El congresista demócrata Raúl Grijalva. (Teresa Canino)

Washington - El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva, presentó hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto de ley que busca reformar la ley Promesa, que incluye asegurarle $800 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico y prohibir que miembros de la Junta deSupervisión Fiscal (JSF) hayan sido funcionarios del gobierno de la Isla.

Con el apoyo de los cuatro demócratas boricuas del Congreso, la legislación permite cancelar parte de la deuda del gobierno de Puerto Rico, crearía una comisión para auditar la deuda pública e incluye lenguaje que busca evitar los conflictos éticos de los contratistas de la JSF, que controla las finanzas públicas de la isla.

El proyecto ordenaría a la JSF crear una junta para asuntos éticos, integrada por tres personas que no sean miembros del ente fiscal. Esa junta de asuntos éticos deberá rendir un informe anual detallando el cumplimiento o no de sus miembros, contratistas y subcontratistas.

Ningún miembro de la JSF pudiera haber sido funcionario del gobierno central de Puerto Rico, de sus municipios o corporaciones públicas. Tampoco puede haber trabajado para instituciones financieras del gobierno de Puerto Rico o corporaciones que han vendido, comprado o asegurado bienes financieros del gobierno territorial, según el proyecto.

Esa prohibición evitaría la continuidad en la Junta de los puertorriqueños José Carrión III, quien presidió la junta de una corporación pública de la Isla, y de los ex presidentes del Banco Gubernamental de Fomento José Ramón González y Carlos García.

Enmiendas a la ley Promesa by El Nuevo Día on Scribd

La misma prohibición aplicaría para el puesto de director o directora ejecutiva.

El proyecto de ley es coauspiciado por los cuatro congresistas demócratas puertorriqueños, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano y Darren Soto.

La medida no incluyó propuestas originales del borrador de Grijalva que creaban un coordinador federal para la Reconstrucción y un oficial de Revitalización para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Pero, la legislación presentada hoy persigue eliminar el puesto de oficial de Revitalización que ahora tiene la ley Promesa.

El proyecto de ley demócrata ordena asegurar las asignaciones para servicios esenciales de educación, seguridad pública, salud y el pago de pensiones. Así mismo, establece que la Junta debe promover la inversión en el desarrollo económico de Puerto Rico, presumir que serán públicos los documentos relacionados a la deuda pública.

Tambien establece que los gastos de la Junta serán pagados por el Tesoro federal. En ese sentido, la legislación solicita a la Oficina de Contraloría General (GAO) informes anuales sobre los desembolsos y uso de los fondos asignados a la JSF, y el cumplimiento del ente fiscal con la ley Promesa.

La legislación incorpora el lenguaje de un proyecto de la senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) y de la congresista Velázquez que busca cancelar gran parte de la deuda pública, en gran medida la deuda que no tiene una fuente de repago específico.

Para Puerto Rico, o algún otro territorio estadounidense, poder cancelar gran parte de la deuda, deberá cumplir con dos de tres requisitos que establece la legislación: que haya sufrido la pérdida del 5% de su población durante una década; requerido una significativa asistencia federal para mitigar un desastre natural; y que su deuda pública per cápita supere los $15,000 millones. En el caso de Puerto Rico, esos tres requisitos aplican.

“Cualquiera que sea su visión política, todos podemos estar de acuerdo cuando un curso de acción no está funcionando según lo previsto, y PROMESA no está funcionando para las personas que más lo necesitan. Este proyecto de ley es el resultado de un año y medio de viajar a Puerto Rico y escuchar a la gente allí”, indicó Grijalva.

Velázquez dijo que después de enfrentarse a los desastres causados por “huracanes, terremotos y ahora una pandemia, Puerto Rico ya ha sufrido lo suficiente”. “Continuaré oponiéndome a las medidas de austeridad que ponen a los fondos de cobertura y las ganancias de los especuladores por delante del pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Ocasio Cortéz, por su parte,indicó que el proyecto es “un paso en la dirección correcta”, al asegurar que “servicios esenciales, como el cuidado médico, la educación pública y las pensiones estén protegidas para las comunidades más vulnerables”.

Serrano dijo que la JSF “ha fallado con demasiada frecuencia en proteger los bienes más importantes que tiene Puerto Rico, su gente”.

“Estas reformas críticas restablecen una mayor soberanía para nuestros conciudadanos en Puerto Rico y sus líderes electos, establecen un mayor enfoque en el empleo y el crecimiento económico y protegen los fondos esenciales para la educación, las pensiones, la atención médica y la seguridad pública”, sostuvo el congresista Soto.

Grijalva adelantó la semana pasada a El Nuevo Día que la legislación mantiene su propuesta original de proteger el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, y otros servicios esenciales.

El congresista demócrata, mientras, había descartado la propuesta de crear un coordinador federal para la Reconstrucción, pues se le convenció de que eso representaría añadir otro “nivel de control” sobre la Isla, además del Congreso y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Desde hace unos meses, la Casa Blanca nombró un coordinador federal para la Recuperación de la Isla, el contralmirante Peter Brown, asignado a la Oficina de Presupuesto y Gerencia.

Aunque Grijalva ha reconocido que sus propuestas para enmendar la ley Promesa no avanzarán en una mayoría republicana del Senado, el congresista ha indicado que cree importante aprobarlas en el pleno de la Cámara baja en esta sesión legislativa, para que tengan mayor fuerza bajo un presidente demócrata el próximo cuatrienio.

La legislación tiene el respaldo del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, la Asociación Puertorriqueña de Profesiones Universitarios (APPU), la Confederación Nacional de Estudiantes, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), la coalición Power4PuertoRico, la Federación Hispana y el sindicato “United Auto Workers”, según Grijalva.

Power4PuertoRico sostuvo que aunque respaldan el el proyecto de Grijalva, la mejor alternativa es reemplazar la ley Promesa por el proyecto de Velázquez, y los senadores Warren y Bernie Sanders (Vermont), que establecería un mecanismo voluntario para cancelar gran parte de la deuda.

Mientras, el Center for American Progress (CAP) - un grupo de estudio de tendencia liberal-, expresó también su respaldo a la medida y recordó los esfuerzos del fallecido fundador de su Iniciativa de Política Pública Económica y Alivio para Puerto Rico, Enrique Fernández Toledo, por lograr "una mejor rendición de cuentas y transparencia de la junta".


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