El senador popular José Nadal Power (semisquare-x3)
El senador popular José Nadal Power. (GFR Media)

Washington – El senador popular José Nadal Power quiere que desde el Senado de EE.UU. se envié alguna comunicación al Departamento de Justicia federal a favor de mantener alguna alternativa de ‘Estado Libre Asociado’ (ELA) en cualquier referéndum avalado por esa oficina estadounidense.

Después del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal, en un informe, hacer un llamado al Departamento de Justicia de EE.UU. para que excluya el Estado Libre Asociado territorial de cualquier papeleta electoral que avale para una próxima consulta, Nadal Power dijo que aspira a que desde el Senado federal se contrarreste esa petición.

Junto a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, Nadal Power tuvo el miércoles reuniones con asesores de los senadores republicanos Lisa Murkowski (Alaska) y Roger Wicker (Misisipi), del senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), y del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

Murkowski es la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado y pertenece al Comité de Asignaciones.

Las conversaciones estuvieron centradas en el reclamo de la alcaldesa Maldonado para que el Congreso permita que los alcaldes puedan manejar una porción de los cerca de $20,000 millones que se han asignado a Puerto Rico a través del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Pero, Nadal Power, quien ha anunciado su intención de buscar la candidatura a comisionado residente en Washington por el PPD, dijo que dialogó en las oficinas de Murkowski y Wicker sobre la posibilidad de que en algún informe o comunicación a Justicia federal se defienda que Puerto Rico pueda escoger entre la estadidad, la independencia y alguna definición de ELA.

Indicó que enviará una propuesta de lenguaje a esas oficinas.

Con excepción del ex senador Roberto Prats, los demás potenciales precandidatos a la gobernación por el PPD – la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el senador Eduardo Bhatia; el alcalde de Comerío, Josian Santiago; el alcalde de Isabela, Charlie Delgado; y el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza-, abogan por una relación de asociación con EE.UU. fuera de la cláusula para territorios del Congreso, a través de la cual se fundamentó la imposición de la ley Promesa.

Nadal Power dijo que su intención no es definir qué tipo de ELA debe estar en la papeleta electoral, pero que aparezca en cualquier consulta el nombre del ELA.

Los tribunales, la Casa Blanca y la Cámara de Representantes de EE.UU., en sus acciones más recientes, han reconocido que el actual status de la isla está sujeto a la cláusula constitucional bajo la cual el Congreso ejerce sus poderes sobre los territorios.

“Quiero que se sepa que la expresión del informe del Comité de Asignaciones de la Cámara no es la posición de todo el Congreso. No es justo que se pretenda excluir el ELA, que defienden cientos de miles de personas. La independencia no tiene respaldo y la estadidad nunca ha tenido un mandato en Puerto Rico”, indicó Nadal Power, en una entrevista.

El lenguaje del informe del Comité de Asignaciones, propuesto por el congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York), acompaña el proyecto de ley que incluye el presupuesto del año fiscal federal 2020 para el Departamento de Justicia de EE.UU..

El gobierno de Puerto Rico, después de no haber esperado por la respuesta final en 2017, ha indicado que considera solicitar al  Secretario de Justicia de EE.UU. que avale la papeleta electoral y la campaña educativa de un próximo referéndum que se celebraría “en o antes de las elecciones generales de 2020”.

Una ley federal de 2014 permitiría al Secretario de Justicia de EE.UU. autorizar la asignación de $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta, siempre y cuando certifique que la papeleta de votación y la campaña educativa que apruebe la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aunque no ha hecho una gestión concreta ante el secretario de Justicia federal, William Barr, ha indicado que puede impulsar un referéndum estadidad sí o no que cumpla con la ley federal de 2014.

Desde noviembre de 2018, el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales advirtió a Rosselló Nevares que “la “incapacidad del Departamento de Justicia de validar oportunamente la votación de 2017 ha permitido a los oponentes impugnar los resultados”.

En su informe, el Comité de Asignaciones de la Cámara baja también pidió al Departamento de Justicia que, 45 días después de que su presupuesto se convierta en ley,  notifique “los formatos de la papeleta electoral” y  “los materiales de educación a los electores” que estaría dispuesta a avalar la de cara a una próxima consulta en la isla.

Aunque no puede obligar al Departamento de Justicia de EE.UU. a excluir el ELA de las alternativas de status, “el Comité le da su opinión”, dijo el congresista  Serrano, quien preside el subcomité de Asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencias.

Pero, “tienen que responder a la petición” sobre “las alternativas de status” que pudieran aceptar, agregó Serrano.

Cuando Rosselló Nevares propuso a principios de 2017 un plebiscito “estadidad versus soberanía política (libre asociación o independencia)”, el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtió que cualquier consulta debería incluir el status territorial, para cumplir, como requiere la ley de 2014, con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

La consulta de 2017  -en la que la estadidad obtuvo el 97% de los votos- se celebró sin el aval de Justicia federal, en medio un boicot de la oposición y tuvo la más baja participación (23%) de la historia para un referéndum de status. 

Los resultados no han sido abrazados por el liderato del Congreso, y han sido tachados por el gobierno de Donald Trump.


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