(GFR Media)

Washington - El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió al Congreso que necesitará “tiempo suficiente” para evaluar si un próximo referéndum sobre el futuro político de Puerto Rico cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Pero, hizo advertencias que descartan desembolsar antes del 30 de junio, como quisiera el gobierno de la isla, los $2.5 millones que una ley federal de 2014 autoriza asignar a un referéndum de status en Puerto Rico que tenga el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al responder una petición de información de los comités de Asignaciones del Congreso, el Departamento de Justicia estadounidense, recordó que una vez haya hecho su evaluación sobre los documentos que presente la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, para cumplir con la ley federal de 2014, deberá someter sus recomendaciones a esas comisiones federales y esperar 45 días adicionales antes de desembolsar los fondos.

El informe enviado por el Departamento de Justicia federal al Congreso – con fecha de abril pasado y el cual obtuvo hoy El Nuevo Día-, hizo extensa referencia a la carta enviada al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en abril de 2017, en la que concluyó que “cualquier plebiscito que busque ‘resolver el status político futuro de Puerto Rico’ debe incluir el status territorial actual como opción”.

De acuerdo con el informe presentado al Congreso, la evaluación del Departamento de Justicia federal sobre el próximo referéndum estadidad sí o no en Puerto Rico estaría a cargo de la Oficina de Asistencia Jurídica.

Aunque el informe al Congreso tiene fecha de abril, habría sido enviado este mes a los comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense. Una ley de presupuesto del 20 de diciembre pasado reclamó al Departamento de Justicia federal que ese informe fuera entregado en 45 días, período que venció el pasado 3 de febrero.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el sábado un proyecto de ley que convoca a un referéndum estadidad sí o no para el 3 de noviembre, junto con las elecciones generales de Puerto Rico.

De inmediato, un funcionario de la Casa Blanca señaló que “la primera prioridad para todos los líderes de Puerto Rico debe ser poner en orden su casa financiera”.

La ley puertorriqueña indica que el gobierno de Puerto Rico solo esperará hasta el 30 de junio para conocer si el Departamento de Justicia de Estados Unidos - como permite el lenguaje de la ley federal de enero de 2014-, determina si la papeleta, la campaña educativa y la administración del referéndum cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Si el Departamento de Justicia federal diera su visto bueno a la papeleta y la campaña educativa de la consulta estadidad sí o no, entonces el gobierno de Puerto Rico pudiera tener acceso a $2.5 millones para ayudarle a financiar la consulta.

“Hasta la fecha, Puerto Rico ha hecho solo una solicitud formal de financiamiento bajo la asignación hecha en 2014”, indicó el Departamento de Justicia federal, en referencia al proceso de 2017.

El reclamo de información de los comités del Congreso – que surgió de una iniciativa del congresista demócrata José Serrano (Nueva York), estuvo basado en una petición para que el Departamento de Justicia federal excluyera el Estado Libre Asociado territorial de la papeleta de cualquier próximo referéndum sobre el status de la Isla que tuviera bajo su evaluación.

Pero, el informe presentado este mes al Congreso recordó la posición asumida en abril de 2017 en el sentido de que el plebiscito de 2012, en el que un 54% de los electores rechazó la condición territorial, no justificaba “omitir el status actual de Puerto Rico como opción en la papeleta de 2017”.

“El Departamento mantiene su posición, que ha adelantado repetidamente en el pasado, de que la decisión de si debe llevarse a cabo un plebiscito, y cuando, descansa firmemente en el pueblo de Puerto Rico, de acuerdo con las recomendaciones de los informes del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico en sus informes de 2005, 2007 y 2011”, agrega el más reciente informe d Justicia federal.

El documento enviado por el Departamento de Justicia federal – de 344 páginas-, añadió en su mensaje los informes del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico y la carta del 13 de abril de 2017 del entonces subsecretario interino de Justicia, Dana Boente, que obligó al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) a incluir el Estado Libre Asociado (ELA) territorial en la consulta de ese año.

Tras aquella carta, Justicia federal, como hace ahora, advirtió que necesitaría suficiente tiempo para poder hacer una evaluación final de aquella consulta, por la cual nunca esperó el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

En el informe al Congreso el Departamento de Justicia federal recordó que en la carta de abril de 2017 precisó que cinco años después del plebiscito de 2012 “era incierto si la voluntad actual del pueblo de Puerto Rico era rechazar el status vigente”.

Y reiteró que entonces mantuvo que no incluir el status territorial, “levantaría cuestionamientos reales sobre ‘la legitimidad del voto’ y su capacidad para reflejar con precisión la voluntad de la gente”.

También hizo referencia a la oposición a que la estadidad fuese presentada en la papeleta electoral de junio de 2017 como laúnica opción que garantiza “la ciudadanía americana por nacimiento en Puerto Rico”, a que no se hiciera claro que la libre asociación significaría “un voto por una independencia plena y sin trabas” y a que se pudiera hacer creer que la libre asociación era una especie de "ELA mejorado", una alternativa que bajo propuestas anteriores el gobierno federal ha descrito como "inconstitucional".

El Departamento de Justicia federal notificó al Congreso que los $2.5 millones autorizados en 2014 aún siguen disponibles y mantuvo que en caso de recibir una futura presentación del gobierno de Puerto Rico para su evaluación, “revisará y trabajará con la CEE en sus esfuerzos por preparar materiales de votación que permitan liberar” esos fondos.

Pero, acentuó que el período de notificación al Congreso, de 45 días y con “múltiples capas”, “requiere que el Departamento tenga tiempo suficiente para completar su revisión antes de cualquier plebiscito”.

“El Departamento enfatiza, sin embargo, que necesitará evaluar cuidadosamente cualquier presentación futura (de documentos del gobierno de Puerto Rico) en sus propios términos" y que los puntos que menciona en el informe al Congreso no representan una lista exhaustiva de las consideraciones que tendrá.

Una ley de presupuesto del 20 de diciembre pasado reclamó al Departamento de Justicia federal que ese informe fuera entregado en 45 días, período que venció el pasado 3 de febrero.


💬Ver 0 comentarios