Washington, D.C. fue escenario ayer de una multitudinaria protesta a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd. (AP)

Washington - Estados Unidos vive su peor conflicto racial en medio siglo, intensificado por el trauma que ha causado el desgarrador asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la Policía, justo en medio de una emergencia por el coronavirus y meses después de que el presidente Donald Trump se enfrentó a un proceso de destitución.

A cinco meses de las elecciones, se trata de una crisis matizada por un presidente que amenaza con lanzar el Ejército a las calles y que, según su pasado secretario de Defensa, el general jubilado James Mattis, ni pretende tratar de unir a su pueblo.

Los propios veteranos de las luchas por los derechos civiles -como uno de sus iconos, el congresista demócrata John Lewis (Georgia)-, afirman que el levantamiento social que ha arropado a Estados Unidos, en contra del racismo y la brutalidad policial es más amplio, intenso y diversos que en la década de 1960.

Las grandes protestas se dan, hace casi dos semanas, en las principales ciudades de Estados Unidos.

Pero las manifestaciones se ven también por los suburbios y localidades pequeñas, y se han extendido a nivel mundial.

“Estas rebeliones urbanas reflejan la larga historia contra la supremacía blanca en Estados Unidos. La Policía como instrumento estatal de control social fue creada, en gran parte, para controlar a la población negra en el sur del país. Su práctica de vigilar y castigar a las minorías desproporcionalmente ha sido un factor central en estas rebeliones desde los años de 1960”, indicó el sociólogo puertorriqueño Eduardo Bonilla Silva, profesor de la Universidad de Duke.

A George Floyd lo mataron, el pasado 25 de mayo, en una esquina de Minneapolis, en medio de una intervención policial por haber intentado hacer compras con un billete de $20 que se presumió falso.

Como otros recientes casos, el poder del vídeo de un teléfono celular permitió ver el horrendo momento en el que el policía Derek Chauvin, teniéndole detenido, presionó su rodilla izquierda, con todo su peso, sobre el cuello de Floyd, de 46 años.

Otros tres policías estaban a su lado, dos de ellos, al parecer, sujetando de alguna forma a un ser humano sobre cuyo cuello Chauvin se arrodilló por 8 minutos y 46 segundos, mientras Floyd pedía auxilio e invocaba a su fallecida madre hasta quedar sin respiración.

La indiferencia de Chauvin quedó retratada en los vídeos.

“George Floyd llama a su mamá, que le dio su vida, porque siente que se separa de este mundo”, consideró Luis Gutiérrez, quién como congresista y concejal municipal de Chicago siguió de cerca casos de racismo y brutalidad policial en Estados Unidos.

En las últimas décadas, el poder del vídeo ha sido la diferencia para evitar que se encubran casos de brutalidad policial.

Así sucedió con la paliza a Rodney King en Los Ángeles en 1991, la muerte de Eric Gardner en Nueva York después de que se le restringiera la respiración con un agarre por el cuello y la matanza a tiros de Laquan McDonald, de 17 años, en Chicago, en 2014, entre otros.

“A Laquan McDonald le hicieron 16 disparos... Después del primer disparo, cayó al suelo, pero el policía continuó descargando el arma. No fue hasta 13 meses después, cuando el público pudo ver el vídeo, que entonces procesaron al policía por asesinato. Se tardó 13 meses porque lo escondieron, porque la justicia no es igual para todos”, dijo Gutiérrez.

El verano de 2020

El inicio del verano 2020 en Estados Unidos tiene a cientos de miles en las calles, cada día, demandando justicia y una reforma no solo de la Policía, sino de la sociedad en general.

Todo ocurre en medio de una pandemia que ha atacado desproporcionadamente la salud y el bolsillo de los afroamericanos e hispanos, que han muerto y se han quedado sin trabajo a un ritmo mucho más alto que su perfil demográfico. Los muertos por el coronavirus eran ayer más de 109,000.

Otros dos casos recientes de negros muertos a manos de policías o vigilantes que han avivado las protestas son los de Breonna Taylor, muerta a tiros en Louisville (Kentucky) por policías que con una orden judicial sobre una supuesta red de narcotraficantes entraron sin advertencia a la fuerza a su apartamento, y Ahmaud Arbery, quien murió en el sur de Georgia a manos de ciudadanos -uno de ellos un expolicía-, que actuaban como vigilantes del vecindario.

Algunas convocatorias tienen vínculos con el movimiento “Black Live Matters”, dijo Bonilla Silva, pero la mayoría parecen espontáneas y sin tener un líder.

“Esta rebelión sucede en un momento único en la historia de Estados Unidos donde la nación está paralizada. Las escuelas y los trabajos están en receso y casi toda la gente está en sus casas manteniendo el aislamiento social. Por tanto, los participantes en este movimiento social tienen tanto el tiempo como el espacio para seguir luchando”, indicó el profesor Bonilla Silva, autor del libro “Racismo sin racistas”, en el que advierte que políticas públicas que no reconocen las desventajas históricas a que se han enfrentado los negros en la sociedad estadounidense prolongan la discriminación.

Bonilla Silva sostuvo que, “si el Estado no hace lo que debe hacer, la explosión social que estamos viviendo continuará y el verano será mucho más largo y caluroso que de costumbre”.

Las protestas masivas continuaron ayer, incluso la más multitudinaria de los pasados días en la capital federal, mientras se organiza una gran manifestación para el 28 de agosto, frente al Lincoln Memorial, coincidiendo con el 57 aniversario de la histórica “Marcha a Washington” liderada por Martin Luther King.

Gutiérrez dijo que el debate sobre la necesidad de la reforma policial no puede obviar otros problemas de fondo, como la segregación racial que persiste en las grandes ciudades estadounidenses, el desproporcionado número de personas de las minorías en las cárceles y la desigualdad económica en Estados Unidos.

“Ha habido mejoras, pero, en mi ciudad de Chicago, los negros viven en un barrio, los blancos viven en otro barrio y los latinos viven en otro barrio… en los arrabales no hay supermercados, no hay bancos. Las estructuras económicas de Estados Unidos han abandonado esas comunidades”, sostuvo Gutiérrez, quien hace 13 meses, por vez primera desde su adolescencia, regresó a vivir a la isla.

Cuando las manifestaciones pacíficas terminaron, el pasado fin de semana, en violencia y saqueo en varias ciudades, Trump amenazó con lanzar a la calle el Ejército, por encima de la voluntad de gobernadores.

Antes, Trump había dicho que, “cuando el saqueo empieza, el tiroteo empieza”, recordando expresiones racistas de los 1960.

La amenaza de Trump se dio en medio de una declaración que precedió el desalojo de una manifestación pacífica en los alrededores de la Casa Blanca, que fue seguida por una extraña sesión de fotos del presidente y principales miembros de su gabinete frente a la iglesia St. John, que recibió daños el pasado domingo.

La advertencia de Trump ha generado alarma en más de medio centenar de ex altos mandos militares, como el general Mattis, el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca John Kelly y entre políticos republicanos, como los senadores Lisa Murkowski (Alaska) y Mitt Romney (Utah).

Kelly y Mattis ahora consideran a Trump como una amenaza a la Constitución de Estados Unidos.

Alfonso Aguilar, presidente de la Alianza Latina de Principios Conservadores y quien fue jefe de la Oficina de Ciudadanía bajo el gobierno de George W. Bush, afirmó que EE.UU. “vive un período inusual, casi surreal” y “cada vez más polarizado”.

“El presidente fue residenciado y ya ni pensamos en eso”, dijo, al reconocer que la conducta de Trump, a quien no respaldó, en 2016, pero cuya reelección apoya por sus políticas públicas económicas, es “difícil”. “Su forma de lidiar con la oposición y de aquellosque no están de acuerdo con él no es la adecuada”, sostuvo.

Pero Aguilar también advirtió que aunque hay una condena general del horrendo asesinato de Floyd, muchos ven, en la retórica de Trump, una respuesta necesaria a la “destrucción de propiedad” durante los disturbios que siguieron a manifestaciones pacíficas el pasado fin de semana.

En ese sentido, Aguilar dijo que en el desalojo por la fuerza de manifestantes que protestaban el lunes en los alrededores de la Casa Blanca pudieron pesar los incidentes del viernes 29 de mayo que llevaron al Servicio Secreto a recomendar colocar a Trump en un búnker.

Trump, según los principales medios estadounidenses, decidió caminar desde la Casa Blanca, cruzando el parque Lafayette, hasta la iglesia St. John para tratar dejar atrás esa imagen de un presidente escondido en su búnker.

“Sería erróneo pensar que esto le va a hacer daño al presidente. A la larga, creo que el americano promedio va a responder favorablemente”, indicó Aguilar.

En busca de política pública

Después del presidente Trump desistir a principios del cuatrienio de las acciones dirigidas a reformar la Policía a través de demandas de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, como ocurrió en Puerto Rico, los demócratas del Congreso han comenzado a presionar para establecer por legislación los parámetros de una reforma policial.

En ese sentido, las protestas son también un reclamo a favor de una política pública uniforme en contra de la brutalidad policial y la discriminación a base del perfil racial de las personas.

El senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) dijo que este es “un momento de transformación”.

Junto a sus colegas Cory Booker (Nueva Jersey) y Kamala Harris (California), Menéndez promueve legislación que regule lo que debe considerarse uso de fuerza excesiva, un mejor entrenamiento de la Policía y un registro nacional que evite que agentes sancionados puedan conseguir trabajo como policías en otro estado.

Menéndez también cree necesario retomar los esfuerzos para combatir la desigualdad económica de afroamericanos y latinos.

Juan Cartagena, presidente de la Latino Justice, indicó que los cambios pudieran tener que ocurrir a nivel local, ante el desinterés de Trump, y deben incluir quitarles la inmunidad económica a los policías que cometen violaciones de derechos civiles.

“Debemos afectar sus pensiones”, sostuvo Cartagena, para que los agentes estén conscientes de que violar derechos constitucionales también afectará su bolsillo.


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