Vista de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) (semisquare-x3)
Vista de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Washington- El gobierno de Donald Trump reclamó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revise y revoque la decisión de un foro de apelaciones que declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por entender que no hacerlo daría un golpe al poder del Congreso para decidir la forma de gobernar sus territorios.

En un recurso de certiorari presentado el miércoles, el procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco, rechazó la determinación del Primer Circuito de Apelaciones que concluyó que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel, por lo que deben ser designados directamente por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado.

“Nunca se ha entendido que la cláusula (constitucional) de nombramientos se aplica a los oficiales territoriales o restringe la autoridad del Congreso para establecer gobiernos territoriales”, indicó Francisco.

Como ha argumentado la JSF, el procurador general insistió en que si se mantiene la decisión del Primer Circuito se abre la puerta a cuestionar la constitucionalidad de que el gobernador de Puerto Rico, aunque se trata de un puesto electivo, e incluso los funcionarios de su gobierno no sean confirmados por el Senado de Estados Unidos.

“La decisión del tribunal de apelaciones amenaza con alterar la estructura gubernamental de todos los territorios de los Estados Unidos”, sostuvo, al indicar que la cláusula constitucional de nombramientos “no contiene una ‘excepción para elecciones’”.

La intervención del gobierno de Trump da mayor fuerza a los esfuerzos por conseguir que el Tribunal Supremo revise la decisión del Primer Circuito del pasado 15 de febrero. Pero el máximo foro judicial estadounidense, que termina su actual período de sesiones este mes, solo suele aceptar unos 80 de entre 7,000 y 8,000 recursos de certiorari que se presentan anualmente.

El procurador general Francisco exhortó al Tribunal Supremo a revisar el caso, por entender que el proceso político iniciado por el presidente Donald Trump para nombrar a los funcionarios actuales de la JSF, para que completen su término de tres años, puede no estar completado para el 16 de julio, cuando vence la moratoria otorgada por el foro de apelaciones al ente fiscal.

Como permite la ley Promesa, el entonces presidente Barack Obama seleccionó el 31 de agosto de 2016 seis de los miembros de ternas presentadas por los líderes bipartidistas del Congreso. El séptimo, José Ramón González, lo nombró directamente.

Francisco expresó preocupación de que la incapacidad para operar de la JSF, que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico, socave la recuperación fiscal y cause un caos judicial “en el que los 32 acreedores de la isla compitan” por los recursos públicos de la isla, con “consecuencias prácticas devastadoras”.

“No se puede decir si quedará algo para las escuelas, los departamentos de policía y bomberos de Puerto Rico, los hospitales, los tribunales, los refugios, los jubilados y otras personas que dependen de fondos gubernamentales”, indicó el procurador general.

Al defender que la JSF, que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico, sea considerada un ente territorial, el procurador general sostuvo que “ningún funcionario federal dirige o maneja” sus operaciones.

También afirmó que la ley Promesa, que creó la JSF para manejar la crisis fiscal y el proceso de reestructuración de la deuda, establece que los poderes de citación bajo apercibimiento de desacato del ente fiscal se otorgan a base de las leyes de Puerto Rico.

Francisco sostuvo que el fallo del Primer Circuito supone la primera vez que se determina que “funcionarios territoriales” deben ser designados a base de la cláusula de nombramientos.

“Si el Congreso hubiese elegido atender la crisis financiera no mediante la creación de una JSF, sino requiriéndole al gobernador y Legislatura de Puerto Rico utilizar sus poderes preexistentes de una manera particular, la decisión no habría transformado el gobierno territorial en una agencia federal”, acentuó Francisco.

El procurador general estadounidense aludió a la decisión del caso Sánchez Valle, del 9 de junio de 2016– el mismo día en que se aprobó el proyecto de ley Promesa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos-, para acentuar la situación colonial de Puerto Rico.

En ese sentido, recordó que la ley Promesa fue creada bajo el poder del Congreso para legislar sobre los territorios, a base del artículo IV de la Constitución de Estados Unidos “El Congreso permanece como la ‘ultima fuente de poder” del gobierno territorial y sus leyes, advirtió.

En ese sentido, subrayó que la determinación del Primer Circuito “restringe” la “amplia latitud” que ha tenido el Congreso para – como decidió Sánchez Valle-, “desarrollar enfoques innovadores a la gobernanza territorial”.

Al gobernador Ricardo Rosselló Nevares – quien no ha intervenido en este caso ni impugnado la constitucionalidad de la JSF -, le parecieron absurdos los argumentos del gobierno de Trump, muy parecidos a los del ente fiscal ante el Tribunal Supremo federal.

“En ningún otro lugar en los Estados Unidos, jamás, nadie tendría la cara de presentar unos asuntos y unos argumentos tan ridículos y tan absurdos en términos de tratar de comparar la constitucionalidad de lo que serían los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal, que son un ente federal, y lo que serían los funcionarios que se escogen a nivel estatal y electos por el pueblo. Casi me quedo sin palabras porque es tan ridículo, pero denota lo que es un hoyo negro geopolítico en Puerto Rico”, indicó en referencia a la situación colonial de la isla.

Para el abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Rolando Emmanuelli, el certiorari del gobierno de Trump busca “meter miedo” en términos del efecto sobre los gobiernos territoriales y la recuperación fiscal de la isla. “El presidente nombra a los miembros de la JSF y los puede destituir. Los gobernadores (territoriales) no ponen en vigor ninguna ley federal”, dijo Emmanuelli.

Mientras, el constitucionalista Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, sostuvo que en este caso para el gobierno federal ha sido “más importante ratificar el amplio poder del Congreso bajo la cláusula territorial que reconocer el poder del presidente para nombrar a los miembros de la JSF directamente”.

La UTIER también presentó el miércoles su certiorari. Aunque satisfecho con la declaración de inconstitucionalidad de los nombramientos de la JSF, la UTIER reclama que se invaliden sus acciones y la moratoria de hasta 150 días que el Primer Circuito ha concedido al ente fiscal para que sigan operando.

Previamente, la JSF, entre otros certioraris presentados, había pedido también al Tribunal Supremo estadounidense, como el gobierno de Trump hace ahora, que se revise la decisión del foro de apelaciones y se determine que sus nombramientos son constitucionales.


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