Diversos sectores llevaron a cabo una cumbre de la diáspora en Washington D.C. (Suministrada)

Washington, D.C. - Más de tres años después de aprobar la Ley Promesa e imponer medidas de austeridad, el Congreso ha arrastrado los pies en la adopción de medidas que permitan incentivar la economía de Puerto Rico, coincidieron hoy, sábado, expertos que participaron en una cumbre de la diáspora boricua en la capital estadounidense.

“Hay una enorme falta de acción del Congreso”, indicó el analista del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas Públicas (CBPP), Javier Balmaceda, al acentuar que siguen sin aprobarse proyectos dirigidos a subsidiar créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, en inglés) y por niños dependientes (CTC) en Puerto Rico, y que aseguren un financiamiento adecuado del sistema de salud a través del programa Medicaid.

Balmaceda sostuvo que, de cara a crecer la economía e incentivar la inversión en la isla, tiene que fortalecerse la canasta de bienestar social de Puerto Rico, con el objetivo de reducir el grave problema de pobreza (43%) al que se enfrenta el país.

“Hay que estabilizar al paciente primero”, indicó Balmaceda, quien junto a la directora de la oficina de Washington del Centro para una Nueva Economía (CNE), Rosanna Torres, publicó un artículo de opinión centrado en la importancia de que el Congreso ayude a potenciar el EITC local que revivió el gobierno de Puerto Rico.

En junio pasado, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitiría al gobierno federal subsidiar la mayor parte de los créditos locales EITC y CTC en la isla, con un impacto de cerca de $1,200 millones. La medida, sin embargo, no ha ido al pleno de la Cámara baja y tiene un futuro incierto en el Senado, dominado por los republicanos.

El programa EITC local ahora cuenta con una asignación de $204 millones, de acuerdo con el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero pudiera recibir otros $612 millones del Tesoro federal, según el análisis del CNE.

En los debates de la mañana, los panelistas coincidieron en que las medidas de austeridad y los esfuerzos para equilibrar el presupuesto, no son suficientes para garantizar el crecimiento económico.

“Se requieren acciones que potencien la economía”, indicó el director del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, Edwin Meléndez, cuya institución auspició la reunión de hoy, en la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington (GWU), junto a Tertulias por la Patria y el “Cisneros Hispanic Leadership Institute”.

Deuda impagable

Tanto Meléndez como Federico de Jesús Febles, de FDJ Solutions y ex subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), destacaron – en presentaciones independientes-, que el recorte de la deuda pública, que puede alcanzar cerca de un 28% de los $72,000 millones, puede ser insuficiente.

Meléndez indicó que de poco más de $3,000 millones anuales en el servicio de la deuda que tenía el gobierno de Puerto Rico previo a Promesa, puede quedar aún con cerca de $2,000 millones anuales cuando termine el proceso de reestructuración.

De Jesús Febles recordó el análisis de Alvin Velázquez -consejero legal asociado de la SEIU y quien ha sido representante del sindicato en el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) ante el tribunal de bancarrota territorial que creó la ley Promesa-, que prevé que en cinco o 10 años, el gobierno de Puerto Rico puede volver a necesitar una reestructuración de la deuda.

“Bajo los mismos números (económicos) de la Junta, la deuda volverá a ser impagable”, indicó De Jesús Febles.

Aunque el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), tiene en agenda promover una votación sobre un proyecto que busque reformar la ley Promesa, preservando servicios esenciales, reclamando transparencia y cancelando deuda no asegurada, entre otras cosas, de Jesús Febles no cree que los republicanos del Senado permitan avanzar ninguna legislación a esos efectos.

“Probablemente no habrá una ley para mejorar Promesa”, sostuvo de Jesús Febles.

En toda la crisis fiscal, los más perjudicados con la pérdida de valor de los bonos, han sido los acreedores puertorriqueños que invirtieron sus ahorros de toda una vida en la deuda del gobierno de Puerto Rico, dijo, por su parte, la fundadora de Consultiva Wealth Managamente Myrna Rivera.

Retos del sistema energético

La cumbre incluyó también un panel sobre los desafíos que enfrenta Puerto Rico para transformar su sistema energético, avanzar el uso de fuentes renovables y lograr la inversión de capital en proyectos de cooperativas de energía y microredes.

C.P. Smith, fundador y director ejecutivo de la organización Unidos por Utuado, relató los obstáculos a los que se enfrenta la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña para asumir el control de las plantas Caonillas y Dos Bocas, e independizar la energización de los municipios de Utuado, Adjuntas , Jayuya y parte de la ciudad de Ponce.

Han esperado tres meses solo por el proceso de cualificación de las empresas o consorcios que podrán competir por proyectos hidroeléctricos.

No obstante, Smith sostuvo que el proceso de transformación el sistema eléctrico por medio de cooperativas regionales es una oportunidad dorada para “democratizar la producción de energía”.

Pero, advirtió que para echar hacia delante y desarrollar lo que considera son “las comunidades olvidadas”, como Utuado, no solo hay que superar la alta burocracia del gobierno de Puerto Rico, sino motivar a la gente a activarse y tomar acción en favor de su seguridad energética.

Thomas King, de la fundación Borincana, sostuvo que el proceso de transformación requiere capital y que el gobierno sea transparente y rinda cuentas. “Se requiere privatizar y romper” con lo que ha sido la Autoridad de Energía Eléctrica, agregó King.

Scott Sklar, profesor adjunto en el Instituto Ambiental y Manejo de Energía de GWU, sostuvo, por su parte, que Puerto Rico tiene los recursos de viento, sol y agua para lograr un sistema que dependa plenamente de fuentes renovables. “Es una joya sin pulir”, afirmó Sklar, al añadir que la misma diáspora puede ser un motor para financiar proyectos.


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