Washington - A seis meses de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha conseguido casi todo lo que ha querido del Tribunal Supremo, que remodeló durante su primer mandato.

Los jueces, tres de los cuales fueron nombrados por Trump, han allanado el camino para despojar de protecciones legales a más de 1 millón de inmigrantes, despedir a miles de empleados federales, expulsar a miembros transgénero de las fuerzas armadas, destituir a los jefes de agencias gubernamentales independientes y más.

Las victorias legales son notables por sí solas, pero la forma en que el presidente las está logrando es notable. Los abogados de la administración están aprovechando las apelaciones de emergencia, que se utilizaban con moderación en las presidencias anteriores, para acelerar los casos a la Corte Suprema, donde las decisiones a menudo se dictan sin explicación.

El uso que hace Trump del expediente de emergencia refleja su enfoque agresivo de gobierno en su segundo mandato, con menos voces de cautela dentro de su administración y del Partido Republicano. Regularmente busca cualquier posible influencia para avanzar en su agenda, independientemente de las prácticas o tradiciones pasadas.

El resultado es una serie de luces verdes del tribunal más alto del país sin ninguna claridad sobre cómo se debe interpretar la ley en el futuro. El último ejemplo se produjo el lunes, cuando el tribunal permitió que la administración de Trump siguiera adelante con una promesa clave de campaña para desmantelar el Departamento de Educación y despedir a casi 1,400 trabajadores.

Los seis jueces conservadores no dieron una razón para su voto, pero la jueza Sonia Sotomayor emitió un voto en contra en nombre de los tres liberales del tribunal.

“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego ejecuta esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor.

En un caso anterior que permitía que los migrantes fueran enviados a países que no eran el suyo con poca o ninguna posibilidad de objetar, Sotomayor se quejó de que “la administración tiene a la Corte Suprema en marcación rápida”.

David Warrington, el principal abogado de la Casa Blanca y exabogado personal de Trump, dijo que el equipo del presidente trabaja “las 24 horas del día para avanzar en su agenda”.

Altos funcionarios de la administración que declinaron ser identificados mientras discutían la estrategia legal dijeron que la Casa Blanca está confiando en el expediente de emergencia porque los oponentes políticos han sido muy agresivos en la búsqueda de órdenes de restricción temporales de jueces de menor rango para detener las propuestas.

Skye Perryman, quien dirige la organización sin fines de lucro Democracy Forward que ha demandado repetidamente a la administración, dijo que las apelaciones de emergencia se han buscado “prematura e inapropiadamente”.

“Existe la preocupación de que esta Corte Suprema no esté controlando la toma de poder de esta administración de la manera en que el pueblo estadounidense espera que lo haga y que la constitución lo exija”, dijo.

El presidente recurre repetidamente a los jueces en busca de ayuda. Casi desde que Trump asumió el cargo, el expediente de emergencia del tribunal se ha llenado de apelaciones de su administración. Durante un tiempo, se les pidió a los jueces que intervinieran casi una vez a la semana mientras Trump presionaba para levantar las órdenes de los tribunales inferiores que frenaban su ambiciosa agenda conservadora.

Las decisiones sobre el expediente en la sombra o de emergencia del tribunal se han producido en algunas de las más de 300 demandas que han impugnado partes de la agenda del segundo mandato de Trump.

Los funcionarios de la administración han criticado duramente a los jueces de los tribunales inferiores que consideran que se interponen en el camino de Trump. El principal asesor político Stephen Miller ha hablado de “tiranía judicial”. El propio Trump pidió la destitución del juez de distrito de Estados Unidos James Boasberg, lo que provocó una rara reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Boasberg ha descubierto que los miembros de la administración pueden ser responsables de desacato después de ignorar su orden de dar la vuelta a los aviones que deportaban personas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La administración inicialmente se resistió a las órdenes judiciales de “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego Garcia, quien fue deportado erróneamente a El Salvador.

Sin embargo, la Corte Suprema no ha parecido especialmente escéptica de las acciones de la administración, han dicho los críticos.

“Los jueces de distrito han reconocido que esto no es normal. Lo que la administración está tratando de hacer no es normal y debe detenerse”, dijo la profesora de derecho de la Universidad de Stanford Pamela Karlan en el podcast “Original Jurisdiction”. “La Corte Suprema está actuando como si necesitara mantener la pólvora seca y para qué, no está claro”, agregó.

Aún no hay decisiones finales. El tribunal superior no ha emitido decisiones finales en ninguno de los casos, que continúan en los tribunales inferiores. Es posible, si no probable, que el tribunal eventualmente escuche las apelaciones en algunos de estos casos y emita fallos finales.

Pero para entonces, incluso si el tribunal encuentra una política ilegal, puede ser demasiado tarde, dijo Alicia Bannon, directora del Programa Judicial del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

“En muchos de estos casos, no se puede deshacer lo hecho”, dijo Bannon. Señalando la orden del Departamento de Educación, dijo: “Una vez que esos despidos han avanzado, una vez que ese departamento ha sido efectivamente destruido, no se puede simplemente presionar un botón y devolvernos al status quo”.

Los jueces liberales también han señalado lo que ven como el daño que sus colegas están causando a los jueces de los tribunales inferiores.

“Tal vez la degradación de nuestro régimen de estado de derecho sucedería de todos modos. Pero la complicidad de este Tribunal en la creación de una cultura de desdén por los tribunales inferiores, sus fallos y la ley (tal como la interpretan) seguramente acelerará la caída de nuestras instituciones de gobierno, permitiendo nuestra desaparición colectiva”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson el mes pasado en su disidencia de una decisión que limita la autoridad de los jueces para emitir mandatos nacionales o universales.

La decisión de reducir los mandatos judiciales a nivel nacional se produjo en la apelación de emergencia de la administración de las órdenes que bloqueaban el esfuerzo de Trump de negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos ilegal o temporalmente. Pero la opinión mayoritaria de la jueza Amy Coney Barrett no dijo nada sobre si la política de ciudadanía por derecho de nacimiento viola la Constitución.

El tema podría regresar pronto al tribunal superior; los jueces están evaluando si sus órdenes anteriores deben modificarse para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.