Congreso de Estados Unidos. ( (Teresa Canino)

Washington, D.C. - Las autoridades de Puerto Rico, congresistas y grupos sin fines de lucro han pedido al Congreso – que ha vuelto a poner en pausa su pleno funcionamiento-, centrarse en medidas para combatir la pobreza en la isla en su próximo proyecto de estímulo económico.

La más reciente propuesta fue hecha el lunes por 11 congresistas, encabezados por Nydia Velázquez, pero también con la firma de los otros tres boricuas demócratas de la Cámara baja, Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano y Darren Soto.

Esto también lo han propuesto la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el Centro para una Nueva Economía (CNE), la coalición Power4PuertoRico y la organización antipobreza OxFam.

Todas las propuestas que se han hecho públicas incluyen reclamos de nueva asistencia alimentaria. Aunque solicitan $1,270 millones, la comisionada González indicó que la petición rondaría los $1,000 millones, debido a que las primeras dos medidas de respuesta al coronavirus asignaron a la isla $250 millones.

También piden financiamiento para implantar plenamente en Puerto Rico créditos contributivos por niños dependientes (CTC) y por ingresos devengados (EITC), que funcionan limitadamente en la isla y pueden tener un impacto, entre ambos, de $1,400 millones anuales.

Tanto los demócratas como la gobernadora Vázquez Garced han recordado además que el Senado frenó el proyecto 5687 de la Cámara baja que asigna $4,890 millones para atender desastres naturales, principalmente los terremotos de principios de año en Puerto Rico, y aprobar créditos contributivos a la isla como el CTC y el EITC.

Esa legislación permitiría el uso indistinto de los fondos de emergencia asignados a la isla recientemente, un asunto clave teniendo en cuenta que el gobierno federal todavía debe desembolsarle a la isla decenas de miles de millones de dólares prometidos tras la catástrofe causada por el huracán María.

Los demócratas boricuas del Congreso pidieron además utilizar el próximo proyecto de estímulo económico federal para eliminar el tope al que se enfrenta Puerto Rico en el acceso a fondos de Medicaid, que fue levantado hasta septiembre de 2021, pero deberá ser revisado el año próximo.

El liderato demócrata quiere que un próximo proyecto de estímulo económico incluya asistencia a los gobiernos estatales, para lidiar con la crisis fiscal que causa la pandemia del coronavirus y nuevas asignaciones de asistencia alimentaria.

Tampoco han descartado añadir a la medida los esfuerzos para crear un fondo de mejoras a la infraestructura, una idea que ha promovido el presidente Donald Trump. El presidente Trump aún quiere además reducir el pago de nómina al Seguro Social para empleados y empleadores.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell- que tiene en agenda volver a reunir la Cámara alta el lunes-, ha cuestionado la necesidad de asistencia a los gobiernos estatales y locales, pero el lunes abrió la puerta a esa legislación pareciendo poner como condición que se incluya medidas de inmunidad para empresas y empleados en esta emergencia.

McConnell afirmó que en el tope de su lista está otorgar “protecciones legales a la gente valiente que ha estado en la primera línea en esto y a los que van a abrir sus negocios temiendo ser demandados”.

“Es hora que el Congreso establezca un plan Marshall para construir un futuro digno y lleno de esperanzas para la Isla”, indicó, por su parte, el cabildero Javier Llano, socio de la firma Capitol Hill Advisors.

La Cámara baja tenía previsto regresar a sus sesiones continuas el lunes. Pero, ante el hecho de que los casos de coronavirus aún van en aumento en la capital estadounidense, sede del gobierno federal, y en los estados vecinos de Maryland y Virginia, el médico oficial de la Cámara de Representantes recomendó no tomar ese riesgo.

“Esperamos volver pronto”, dijo Steny Hoyer, líder de la mayoría demócrata de la Cámara baja, al dar marcha atrás a la decisión anterior anunciada a su caucus, hace 24 horas, de que volverían a sesionar la semana próxima.

Bajo las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los gobiernos locales deben mantener vigentes las ordenes ejecutivas de cierre de empresas no esenciales, escuelas e iglesias, hasta que se refleje una baja de 14 días consecutivos en los nuevos casos de coronavirus, incluidas las hospitalizaciones.

Las guías de los CDC también proponen asegurar, antes de cualquier reapertura, que el sistema hospitalario cuenta con capacidad para manejar un nuevo brote del COVID-19, y que hay pruebas de detección suficientes para los trabajadores que son vulnerables a la infección, como los empleados del área de la salud.

Antes del anuncio de Hoyer, miembros del caucus demócrata cuestionaron en una conferencia telefónica el lunes la sabiduría de volver a sesionar en estos momentos, ante el aumento de casos del COVID-19 en la capital estadounidense.

El congresista Hoyer confió en que un nuevo proyecto de estímulo económico sea aprobado “muy pronto”, aunque algunas fuentes legislativas apuntan más a una decisión para finales de mayo o quizá en junio.

La comisionada González sostuvo que “no hay acuerdo ninguno” a la vista y que es claro que nada pasará la semana próxima.

El Congreso ha limitado sus sesiones del último mes a aprobar dos medidas de estímulo económico, que en total asignan unos $2.7 billones (trillions en inglés). La más reciente fue convertida en ley el viernes por el presidente Trump.

Según la comisionada González, los proyectos de asistencia federal como respuesta a la emergencia del coronavirus pueden representarle a la isla entre $8,000 y $10,000 millones, incluidos los $2,200 millones para estabilizar las finanzas, el cheque federal a individuos, los fondos de desempleo, los préstamos a pequeñas empresas y la ayuda para hospitales.

El cheque federal, que debe garantizar a una abrumadora mayoría de los residentes de la Isla $1,200, aún no ha sido distribuido en Puerto Rico, ante la falta de un acuerdo entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Hacienda.

Mientras, el Departamento del Trabajo de Puerto Rico apenas puso en marcha el proceso para solicitar el pago federal por desempleo de $600 semanales, el cual se ha enfrentado a complicaciones en sus primeros días de funcionamiento.


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