPR. El documento exige a estos alquileres 15 requisitos, entre los que se destaca el pago de “room tax”.

Disparidad en la cantidad de alojamientos

De acuerdo con la CTPR, en Puerto Rico hay unos 4,000 alquileres a corto plazo registrados, pero para Rivera Madera la cantidad es mayor. Con el legislador coincidió el presidente de la Asociación de Dueños de Paradores, Tomás Ramírez, quien estimó la cantidad de alquileres a corto plazo en el país en sobre 25,000.

“Ha habido una explosión de los alojamientos independientes, principalmente después del huracán María y con el impulso de la Ley 22 y han crecido casi 700% en cuatro años”, expresó Ramírez, quien también forma parte de la Junta de Directores de Discover Puerto Rico.

A juicio de Ramírez, la disparidad en los números responde a que el contrato entre la CTPR y la plataforma de alojamientos a corto plazo Airbnb es “leonino”. Como parte del acuerdo entre ambas partes, la compañía recauda el “room tax” y, posteriormente, lo paga al gobierno. Aparte de Airbnb, en Puerto Rico operan las empresas Join a Join y VRO, que tienen acuerdos similares.

“El gobierno no tiene forma de auditar eso. Si Airbnb le dice que es un millón de dólares, es un millón de dólares aunque sean tres, dos o cinco alojamientos”, aseguró Ramírez, copropietario de Combate Beach Resort, en Cabo Rojo.

No obstante, Mercado defendió que el número reportado por la CTPR se trata de la cantidad de personas con un número de hostelero y que pueden operar más de una propiedad.

“Puede ser una persona que tenga varias unidades, pero que sea un registro único. Yo puedo tener bajo mi manejo 40 unidades de alquileres a corto plazo, pero voy a tener un solo número de hostelero”, reclamó. “La proyección de nosotros es que deben existir 12,000 unidades individuales de alquileres a corto plazo”.

Los estimados de la CTPR se quedan por debajo de los números planteados por Ramírez, pero Mercado defendió que se trata de un mercado “dinámico”, en el que la cantidad de propiedades disponibles cambia constantemente.

“Como es tan dinámico, no podemos dar un número certero y prácticamente nosotros nos dejamos llevar por las planillas que rinden los propietarios y por los trámites que hacemos para identificarlos”, aseguró.

Una búsqueda en el portal especializado AIRDNA, mostró que solo en San Juan hay unos 2,942 alquileres a corto plazo activos, mientras que en Carolina suman 1,271 y en Dorado a 267. En Rincón, otro de los municipios predilectos para estas propiedades, la cantidad asciende a 926. Estos números, según Ramírez, se disparan durante la temporada alta de verano, llevando la cantidad de alojamientos en San Juan a unos 4,000.

“La mayoría operan al margen de la ley. Son negocios, pero no pagan patentes. No pagan el CRIM comercial y, de hecho, muchos municipios están encontrando que algunas de estas casas que se rentan a corto plazo tienen exenciones contributivas, como si fuera el residente el que vive ahí“, describió.

Ramírez estimó que los alojamientos a corto plazo terminarán el 2021 con entre $60 a $70 millones de evasión de diferentes tipos de contribuciones, incluyendo entre $15 y $20 millones de “room tax”.

Ante dichos números, Acosta reconoció que existe una “gran evasión de parte de este segmento y es por el tipo de negocio que es”. No obstante, aseguró que un 70% del segmento cumple con su responsabilidad. Sobre el restante 30%, aseguró desconocer las razones para la evasión, aunque especuló que se trate de los que se mercadean fuera de las plataformas como Airbnb, Join a Join y VRO.

“Hay un problema, pero eso se ha minimizado. El ‘room tax’ que le está llegando a Turismo ha estado en aumento desde que Airbnb entró a cobrar. Eso quiere decir que la mayoría de la gente esté en Airbnb está pagando. Del ‘room tax’ que se va a pagar este año, que se calcula en cerca de $100 millones, casi 35% va a ser parte de los alojamientos a corto plazo, osea sobre 30 millones”, defendió.