Washington — El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) recuperó al menos 20 cajas con documentos oficiales de la Casa Blanca como parte de la orden de registro y allanamiento que ejecutaron el lunes en la residencia del expresidente Donald Trump, Mar-a-lago, Florida.

El magistrado federal Bruce Reinhart, el mismo juez que firmó la orden de allanamiento, autorizó la publicación de dicha orden y de los acuses de recibos a petición del Departamento de Justicia luego de que el secretario Merrick Garland declaró que existía “un interés público sustancial en este asunto” y Trump respaldó la publicación “inmediata” de la orden.

El acuse de recibo incluído en la orden de registro y allanamiento reveló que entre las cajas recuperadas por los agentes encontraron al menos 11 colecciones de documentos, algunos con la clasificación de “Secreto Mayor/SCI” (Top Secret, en inglés), una de las clasificaciones más altas en el gobierno federal en cuanto a información confidencial.

El recibo sostiene que los documentos ocupados incluyen algunos clasificados como “Secreto Mayor” o Top Secret, aunque el recibo no menciona detalles específicos sobre los papeles o su contenido. Ocuparon, además, carpetas con fotos y al menos un documento escrito a mano.

De acuerdo con el recibo, los agentes ocuparon una colección de documentos con la clasificación de Secreto Mayor/Información Sensitiva Compartimentada (SCI, en inglés); cuatro colecciones de documentos clasificados Top Secret; tres colecciones de documentos Secret y otros tres grupos de documentos clasificados como confidenciales.

Entre los documentos recuperados se encuentran papeles sobre el indulto que Trump le otorgó a su aliado Roger Stone, quien fue encontrado culpable en el 2019 de mentirle al Congreso durante la investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016.

Encontraron, además, un documento con información del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La orden judicial de allanamiento detalla que los agentes federales investigaban posibles violaciones a tres leyes federales, incluyendo una que gobierna la compilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la Ley de Espionaje. Las otras dos lidian con el ocultamiento, mutilación o el retiro de documentos, y la destrucción o falsificación de expedientes de investigaciones federales.

La abogada de Trump, Christina Bobb, que estaba presente en Mar-a-Lago durante el allanamiento, firmó los dos acuses de recibo, uno de dos páginas y otro de una sola.

Trump indicó, mediante declaraciones escritas, que los documentos ocupados por el FBI habían sido desclasificados (o que se les removió su estatus de Top Secret) y que los hubiese devuelto si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se los hubiese solicitado. El secretario de Justicia federal, Merrick Garland, resaltó ayer, jueves, que le solicitó a un juez hacer público la orden de registro y allanamiento.

Aunque los presidentes en funciones tienen la autoridad para desclasificar información, esa autoridad expira cuando dejan el cargo, y no estaba claro si los documentos en cuestión fueron desclasificados. E incluso los poderes para desclasificar pueden ser limitados en lo que respecta a secretos relacionados con los programas de armas nucleares, las operaciones encubiertas, y algunos datos compartidos con los aliados.

Trump mantuvo además posesión de los documentos pese a numerosos pedidos de agencias federales, incluyendo los Archivos Nacionales, para que entregase los registros presidenciales de acuerdo con la ley federal.

En mensajes publicados en su red social Truth Social, Trump escribió que “no sólo no me opondré a la publicación de los documentos... Voy un paso más allá al alentar la publicación inmediata de esos documentos”.

La solicitud del Departamento de Justicia era notable porque esos documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación en curso, pero la dependencia aparentemente reconoció que su silencio desde el allanamiento había creado una oportunidad para que el expresidente y sus aliados lanzaran ataques verbales, y sentía que el público tiene derecho a una explicación del FBI sobre la causa de la operación del lunes en la casa del expresidente.