Como hiciera en una audiencia pública de 2019 la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, la junta reiteró su apoyo a la idea de legislar para evitar conflictos éticos de sus contratistas. (Teresa Canino)

Washington - La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reafirmó hoy su oposición a la idea de cancelar deuda pública no asegurada y definir los servicios esenciales como propone el proyecto de ley de enmiendas a la ley Promesa que ha presentado hoy el congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

Aunque dice que “se encuentra en el proceso de revisar el proyecto de ley”, el cual recibió horas antes de su presentación, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, acentuó el rechazo a dos de las iniciativas principales del proyecto de Grijalva, que tiene el respaldo de los cuatro congresistas puertorriqueños, todos demócratas.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, no ha reaccionado a la medida.

“La Junta de Supervisión considera que Promesa está dando resultado”, indicó la directora ejeuctiva de la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Como hiciera en una audiencia pública de 2019, Jaresko reiteró su apoyo a la idea de legislar para evitar conflictos éticos de sus contratistas.

Aunque la Junta simpatiza con esa propuesta, el principal contratista del ente fiscal, la compañía McKinsey, ha admitido que cabildea independientemente sobre el tema, buscando influenciar el debate sobre el proyecto original de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) para evitar conflictos de los asesores de la JSF.

En su declaración, Jaresko mantuvo que “tiene grandes reservas en cuanto a otras partes del proyecto”.

“Como la Junta de Supervisión ha afirmado anteriormente, si se aprueban varias de las disposiciones enmendadas, ello minaría los esfuerzos de la Junta de Supervisión de alcanzar una resolución expedita y justa de reclamaciones en contra del Gobierno de Puerto Rico y ciertas instrumentalidades”, agregó.

Por ejemplo, indicó que “la disposición que permite a Puerto Rico cancelar una parte de la deuda no garantizada seguramente hará más difícil e inasequible que la Junta de Supervisión pueda reestructurar la deuda de Puerto Rico”, y dificultará “el acceso a los mercados de capital en el futuro”.

Mientras, Jaresko consideró que “la disposición sobre los servicios esenciales podría tener el efecto contrario al que se pretende obtener porque daría un motivo de debate a los que argumentan que la Junta de Supervisión y el Gobierno de Puerto Rico solo se limitan a subvencionar al mínimo requerido los servicios gubernamentales”.

La legislación de Grijalva incluye asegurarle $800 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico y prohibir que miembros de la Junta hayan sido funcionarios del gobierno de la Isla.

También crearía una comisión para auditar la deuda pública, ordenaría a la JSF crear una junta para asuntos éticos, integrada por tres personas que no sean miembros del ente fiscal.

Otros apartados de la legislación ordenan que sea el Tesoro el que pague por los gastos de la Junta e informes anuales de la Oficina de Contraloría General (GAO) sobre los desembolsos y uso de los fondos que recibe, así como sobre su cumplimiento con la ley Promesa.

El proyecto de ley demócrata requiere que se promuevan inversiones para el desarrollo económico de Puerto Rico y presumir que serán públicos los documentos relacionados a la deuda pública.


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